Oportunidades y desafíos para la industria, reguladores y hacedores de política pública TIC
La pandemia ocasionada por la enfermedad Covid-19 ha demostrado que los servicios de telecomunicaciones son esenciales, que definitivamente son un soporte fundamental para el desarrollo social y económico de los países y que, además, son el instrumento idóneo para garantizar que los ciudadanos estén comunicados e informados, generando a la vez enormes oportunidades y desafíos para la industria de telecomunicaciones, los reguladores y los encargados de dictar las políticas públicas sectoriales.
En efecto, el nuevo entorno ha obligado a la industria a reinventarse de manera acelerada, a diversificar su portafolio de productos y servicios hacia el terreno de lo digital y, en general, a dar saltos importantes e inmediatos para profundizar el enfoque digital de sus ofertas y así poder atender una demanda digital cada vez más creciente y cambiante.
En esa misma línea, el rol de los reguladores y de los hacedores de política pública sectorial también deben generar respuestas adecuadas y oportunas a las nuevas dinámicas de negocio y de provisión de servicios mediante mecanismos electrónicos por parte de los agentes de la industria en este entorno de pandemia por Covid-19 y, en especial, de lo que será el contexto de la post pandemia.
¿Cuál debería ser ese rol? Nada diferente al de profundizar y acelerar las reformas encaminadas a la simplificación y flexibilización regulatoria, para facilitar el nuevo entorno de modelos de negocio de la industria y manteniendo criterios mínimos de protección de los usuarios que cada vez más demandan servicios digitales y de calidad.
Para ello, mecanismos como el desarrollo de sandbox regulatorios para promover la innovación y desarrollo de nuevas ideas y modelos, o de la suspensión o inclusive la eliminación de obligaciones regulatorias asociadas al sinnúmero de reportes de información que los agentes de la industria deben suministrar a los reguladores o de aquellas cargas relacionadas con la atención en oficinas físicas a los usuarios y, en su lugar, migrar hacia mecanismos de información y de atención a usuarios mediante el máximo aprovechamiento de las herramientas electrónicas, se convierten no sólo en una oportunidad sino en una necesidad.
En esta línea, se destacan diversas acciones que ha venido adelantando el ente regulador del sector TIC en Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), y que pudiesen ser replicadas en otros países de la región, al anunciar la implementación del primer mecanismo de sandbox regulatorio para incentivar proyectos de innovación en la prestación de servicios de telecomunicaciones y, además, al adoptar la suspensión temporal de un gran conjunto de obligaciones y cargas a los agentes del mercado para facilitar su operación en este entorno de pandemia, medidas que idealmente deberían ser implementadas en forma permanente como resultado del rediseño de la nueva agenda de prioridades regulatorias para la post pandemia y que seguramente todos los reguladores de la región deberán emprender.
A su vez, la declaratoria de esenciales de los servicios de telecomunicaciones también conlleva la necesidad de repensar el rol de los reguladores para promover, con mayor profundización y oportunidad, el proceso de despliegue de la infraestructura requerida para prestar estos servicios, a nivel de las entidades territoriales o municipalidades, y así tener un rol más activo y directo en los trámites y decisiones de aprobación de las solicitudes que se presenten y generando, de esta manera, espacios de mayor articulación y socialización con las autoridades locales.
En un entorno a futuro de 5G, se hace aún más relevante dicho rol, en la medida en que se necesitará la instalación de muchas más antenas y aparatos receptores para aumentar la capacidad de los dispositivos conectados y su velocidad.
Este entorno igualmente demanda de los reguladores y hacedores de política pública que tienen a su cargo la administración de los fondos de servicio universal, no solo la necesidad de focalizar con mayor precisión el desarrollo de proyectos de conectividad social para el cierre de la brecha digital sino también repensar los modelos de los proyectos que sean implementados, bajo mecanismos de cooperación público-privada, en los cuales necesariamente se involucren esquemas de subsidios para que los ciudadanos, especialmente aquellos de menores ingresos o los que están ubicados en zonas rurales, puedan acceder a los planes y servicios que les sean prestados en el marco de esos proyectos. Lo anterior en razón de que las consecuencias negativas en la economía de los países y de los ciudadanos que ha generado esta pandemia exigen necesariamente que los nuevos proyectos de conectividad social incluyan ese tipo de subvenciones a la demanda.
Por último, y no por ello menos importante, se hace cada vez más urgente que se reformulen los modelos de planificación y gestión del espectro radioeléctrico para garantizar la disponibilidad de la mayor cantidad posible en el mercado, bajo criterios de asignación que prioricen el cierre de la brecha digital y no desde una perspectiva de renta fiscal, con una agenda claramente definida hacia 5G que sea construida en forma articulada con todos los agentes involucrados en la cadena de valor (entre otros, los proveedores de tecnología y los operadores de telecomunicaciones).