El gobierno del Reino Unido ha iniciado el estudio de nuevas medidas para regular a las grandes compañías de tecnología o Big Tech, para permitir a las pequeñas empresas locales un terreno de juego nivelado y a los consumidores mayores elecciones de productos y servicios. Las nuevas medidas estarían a cargo de la nueva Unidad de Mercados Digitales (DMU, por sus siglas en inglés).
El anuncio del Reino Unido se da después de que la Unión Europea anunciara el pasado marzo la aprobación de la Ley de Mercados Digitales (DMA), con el objetivo de regular a empresas consideradas como gatekeepers, que son aquellas que proporcionan servicios de plataforma como redes sociales, buscadores o de comercio electrónico.
“Queremos nivelar el campo de juego y estamos dotando a este nuevo regulador de tecnología una gama de poderes para generar precios más bajos, mejores opciones y más control para los consumidores mientras respaldamos a los creadores de contenido, innovadores y editores, incluso en nuestra vital industria de noticias”, indica en el comunicado Chris Philp, ministro Digital.
En respuesta a una consulta emitida el año pasado, el gobierno dio a conocer sus planes para otorgar poderes legales a la DMU y nuevas facultades, para asegurar el cumplimiento de las reglas a favor de la competencia y reequilibrar la relación que los gigantes tecnológicos tienen con los consumidores y las empresas, para que estén mejor protegidos de las prácticas desleales.
En un comunicado, el gobierno del Reino Unido acusa que actualmente las grandes corporaciones de tecnología controlan las principales puertas de enlace en línea, que obliga a las empresas más pequeñas a competir en condiciones desiguales, ya sea al enfrentar un trato preferencial a las aplicaciones y servicios de la corporación más grande o el establecimiento de precios predatorios.
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La Autoridad de Competencia y Mercados estima que Google y Facebook obtuvieron ganancias excesivas del Reino Unido de 2.4 mil millones de libras esterlinas tan sólo en 2018, lo que perjudica a los consumidores quienes enfrentan precios inflados, señala.
Entre las propuestas presentadas por el gobierno, se incluyen facilitar el cambio de los consumidores entre ecosistemas, como iOS y Android, o poder llevar sus datos de una red social a otra, como mensajes y otra información personal.
De manera similar a las reglamentación europea, las propuestas británicas incluyen dar más opciones a los usuarios de teléfonos inteligentes sobre motores de búsqueda, plataformas de redes sociales a medida que los nuevos participantes entran en el mercado y más control sobre cómo las empresas utilizan sus datos.
Respecto a la reglamentación para fomentar la competencia, se propone una mejor transparencia de los algoritmos que administran los servicios y aplicaciones en línea, para que las empresas más pequeñas puedan competir justamente.
Las medidas también garantizarán que los editores de noticias puedan monetizar su contenido de noticias en línea y se les pague de manera justa por ello, dando a la DMU el poder de intervenir para resolver disputas de precios entre los medios de comunicación y las plataformas.
En cuanto a las nuevas facultades de la DMU, esta tendrá el poder de designar a algunas de las empresas más poderosas del mundo bajo el “estatus de mercado estratégico”.
El regulador podrá implementar nuevos códigos de conducta personalizados a las empresas designadas por la unidad, lo que incluye requisitos de conducta vinculantes, que permita garantizar que los consumidores tengan opciones abiertas sobre los servicios digitales que utilizan.
Para su cumplimiento, la unidad también dispondrá de un arsenal de sanciones para las empresas o directivos de estas que no cumplan la reglamentación, tales como multas de hasta el 10 por ciento de la facturación global anual y sanciones adicionales del 5 por ciento de la facturación global diaria por cada día que continúe la infracción.
Podrá suspender, bloquear y revertir el comportamiento de las empresas que incumplan sus requisitos de conducta, y medidas de corrección. Los altos directivos también serán sujetos de sanciones civiles si sus empresas no se involucran adecuadamente con las solicitudes de información.