Reconocimiento facial, ¿un arma de criminalización?
Un nuevo caso que pone en controversia a la tecnología de reconocimiento facial ha sido destapado en Estados Unidos. Nijeer Parks, residente en Nueva Jersey, está demandando a las autoridades locales por haber sido arrestado en 2019 con base en una coincidencia falsa en el software de reconocimiento facial.
De acuerdo a lo narrado a The New York Times, en febrero de 2019 Parks fue acusado de robo e intentar atropellar a un oficial de policía con un automóvil. La policía lo acusó usando un software de reconocimiento facial, a pesar de que estaba a 30 millas de distancia en el momento del incidente. Parks pasó 10 días en la cárcel y pagó alrededor de 5 mil dólares para defenderse. En noviembre de ese mismo año, el caso fue desestimado por falta de pruebas.
Parks es el tercer caso de error en el reconocimiento facial en la policía de Estados Unidos. En los tres casos, las personas identificadas erróneamente por la tecnología han sido hombres negros.
Nathan Freed Wessler, un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), consideró que la policía debería dejar de usar la tecnología de reconocimiento facial. Agregó que en los tres casos con contextos similares se demostró “cómo esta tecnología daña desproporcionadamente a la comunidad negra.
“Varias personas se han manifestado ahora acerca de haber sido arrestadas injustamente debido a esta tecnología de vigilancia defectuosa que invade la privacidad”, declaró Wessler.
La policía ha adoptado la Inteligencia Artificial como herramienta en la investigación de delitos y monitoreo de las calles. Sus defensores dicen que es una tecnología nueva y efectiva que ha ayudado a resolver muchos casos, pero protectores de derechos humanos e incluso líderes tecnológicos como IBM han decidido dar un paso atrás en el empleo de esta tecnología por el sesgo humano, como el racismo, que es aprendido por el software.
En septiembre, Amnistía Internacional acusó a las empresas europeas de tecnología, dedicadas a la producción de tecnología biométrica, de poner en riesgo los derechos humanos al vender tecnología de vigilancia digital a las agencias de seguridad pública de China.