Jorge Bravo, El Economista
Al 19 de abril, el registro de líneas móviles llevaba 30.2 millones de identificaciones sobre un universo de 144,585,131 líneas activas. Eso equivale a 20.88% del total. El otro 79.11% o 114 millones de líneas seguía pendiente de registrarse.
El reloj avanza y la curva va muy por debajo de lo que exige un cierre ordenado del proceso. Tal y como se sugirió en este espacio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) iniciará la campaña “Registra tu línea”. La CRT fijó el arranque del registro el 9 de enero de 2026 y dejó claro que la línea no vinculada será suspendida cuando venza el plazo el 30 de junio.
La discusión ya no es regulatoria. Es económica y social. En México, 83.1% de la población de 6 años y más se conectó a Internet en 2024. Además, 81.7% usó teléfono celular y 97.2% de quienes usan Internet se conectó mediante un smartphone. El dato clave está en la forma de pago. 79.9% de los usuarios de celular lo hace en prepago. En las líneas móviles de Internet, 84.4% son prepago.
Si la política termina en suspensión masiva de líneas, el golpe recae sobre el medio de acceso que más usan las personas. También nos hemos olvidado del impacto en el ámbito rural, donde la información sobre el registro de usuarios es aún más escasa. La campaña debe estar dirigida a todos los segmentos poblacionales: los padres de los menores de edad, jóvenes, adultos y personas adultas mayores, quienes tendrán más dificultades para hacer su registro.
Suspender la línea no sólo corta la voz. Corta datos. Corta autenticación. Corta pagos. Corta códigos de seguridad. Corta ubicación. Corta mensajería. Corta envíos de SMS para acceder a portales de Internet. Corta la puerta de entrada a todo lo digital.
Una persona sin línea deja de pedir un vehículo. Deja de pedir y recibir comida. Deja de vender en línea. Deja de recibir una transferencia. Deja de entrar a una app de banco. Deja de usar mensajería laboral. Deja de entrar a telemedicina. Deja de seguir clases.
El apagón móvil es una restricción de acceso a la economía y la vida digital cotidiana en un gobierno que se les llena la boca de pueblo. Primero los pobres, sí, ellos van a ser los primeros que su línea quede suspendida.
La dimensión económica del apagón móvil es inmensa. El INEGI informó que el Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico llegó en 2024 a 2,308,458 millones de pesos, equivalente a 6.9% del PIB. Eso significa que la economía digital es un sector de peso nacional.
Si tomamos ese dato como piso y hacemos un ejercicio simple de estrés, una disrupción de 10% de esa actividad equivaldría a unos 19,237 millones de pesos al mes o 632 millones al día. Es una estimación conservadora de lo que cuesta frenar una parte del flujo digital del país.
La suspensión golpea a plataformas de movilidad y entrega de alimentos, comercio electrónico, logística, finanzas, educación y salud. Golpea a quien trabaja en plataformas y a quien depende de la aplicación. Golpea al conductor que necesita datos para aceptar un viaje. Golpea al usuario que necesita un SMS para entrar a su cuenta. Golpea al comerciante que vende por Internet. Golpea al repartidor que vive de la ruta en tiempo real. Golpea al estudiante que aprende por conexión móvil. Golpea al paciente que agenda o recibe orientación por app. Lo que parece un trámite de identidad termina como una falla de red con efecto cascada.
El riesgo crece porque México es un país de prepago. La lógica del prepago es simple. Compra, recarga, usa. No depende de un contrato ni de una relación bancaria. Por eso, un registro mal diseñado castiga más a quien ya está más expuesto. El dato de INEGI sobre el uso de Internet también ayuda a entender el golpe. El 35.8% de quienes usan Internet hizo compras en línea en 2024. Esa conducta no vive en una sola plataforma. Se mueve entre mensajería, pagos, catálogos, redes, mapas y entregas. Si se interrumpe la línea, se interrumpe la cadena completa.
La verdad incómoda es que la política pública eligió un punto de castigo muy duro. La suspensión temporal de la línea puede tener sentido como última medida para combatir extorsión o fraude. Pero cuando el instrumento es masivo, la sanción también se vuelve masiva. Esta sanción aplicada sobre una infraestructura que es la principal vía de Internet para millones, se parece demasiado a un apagón de derechos digitales. El problema no es si el registro sirve para un fin de seguridad y prevención del delito, sino cuánto daño colateral produce cuando no alcanza la meta.
Por eso el diseño necesita una salida política. Una prórroga sería lo más sensato si el avance sigue tan lejos del 100%. Un esquema por etapas sería mejor que una suspensión en bloque. También cabría un acuerdo legislativo o administrativo para ampliar el plazo y proteger a usuarios de prepago, personas sin documentación completa y segmentos que dependen de la línea para trabajar.
Un regulador inteligente mide el éxito y el error, lo informa y lo corrige. México todavía tiene pendiente conectar y cerrar la brecha digital; estamos a 68 días de desconectar a un porcentaje indeterminado de usuarios de telefonía móvil. Ocurrirá en pleno Mundial de fútbol durante los dieciseisavos de final. En 10 semanas el país será el escaparate de múltiples líneas y derechos digitales suspendidos. Si el gobierno y la CRT querían visibilidad internacional, lo lograrán con el apagón móvil.
La economía digital mexicana ya está integrada en Internet como para soportar un cierre brusco. La línea móvil es la llave de entrada a la red. Si esa llave se cierra en masa, el costo del apagón será tecnológico, productivo, comercial y social. Cuando el daño recorra movilidad, pagos, compras, entregas y educación, entonces la discusión dejará de ser sobre identificación de usuarios, extorsión y fraude. Será sobre una política que, por querer ordenar la red, terminó por impedir el acceso a la vida digital.