Aunque múltiples países reconocen la necesidad por establecer un esquema de impuestos que permita una recaudación efectiva en el mundo digital, empresas y expertos consideraron que los retos se encuentran en que sea con equilibrio para que no afecte la innovación y los beneficios que las plataformas digitales ofrecen a los usuarios; y que se logre un sistema que no incremente la complejidad en los procesos de recaudación y pago de impuestos.
La OCDE y el G20 han impulsado una solución basada en dos pilares que permita atender los retos en la aplicación de impuestos en los procesos de globalización y digitalización. Aunque 135 países han mostrado su apoyo a esta solución, también hay países en desarrollo que han advertido que no cuentan con las capacidades técnicas o de experiencia para su correcta implementación.
Durante el conversatorio “Mejores reglas para la economía digital”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Armando Lara Yaffar, socio líder de impuestos internacionales de KPMG México, detalló que 33 países en el mundo ya cuentan con una legislación aprobada y en aplicación, otros 24 esperan contar con una legislación concreta, 10 países realizarán consulta pública, seis están esperando a la solución global, mientras que 58 han advertido que no van a hacer nada.
En el caso de América Latina, señaló que se han buscado diversas alternativas para gravar los ingresos de las plataformas digitales, algunas de las cuales no forman parte de la regulación tradicional del impuesto sobre la renta (ISR) o al valor agregado (IVA). Colombia, por ejemplo, ya considera el cobro de impuestos a cualquier empresa que genere ingresos en su territorio, aun cuando no cuenten con presencia física; mientras que México se centró en los impuestos a los usuarios que obtienen ingresos por su uso, a la espera de la implementación de una solución global.
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En el panel “Regulación vs. innovación”, los expertos coincidieron en que los gobiernos suelen carecer de toda la información sobre el funcionamiento de las plataformas digitales, por lo que deciden implementar gravámenes fiscales para obtener esta información. Sin embargo, Lara Yaffar también advirtió que siempre hay un debate constante entre autoridades y empresas sobre cuál es el mejor enfoque, uno simple que implique una tasa directa sobre ingresos, que genere las quejas de las empresas, o un cálculo complejo que considere el principio de justicia y dificulte su recaudación.
Por su parte, Tonatiuh Anzures, director de Relaciones con Gobierno en DiDi México, advirtió que la disrupción tecnológica acompaña las necesidades de la sociedad, como pueden ser en el sector de movilidad y transporte, que facilita el surgimiento de nuevos modelos basados en tecnologías digitales como el teléfono inteligente.
En ese sentido, reconoció que la disrupción implica siempre una tensión entre cómo se innova y cómo se regula. “Esa tensión no es sólo permanente, sino deseable, por el rol del Estado en asegurar que las distorsiones del mercado se mitiguen, en generar un piso parejo para todas las plataformas independientemente de su modelo, y que el Estado sea un garante que la innovación y el cumplimiento de la función social se ejerza”, añadió.
Al respecto, Paul Lara, jefe de información de Dinero en Excélsior, destacó que los impuestos se generan a partir de la falta de entendimiento de los gobiernos, pero que también existe un reconocimiento en que toda empresa debe contribuir a las finanzas del Estado.
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Para Fernando Serrano Antón, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, el debate actual se vio provocado por una presión fiscal derivada de la poca recaudación durante la pandemia, pero también por una presión social para identificar empresas digitales que no pagaban impuestos en Europa.
Compartió la experiencia de Europa, que ha enfrentado múltiples retos para la implementación de impuestos a las compañías digitales. Uno de ellos es que, como muchas de estas compañías provienen de Estados Unidos, los nuevos gravámenes impulsados en Europa han causado tensiones comerciales entre ambos territorios.
Por otro lado, advirtió también que la ley actual en países como España se ha enfrentado a dificultades como determinar qué empresas están dentro del alcance de la regulación y si se trata de un impuesto directo o indirecto que pueda ser impugnado en tribunales.
Los panelistas también debatieron sobre la dificultad para determinar los ingresos gravables de las empresas, que puede influir en cuánto van a recaudar los países que se adhieran a la propuesta de la OCDE. Al respecto, Lara Yaffar consideró que algunos países han comenzado a explorar el uso de los estados financieros, que ya han sido auditados por inversionistas y autoridades financieras, lo que daría mejor certeza respecto a las ganancias de las empresas, y por tanto, facilitaría la recaudación fiscal.