Retos en materia de conectividad y transformación digital para el próximo gobierno en Colombia
El sector TIC se ha consolidado como un sector transversal y soporte para el desarrollo social y económico de nuestros países, ha desempeñado un rol fundamental para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los ciudadanos en medio de la compleja situación ocasionada por la pandemia de Covid-19 (durante la cual el uso de medios digitales y electrónicos tomó aún mayor relevancia en medio de situaciones de confinamiento ordenadas por los gobiernos) y, mejor aún, jugará un papel más relevante en la etapa post-pandemia Covid-19.
Durante los cuatro años de gestión del actual gobierno en Colombia, y partiendo de los avances que se venían desarrollando por los anteriores gobiernos para promover las TIC, se lograron avances en términos de (i) la consolidación de un marco legal moderno para el sector TIC, bajo un enfoque integral, convergente y que busca incentivar la cooperación público-privada para el desarrollo de las inversiones necesarias para el cierre de la brecha digital, y en virtud del cual se estableció a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) como un organismo regulador técnico y de mercado de carácter independiente
(ii) La ampliación de la cobertura de las redes y servicios de los operadores de telecomunicaciones (en particular de servicios de voz y datos móviles) en áreas geográficas rurales y previamente no atendidas, destacándose la realización de la subasta de espectro en la banda de 700 MHz y otras bandas relevantes en diciembre de 2019-
Y (iii) el impulso a la transformación digital del Estado y de los procesos productivos de diferentes sectores económicos como resultado del liderazgo ejercido desde la Alta Consejería Presidencial para asuntos económicos y la transformación digital bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Presidencia, en articulación con el Ministerio TIC.
No obstante, como sucede en todo cambio de gobierno, aún persisten retos importantes para seguir profundizando la ampliación de la cobertura de las redes y servicios y cerrar la brecha digital.
Según las más recientes estadísticas publicadas por el Ministerio TIC, cerca de 21 por ciento del total de los accesos móviles (cerca de 7.5 millones de usuarios) se efectúan a través de tecnologías 2G y 3G (que cuentan con menor desempeño de velocidades de transmisión y latencia al compararse con 4G y 5G), además de presentarse brechas significativas en el acceso a la conectividad a nivel urbano y rural (por ejemplo, en Bogotá la penetración de banda ancha fija es cercana al 30% mientras que en departamentos como Amazonas, Chocó, Guaviare o San Andrés es inferior al 5%, y en cuanto a las velocidades de descarga el promedio en Bogotá es de 85 Mbps y en los departamentos de baja penetración a Internet es menor a 5 Mbps), como a nivel socio-económico con necesidades de mejora en los niveles de asequibilidad por parte de la población de menores recursos económicos.
Igualmente, persisten aún desafíos significativos para fomentar en mayor medida la eliminación de las barreras al despliegue de las redes e infraestructuras de telecomunicaciones, el uso y la apropiación de las herramientas tecnológicas por parte de los ciudadanos y el talento digital requerido, así como la incorporación a mayor escala de las herramientas tecnológicas para la transformación digital del Estado, con énfasis principal en los diferentes territorios del país.
La inquietud es cómo lograrlo si ya se cuenta con un marco legal TIC sólido que sienta las bases necesarias para ello.
A través de la implementación de acciones y estrategias concretas que incentiven las inversiones necesarias para la ampliación de la cobertura y la modernización tecnológica de las redes y servicios y para el desarrollo de proyectos e iniciativas que profundicen la transformación digital de la Administración Pública Nacional y Territorial, así como el despliegue de estrategias encaminadas a fortalecer el talento digital y el uso y apropiación de las TIC.
En materia específica de incentivos a la inversión, y partiendo de las reglas y principios ya definidos en la Ley TIC, es esencial que desde la política pública y la regulación se puedan generar enfoques de simplificación normativa, de reducción de cargas económicas y operativas a los agentes del mercado y la puesta en marcha de políticas públicas y regulaciones modernas de carácter diferencial en función de las necesidades específicas en las diferentes áreas geográficas y sectores productivos.
Lo anterior, de manera concreta, (i) generando incentivos y profundizando los mecanismos de cooperación público-privada (como las Alianzas Público-Privadas y la ejecución de proyectos de obligaciones de hacer y obras por impuestos para el aumento de la cobertura de la conectividad en zonas rurales y de menores ingresos económicos), (ii) ejecutando estrategias articuladas de política pública y de regulación basadas en incentivos para acelerar la transición tecnológica hacia 4G, (iii) diseñando la próxima subasta del espectro para la adopción de 5G bajo condiciones razonables y que estimulen las inversiones requeridas para su despliegue, (iv) implementando metodologías eficientes e innovadoras para la gestión del uso eficiente del espectro (como la promoción de los mercados secundarios de espectro y el diseño de metodologías de maximización del bienestar social y no de recaudo fiscal para la valoración de las bandas de frecuencias radioeléctricas a ser subastadas o que sean objeto de renovación), (v) promoviendo estrategias complementarias y bajo un rol activo de las autoridades del sector que aseguren la eliminación de las barreras al despliegue de la infraestructura en los entes territoriales, y (vi) generando esquemas y programas específicos que incentiven el diseño de planes de acceso a la conectividad con enfoque social y que permitan promover mayores niveles de asequibilidad a la misma por parte de la población ubicada en zonas rurales y de aquella con menores ingresos económicos.
En adición a lo anterior, se evidencia la oportunidad para que desde la política pública del Ministerio TIC y la regulación de la CRC, se implementen esquemas de simplificación normativa y de reducción de las cargas económicas y operativas que actualmente asumen los operadores de telecomunicaciones, bajo la determinación de reglas diferenciadas para zonas urbanas y rurales o para zonas de mayor desarrollo económico y social y aquellas con menores condiciones, esto último con el propósito de reconocer las realidades específicas y diferentes de cada una de estas áreas geográficas y permitiendo de esa manera fomentar mayores inversiones en estas últimas.
Finalmente, con el propósito de promover las inversiones necesarias para la transformación digital de la Administración Pública Nacional y Territorial y el despliegue de estrategias encaminadas a fortalecer el talento digital y el uso y apropiación de las TIC por parte de la población, es necesario asegurar la disponibilidad y ejecución de los recursos presupuestales mínimos necesarios a cargo de las entidades nacionales para el diseño y ejecución de proyectos de digitalización en sus respectivos sectores económicos, así como generar incentivos con esa misma finalidad para estimular las inversiones empresariales para la digitalización de los productos y servicios en los diferentes sectores productivos.