Reforma laboral de Sheinbaum para plataformas digitales: ¿flexibilidad o subordinación?

La tan anunciada iniciativa para dar seguridad social a repartidores y repartidoras de las plataformas digitales en México ya está sobre la mesa. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles por la mañana la iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo e incorpora el trabajo a través de plataformas digitales.

El proyecto dejaría un sabor agridulce para las plataformas como Uber Eats, Rappi y DiDi Food y para las personas que generan ingresos a través de ellas.

Por un lado, el gobierno reconoce que esta actividad no encaja en el modelo tradicional del trabajo, pero al final termina por subordinar a los repartidores y choferes al mando de las plataformas tecnológicas.

Los argumentos de fondo son brindar prestaciones sociales a las personas trabajadoras de plataformas digitales: acceso a servicios de salud, cotizar en el Instituto Mexicano de Seguro Social, derecho a vacaciones, aguinaldo y acceso a créditos de vivienda, entre otros.

Aunque la iniciativa reconoce que el trabajo en plataformas digitales es flexible y discontinuo ―lo que quiere decir que se realiza sin horarios fijos, en diversos espacios y de manera intermitente―, en la realidad podría mermar parcialmente estas cualidades que son base del innovador modelo de negocios de este sector y que son altamente valoradas por los repartidores.

Durante la conferencia matutina de Sheinbaum, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, expuso que en México existen alrededor de 658 mil personas que trabajan a través de las plataformas digitales y que están dadas de alta en el Servicio de Administración Tributaria.

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De este grupo, 272 mil personas repartidoras obtienen ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual (equivalente a unos 7 mil 468 pesos o a 440 dólares aproximadamente). Esto significa que las plataformas son su principal o única fuente de ingresos.

Ese universo de menos de 300 mil personas serían las principales beneficiadas por la reforma que promueve el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero la iniciativa también plantea que quienes no alcancen a generar esa percepción tendrán acceso a la seguridad social, a excepción de cotizar en el IMSS y tener aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Incorporar a las y los repartidores y conductores como trabajadores implicaría un significativo aumento en los gastos operativos de las plataformas digitales, lo que a su vez podría propiciar más costos para los restaurantes inscritos y los usuarios finales y la pérdida de fuentes de ingresos para miles de personas.

Si una plataforma debe incurrir en mayores costos para mantener a su universo de repartidores, que además se conectan a múltiples aplicaciones al mismo tiempo, es posible que opte por reducir esa base y se quede con una cantidad mucho menor de repartidores que sean los más eficientes y constantes.

Hasta ahora, el modelo flexible e independiente de trabajo en las plataformas digitales permite que sea una alternativa de generación de ingresos complementaria para miles de personas, que probablemente quedarían fuera con la nueva regulación.

Por ejemplo, amas de casa, estudiantes, personas adultas mayores o cualquier otro individuo que vea en esta una actividad económica complementaria.

Una reciente encuesta de Buendía & Márquez, publicada en agosto de 2024, muestra que para el 32 por ciento de los colaboradores de las plataformas digitales esta actividad es un complemento de sus ingresos.

La encuesta también advierte que 60 por ciento de los repartidores son ocasionales; es decir, que dedican menos de 20 horas a las plataformas cada semana. Este tiempo promedio de la mayoría de repartidores es menor a la temporalidad que establece el proyecto de decreto del gobierno.

El documento indica que un repartidor deberá acumular 288 horas efectivas en dos meses para ser elegible en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (aplicando un factor de 0.75 horas de trabajo efectivo por hora).

Para alcanzar esas horas, a ese 60 por ciento de repartidores ocasionales les tomaría alrededor de 14 semanas, más de dos meses.

La oportunidad de generar ingresos adicionales podría ya no funcionar para este grupo, sobre todo si se toma en cuenta que sus ingresos netos podrían disminuir por las retenciones legales para cubrir las contribuciones a la seguridad social.

En España, la Ley Rider, que obligó a las plataformas a contratar a los repartidores, provocó que durante sus primeros cinco meses de funcionamiento al menos 10 mil repartidores perdieran esta fuente de ingresos.

Por un lado, las plataformas podrían optar por disminuir la cantidad de repartidores que aceptan. Pero también es posible que los repartidores abandonen esta actividad porque ya no les resulta redituable.

La misma encuesta de Buendía & Márquez señala que 57 por ciento de las personas que generan ingresos por medio de las aplicaciones dejaría de usarlas si se tiene que convertir en empleados para conectarse a ellas, debido a que ya no tendría las cualidades que valora en esta ocupación.

El proyecto de reforma del gobierno mexicano contempla importantes principios, que son propios del nuevo modelo de las plataformas: la flexibilidad y discontinuidad. Al reconocer estos atributos, la iniciativa busca que las personas repartidoras puedan seguir decidiendo cuánto tiempo dedican a esta actividad.

Bajo esta visión, se entiende que existe una relación laboral durante el tiempo efectivamente laborado por la persona trabajadora. El pago de salario y sus prestaciones serán, entonces, proporcionales a ese tiempo trabajado.

Sin embargo, no se contempla un punto intermedio para quienes no desean ser trabajadores subordinados de las plataformas, pero quieren acceder a la seguridad social.

Las empresas de Internet propusieron un modelo intermedio en la regulación laboral que busca promover el gobierno, en el cual se implementara un esquema de contribuciones conjunto entre las plataformas y repartidores y que permitiera que estos últimos conservaran su independencia. Pero el proyecto de decreto no contempla esta posibilidad.

Previo al anuncio desde Palacio Nacional, Ni Una Repartidora Menos y Ni Un Repartidor Menos hicieron un llamado al gobierno para que se garantizara el acceso a una red de seguridad social sin comprometer la independencia de repartidores.

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Mientras tanto, las plataformas, agremiadas en la Alianza In se mostraron abiertas a construir un mecanismo que permita otorgar seguridad social a los repartidores, pero manteniendo la flexibilidad e independencia del modelo de las aplicaciones.

Alianza In dijo que sostuvo su primer encuentro con la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde pudo exponer sus primeros puntos de vista antes de que la iniciativa se envíe al Congreso.

“Estamos analizando sus implicaciones en el modelo de negocio e impacto potencial sobre todo el ecosistema: conductores, repartidores, empresarios restauranteros y usuarios finales”, expuso a través de un comunicado.

Por ahora, la asociación reiteró que es indispensable “continuar el diálogo con todas las partes involucradas antes de enviar una iniciativa al Congreso, ya que esto podría poner en riesgo la existencia de estas oportunidades y los beneficios que estas tecnologías brindan a la población en general”.