Reformas legales para el sector TIC en Colombia, ¿oportunidad, necesidad?

Hemos tenido la posibilidad de participar recientemente tanto en el evento “Repensando las TIC: propuestas para la reactivación del sector en Colombia”, llevado a cabo el 31 de mayo en la Universidad Externado de Colombia, como en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital -CLTD-, en asociación con el GSMA Latam 360, efectuado el 5 y 6 de junio en la Ciudad de México. Este último cada vez se posiciona más como el principal evento regional para el análisis y la discusión de las temáticas más relevantes para el presente y el futuro del ecosistema digital en América Latina. 

Estos eventos nos han mostrado los enormes desafíos que enfrentan hoy tanto los agentes tradicionales de los mercados de redes y servicios de telecomunicaciones y audiovisuales en un entorno digital cada vez más dinámico, como los hacedores de política pública y los reguladores que deben procurar por encontrar un adecuado equilibrio entre el fomento a la innovación digital y, a la vez, la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de la industria tradicional, así como la importancia de profundizar el uso de herramientas de mejora regulatoria en el diseño y puesta en marcha de las decisiones a su cargo. 

Es así como la evolución y la convergencia tecnológica y el surgimiento y consolidación de los nuevos modelos de negocio basados en Internet, demandan respuestas específicas de los marcos legales y regulatorios y de las políticas públicas gubernamentales, con un enfoque de incentivos y de simplificación que permita que todos los actores del ecosistema digital puedan ofrecer sus productos y servicios bajo un adecuado entorno competitivo y de fomento a la inversión.

En el caso específico de Colombia, debe resaltarse que se han generado en los últimos 15 años dos reformas estructurales de orden legal y, sin lugar a dudas, a pesar de ser uno de los marcos legales más modernos de la región, ya se identifica la necesidad o la oportunidad (según como se quiera ver) de avanzar en el diseño de una nueva reforma sustancial que complemente el enfoque de modernización legal en el país.

En 2009, tanto el gobierno, las empresas y agremiaciones del sector y el Congreso entendieron la necesidad de crear un marco legal orientado hacia las TIC (Ley 1341 de 2009) como sector transversal y soporte de la economía, que iba más allá del alcance de un sector de telecomunicaciones, y que además fuera independiente y autónomo de la ley que hasta ese momento regía la prestación de los diversos servicios públicos (como energía, agua y aseo) y que ya no se caracterizaban por la realidad tecnológica y de mercado que sí se venía presentando en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. 

Diez años después, esto es en 2019, igualmente tanto el gobierno, las empresas y agremiaciones del sector y el Congreso identificaron la necesidad de generar algunas modificaciones orientadas a la modernización de la Ley TIC de 2009, a través de la Ley 1978 de 2019, con el propósito de avanzar en una visión legal integral de los sectores de telecomunicaciones y audiovisual, además de modificar el organismo regulador de telecomunicaciones (CRC) para convertirlo en un regulador independiente y de incentivar la inversión hacia la masificación de la conectividad a Internet mediante la asignación y renovación del espectro radioeléctrico como herramienta de política pública hacia el cierre de la brecha digital (ampliación de la vigencia de los permisos y modificación del criterio de renta fiscal por el de maximización del bienestar social).

También debe destacarse que por iniciativa legislativa, a través de la Ley 2108 de 2021, el servicio de acceso a Internet fue declarado como servicio público de naturaleza esencial.  

Hoy en día, con un sector tradicional del sector de telecomunicaciones que atraviesa una coyuntura financiera muy compleja y con la necesidad de generar reglas y condiciones normativas, de política pública y regulatorias que incentiven la sostenibilidad financiera de las redes e infraestructura de telecomunicaciones y que a su vez promuevan la masificación de redes y servicios de telecomunicaciones en áreas geográficas rurales, de difícil acceso y para la población vulnerable, es evidente la necesidad de promover un consenso entre los diferentes actores relevantes (gobierno, empresas y agremiaciones del sector y Congreso) de poder avanzar en una tercera reforma estructural del marco legal del sector TIC, encaminado a varios ejes estratégicos: 

  • Repensar las fuentes de financiación del Fondo Único TIC (FUTIC), en la medida en que actualmente más de 40 por ciento de sus ingresos son resultado del recaudo financiero de los pagos que realizan los operadores por concepto de la asignación y renovación de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, lo cual claramente es insostenible. Así como procurar que las necesidades de conectividad de los otros sectores económicos (como educación, salud y justicia, entre otros) sean cubiertas con recursos de los fondos o presupuestos que se administran y ejecutan en esos otros sectores y, además, que se evalúe la posibilidad de ampliar la base de agentes del ecosistema digital que deban contribuir al sostenimiento del desarrollo de los proyectos de telecomunicaciones sociales que diseña y ejecuta el FUTIC.
  • Revisar y definir un nuevo marco legal y regulatorio diferencial para incentivar y promover el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones en áreas geográficas rurales, de difícil acceso y para la población vulnerable, que tenga un alcance estructuralmente diferente al marco aplicable en zonas urbanas o áreas ya atendidas con conectividad. 
  • Determinar un marco de acción para que el Ministerio TIC y las demás autoridades sectoriales competentes puedan trabajar articuladamente en el diseño y la oferta permanente de proyectos de obligaciones de hacer, de asociaciones público-privadas y de obras por impuestos, entre otros, como mecanismos de coinversión público-privada, para la ejecución de proyectos de masificación de redes y servicios de telecomunicaciones. 
  • A su vez, con el propósito de avanzar en el uso y aprovechamiento eficiente e innovador del espectro radioeléctrico, como herramienta de política pública hacia el cierre de la brecha digital, se identifica la necesidad de promover con un mayor alcance y utilización los mecanismos secundarios del espectro radioeléctrico a través de la posibilidad de comercialización a cualquier título (por ejemplo, el arrendamiento de frecuencias) de los permisos de uso del espectro radioeléctrico siguiendo mejores prácticas y experiencias internacionales, sin limitarse a las herramientas que actualmente son permitidas a nivel legal (en esencia, la cesión de los permisos y la compartición del espectro). 
  • Por último, en cuanto al alcance de las funciones del regulador de telecomunicaciones (CRC), con la finalidad de que pueda contar con una visión integral de las dinámicas competitivas en los diferentes mercados de redes y servicios de telecomunicaciones y audiovisuales, resulta esencial la ampliación de sus funciones para el seguimiento de los diferentes mercados sujetos a su regulación frente a todos los agentes que ofrecen productos y servicios en los mismos, no con un enfoque intervencionista o de freno a la innovación en un entorno digital sino con un enfoque de simplificación de las cargas regulatorias que se aplican a los prestadores de servicios tradicionales de telecomunicaciones y audiovisuales. 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies