El Economista Jorge Bravo
El convenio que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) firmaron rumbo a la revisión bienal de las medidas de preponderancia confirma una mala costumbre del regulador.
En vez de cerrar un capítulo que ya cumplió su función, se insiste en reanimarlo. La revisión se presenta como técnica, pero en el fondo sigue siendo una ceremonia para sostener un régimen excepcional que nació como salida política a un tema de competencia y terminó convertido en un corsé regulatorio.
La comunicación oficial coloca el tema en el centro de la agenda regulatoria. El nuevo diseño institucional hace que esta sea la primera revisión bajo la lógica post-IFT, con la CNA tomando parte por primera vez tras la reforma de 2025 y la extinción del IFT.
La preponderancia nació en la reforma constitucional de 2013, no como una categoría de derecho comparado, sino como un atajo para intervenir por sector y no por servicio o mercado.
El texto constitucional ordenó al IFT declarar agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión e imponer medidas para frenar afectaciones a la competencia.
También dejó claro que esas obligaciones perderían vigencia cuando existieran condiciones de competencia efectiva, nunca analizada. Ese dato importa porque desmonta el relato de permanencia. La preponderancia no fue diseñada como una condena eterna, sino como una medida transitoria ligada a una realidad de mercado que ya no es la misma.
El problema es que México convirtió una válvula de emergencia en política pública de largo plazo. No conozco otro caso regulatorio equivalente en el cual se haya creado, por mandato constitucional, una figura de esta naturaleza para prejuzgar empresas por su tamaño y no por una investigación de poder sustancial de mercado.
Esa es la gran falla de origen. La preponderancia no analiza la conducta y luego actúa. Primero etiqueta, inmediatamente después castiga. Al hacerlo, desplaza la verdadera herramienta de competencia, la investigación de poder sustancial de mercado, el análisis de barreras y la imposición de remedios proporcionales.
La OCDE ha sido más sensata que el diseño mexicano. En su revisión de 2017 reconoció que, después de la reforma de 2013, el marco regulatorio había endurecido y ampliado las medidas asimétricas. También subrayó que el objetivo de una buena política es reducir la regulación cuando el mercado ya no la necesita. Esa clave se ha ignorado.
La asimetría no es un estado natural del sector. Debe ser revisada, acotada y retirada cuando las condiciones competitivas cambian. Convertirla en ritual bienal es confundir disciplina regulatoria con inercia burocrática.
El mercado fijo ya desmintió la lógica pétrea de la preponderancia. Las estadísticas mostraron a finales de 2024 que la participación del agente económico preponderante cayó a 39% en banda ancha fija, desde 73% en 2013, y a 35% en telefonía fija, desde 72%. El mercado ya no se parece al de hace 12 años.
Hay más accesos, más operadores y una estructura más abierta. Seguir tratando a Telmex como si siguiera parado sobre el mismo dominio original es una negación de la evidencia. Si la regulación no sabe leer la nueva foto, entonces ya no regula el mercado, sino su recuerdo.
En el segmento móvil el cuadro tampoco justifica la rigidez preponderante. En diciembre de 2024, el IFT reportó 24.2 millones de líneas OMV, con un crecimiento anual de 37.1%. El problema es que ese dinamismo convive con una asimetría regulatoria desigual. Al término de 2024 Telcel tenía una participación de mercado de 55% en telefonía móvil y de 60% en banda ancha móvil.
Altán Redes, además, opera con el Estado como socio mayoritario desde 2022. ¿Cómo sostener un mercado distorsionado por la preponderancia de uno y tolerar que otros jugadores relevantes o ligados al Estado no carguen con el mismo escrutinio? Eso no es política de competencia, es arbitraje selectivo.
La ironía del momento es que Telefónica, una de las voces que en su trayectoria buscó alivio regulatorio frente al dominante, acaba de acordar la venta de su operación en México a Melisa Acquisition.
El hecho habla de un mercado que ya no premia al que pide favores regulatorios, sino al que sabe retirarse. También desnuda que la preponderancia no construyó un terreno parejo. Habilitó una cancha con reglas móviles, donde la certidumbre depende del umbral político del momento y no de una lógica de competencia.
A causa de la preponderancia México sigue rezagado en desempeño. Datos de Speedtest muestran que Chile y Brasil encabezan la región en velocidades de conectividad, mientras México permanece detrás, con 104 Mbps en banda ancha fija y 44 Mbps en móvil.
La discusión de fondo no debe ser cómo conservar una figura excepcional, sino cómo liberar inversión, despliegue, innovación y transformación digital.
La preponderancia no acelera redes, no amplía cobertura y no mejora calidad por decreto. Lo que sí hace es prolongar la incertidumbre, elevar el costo regulatorio y mantener viva una ficción. La CRT y la CNA tienen margen para corregir el rumbo. El mercado ya cambió. La regulación debe hacerlo también.
X: @beltmondi