Reforma Ailyn Ríos
La llegada del Gobierno federal a la administración de Altán Redes podría resultar en una violación al T-MEC, aseguró Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
“Si al Presidente se le ocurre que el Gobierno federal y los gobiernos (estatales) donde tenga influencia contraten los servicios de Altán y dejen fuera a la competencia vamos a violar el T-MEC y todos los tratados de protección a la inversión.
“Lo que vamos a tener es un problema de telecomunicaciones que no teníamos”, afirmó Soria en el marco del encuentro Conecta México.
Esto podría derivar en muchos arbitrajes internacionales, como pasa en el sector energético.
Rebeca Escobar, titular del Centro de Estudios del IFT, recordó que la actividad del Estado como proveedor de telecomunicaciones debe limitarse a donde no hay presencia de otros operadores.
Habrá que vigilar la situación de competencia, señaló Escobar.
El Gobierno federal, a través de la banca pública, aportó 41 por ciento de los 388.1 millones de dólares que se usarán para rescatar Altán Redes.
Como parte del acuerdo financiero, Morgan Stanley, China-Mexico Fund y Controladora Veta Grande, socios accionistas de Altán Redes, dieron casi 100 por ciento de sus acciones, con todo y el control sobre la empresa, a la banca pública.
Con esto, el Gobierno se vuelve el controlador de la Asociación Público Privada en tanto se liquide el préstamo, que tiene un periodo de pago de hasta 35 años, aseguró una fuente cercana al proceso.
“El acuerdo establece que cuando se liquide el préstamo se devuelven las acciones a los dueños originales, pero éstos sólo recibirán dos terceras partes, más o menos, de las mismas.
“Así, el Gobierno mantendrá participación minoritaria dentro de Altán, pero definitivamente no se trata de una compra”, agregó la fuente que pidió el anonimato.
En los últimos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido que gracias a la inyección de capital que realizó la banca pública para el rescate de Altán Redes, ahora su Administración es la dueña de la Asociación Público Privada a cargo del programa Internet para Todos.
Algunos especialistas consideran que podría tratarse de un modelo similar al Fobaproa.
Para José Alberto López, representante legal de empresas a las que Altán adeuda pagos, el éxito de la inyección de capital que recibe la empresa ya no depende de privados, sino de la habilidad y la experiencia que pueda tener el Gobierno en el manejo y administración de una compañía de telecomunicaciones.
