miércoles, junio 22, 2022
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Retos de la ¿nueva? Red Compartida

Proceso Jorge Bravo

La nueva Red Compartida surgida de su rescate y toma de control por parte del gobierno de la Cuarta Transformación requerirá no sólo una reestructuración financiera, también regulatoria y política.

¿Qué es la Red Compartida? El proyecto fue ideado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón; se licitó, implementó, comenzó su despliegue y operación con Peña Nieto a través de la empresa Altán Redes; quebró y fue rescatado por López Obrador.

Es una red mayorista de telecomunicaciones que debería cubrir 92.2% de la población para 2024, incluida 15% de cobertura en poblaciones de menos de 10 mil habitantes y todos los Pueblos Mágicos, pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó una prórroga hasta 2028.

La Red Compartida utiliza en exclusiva la totalidad de la banda de 700 MHz, espectro idóneo para proveer servicios de telefonía y banda ancha móvil con una amplia cobertura poblacional. También cuenta con un par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

Tal y como fue concebido en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, el proyecto de Altán Redes fracasó. La interrogante es si después del rescate financiero podrá surgir una nueva Red Compartida capaz de cumplir sus objetivos sociales de conectividad y además ser un modelo de negocio realmente autofinanciable. 

¿Cómo se rescató? El presidente López Obrador declaró que Altán Redes (operador de la Red Compartida) “estaba en una situación financiera delicada (…), tomamos la decisión de aportar un recurso, y esa empresa que va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos, ya es de la nación. El Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la administración de la empresa”.

Altán Redes logró un préstamo por 388.1 millones de dólares bajo el esquema de “deudor en posesión”. Significa que aún posee bienes sobre los cuales los acreedores tienen derechos, pero Altán puede seguir haciendo negocios con dichos activos mediante una aprobación judicial.

Para el rescate, la banca mexicana de desarrollo aportó otros 161 millones de dólares (41% de los recursos); el 59% restante proviene de proveedores (166.6 millones de dólares), accionistas (50.5 millones de dólares) y clientes (10 millones de dólares).

¿Dinero bueno al malo? La nueva inversión del gobierno mexicano se suma a los 13 mil millones de pesos que ya había aportado Banobras, Nafin y Bancomex al inicio del proyecto, equivalente a 29.2% de la inversión inicial.

Con la nueva capitalización, el gobierno queda como principal accionista de Altán Redes, permitiéndole no sólo tomar el control y administrar la empresa sino adecuar el modelo de negocio, de operación y reestructurar el contrato de asociación público-privada con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), responsable de vigilar el cumplimiento de los objetivos de la Red Compartida.

Será dinero bueno al malo en tanto el gobierno de la 4T no modifique las condiciones del modelo de negocio y regulatorias que hicieron naufragar la Red Compartida, y que fueron advertidas desde la concepción misma del proyecto.

¿Por qué fracasó y quebró? Porque la Red Compartida debe desplegar una red de banda ancha en las regiones del país donde no existe ni infraestructura ni servicios de telecomunicaciones, incluidas comunidades dispersas con menos de 10 mil habitantes, algunas de las cuales coinciden no sólo con ser las más alejadas sino también las más vulnerables y con menor poder adquisitivo, por lo que no es rentable desplegar, instalar ni operar la red.

Porque el diagnóstico inicial de los ideólogos de la Red Compartida sobredimensionó el mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs), clientes potenciales de la Red Compartida, pequeños proveedores de telefonía y banda ancha móvil que no tienen infraestructura propia por el costo que representa, pero contratan capacidad de Altán para proveer servicios a clientes finales a precios competitivos.

Según el “Análisis sobre el Mercado de Operadores Móviles Virtuales” del IFT, al cierre de 2020 operaban 56 OMVs en México. Se estima que al cierre de 2021, los OMVs atendieron a 3.56 millones de líneas. Llama la atención que Altán declare que tiene 6 millones de usuarios finales en su red, cuando ni siquiera la totalidad de los Operadores Móviles Virtuales llega a esa cifra.

Finalmente, porque el contrato con el Promtel es muy restrictivo. Altán sólo puede explotar la banda de 700 MHz para proveer servicios mayoristas por mandato constitucional, pero no puede subarrendar ese mismo espectro a otros operadores. Además, en caso de adquirir otras frecuencias, sólo pueden ser utilizadas para prestar servicios mayoristas y no directamente al consumidor final.

Altán Redes también debe pagar los derechos por el uso del espectro radioeléctrico establecidos en el artículo 244-A de la Ley Federal de Derechos que, como se sabe, México tiene elevados costos del espectro. Adicionalmente, Altán Redes debe compartir 1% de sus ingresos con el Promtel.           

¿Todavía es viable? En manos del gobierno federal, la nueva Red Compartida adquiere una dimensión renovada porque se ajusta al proyecto prioritario de Internet para Todos y a los objetivos de conectividad social de la empresa pública de telecomunicaciones de la CFE.

Al tiempo que se realizó la reestructuración financiera, se requiere un replanteamiento y flexibilización del contrato de asociación público-privada con el Promtel. A diferencia de la primera e inviable Red Compartida, la nueva bajo control del gobierno tiene la capacidad de negociar con posición de fuerza y políticamente con las instituciones responsables de regular la Red Compartida: el Promtel, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y con el IFT.

¿Cuáles son los nuevos riesgos? Debe prevalecer la neutralidad competitiva, en el sentido de que el gobierno no favorezca a la Red Compartida, pero se avizora utópico porque la 4T querrá sacar ventaja de su mayoría en la administración de Altán Redes. Asimismo, la Constitución señala que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tendrá influencia en la operación de la red, pero ahora es el gobierno federal el que ostenta la mayor influencia en la operación de la red. Con la 4T y Morena empoderados y ganando elecciones, por primera vez la Red Compartida mira a lontananza.

Jorge Bravo
Jorge Bravohttps://digipolis.wordpress.com/
Jorge Bravo es Director General en Digital Policy & Law. Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

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