La preocupación por entregar datos biométricos y personales para mantener activas sus líneas telefónicas llevó a un ciudadano de Aguascalientes a convertirse en uno de los primeros usuarios en acudir a los tribunales contra el registro obligatorio de telefonía móvil. Su caso abre un nuevo frente legal para una medida que, a menos de un mes de entrar en vigor, enfrenta cuestionamientos por privacidad, seguridad de la información y alcance regulatorio.
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