En lugar de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podría ser la institución encargada de proteger los derechos de las audiencias en México.
Al menos así lo propuso José Agustín Pineda Ventura, exsubprocurador de telecomunicaciones en la Profeco, durante el quinto conversatorio en el Senado sobre el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Pineda Ventura señaló que la Procuraduría es la institución idónea para asumir la responsabilidad de proteger los derechos de las audiencias, ya que cuenta con la capacidad técnica y operativa para atender a la ciudadanía a lo largo del país.
Actualmente, el dictamen contempla que la ATDT sea la responsable de emitir los lineamientos en materia de derechos de las audiencias, vigile su cumplimiento y, en su caso, sancione a los actores que los vulneren.
Sin embargo, el exsubprocurador advirtió que esto sería un riesgo, ya que esto fragmentaría la protección de los derechos de audiencias y usuarios.
”La defensa ciudadana no puede depender de una instancia que al mismo tiempo negocia con los operadores en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión”.
”En este momento, la Agencia no tiene ni la experiencia ni la capacidad operativa para asumir esa tarea; no cuenta con personal especializado en atención ciudadana; no tiene infraestructura para recibir y conciliar cientos de quejas; ni cuenta con mecanismos legales para representar intereses colectivos ante tribunales, como ya lo ha hecho la Profeco”, explicó.
Pineda Ventura aseguró que México requiere una sola autoridad federal, técnica, especializada y funcionalmente autónoma que se encargue de hacer valer estos derechos.
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Con base en ese argumento, el exprocurador propuso que la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco se convierta en la Subprocuraduría de Usuarios de Telecomunicaciones y Audiencias, y que la ATDT sea quien emita los lineamientos en materia de defensa de las audiencias pero la Profeco vigile y sancione el incumplimiento de dichas disposiciones.
Además, en ese escenario sería necesario que se trasladen las herramientas de las audiencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy virtualmente extinto, a la Profeco. Una de estas herramientas es la plataforma Soy Usuario.
La Profeco ya está facultada para proteger derechos colectivos y difusos, y ese es el ámbito en el que se ubican las audiencias de medios y los usuarios de telecomunicaciones, detalló el especialista.
Esto se suma —añadió— que la ley ya reconoce a los usuarios de telecomunicaciones no sólo como consumidores sino como sujetos de derechos, y la Profeco ya ha sancionado prácticas que vulneran sus derechos.
”No se requiere una reinterpretación radical del sistema jurídico, lo que se necesita es ampliar, armonizar y aplicar las facultades existentes para cubrir también a las audiencias, quienes son también consumidoras de información y contenidos, especialmente en entornos digitales”, dijo Pineda.
La mención al entorno digital implicaría que, bajo esta propuesta, la Procuraduría también intervendría para proteger a las audiencias y usuarios de telecomunicaciones en Internet bajo un modelo convergente.
Ley debe reconocer a audiencias convergentes
El dictamen de ley actualmente en discusión recupera los derechos de las audiencias que estaban establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, y que fueron derogados en la reforma de 2017.
Lo anterior ha sido calificado como un acierto entre las y los expertos en la materia. No obstante, consideran que aún hay áreas de mejora para fortalecer estos derechos, que pueden considerarse también parte de los derechos humanos.
Ante los cambios tecnológicos y su impacto en cómo las personas acceden a contenidos e información, varios especialistas destacaron en el conversatorio la necesidad de reconocer la convergencia de los derechos de las audiencias.
Hilda Saray Gómez González, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA), expuso que las audiencias son convergentes: “Somos usuarios, audiencias, consumidores, productores, productoras, consumidoras, todo, simultáneamente o casi. Además, ya no somos audiencias analógicas, sino digitales. No sólo por el uso de aparatos, sino por la perspectiva del mundo que hemos construido”.
”Es por ello que la legislación sobre derechos de las audiencias hoy en México debe reconocer la convergencia de estos derechos con los derechos de los usuarios de las comunicaciones y, aún más, tender puentes con su defensa en el ciberespacio y con los derechos de la gente”, explicó Gómez González.
Para que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión sea convergente en dicha materia, la presidenta de la AMDA dijo que se tendría que fortalecer el papel de las instituciones e impulsar las políticas públicas para la alfabetización mediática, informacional y digital de toda la población.
Actualmente, las personas desconocen que son sujetos de derechos y los mecanismos para reclamar, por lo que se requiere promover su socialización.
Si bien las audiencias son convergentes, Gómez González puntualizó que también hay que considerar que las plataformas digitales tienen una naturaleza distinta, pues son empresas transnacionales —mientras los concesionarios de radiodifusión operan a nivel nacional y tienen concesiones de espectro.
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La experiencia internacional dice que en este caso la regulación tiene que darse a nivel regional y diferenciando los ámbitos (lo digital y la radiodifusión), como en el caso de la Unión Europea, opinó.
Siguiendo el ejemplo europeo, Vladimir Chorny Elizalde, investigador en la Red en Defensa de los Derechos Digitales, sugirió que México podría crear una Ley de Servicios y Mercados Digitales —en la Unión Europa ya existen leyes en la materia.
Esta ley brindaría un marco democrático de responsabilidades de plataformas, que establezca deberes de protección de datos, de transparencia y transparencia algorítmica, debido proceso y rendición de cuentas; así como medidas antimonopólicas y de desconcentración en respeto de los derechos humanos, detalló Chorny Elizalde.
Por otro lado, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, advirtió que también se necesitan determinar mecanismos para sancionar a los concesionarios de radiodifusión cuando abusan de sus licencias.
Como ejemplo, Maldonado citó el caso de TelevisaLeaks dado a conocer por Aristegui Noticias. El noticiario reveló que al interior de la televisora, la más grande de habla hispana, operaba un equipo llamado Palomar, dedicado a diseñar e implementar campañas de desprestigio contra personas de la vida pública y campañas de promoción a favor de ciertos personajes.
Además de esto, Katia D’Artigues, presidenta de Yo También, señaló que el dictamen de ley debe garantizar la accesibilidad de los contenidos y las propias plataformas de información para las personas con discapacidad, que en México representan el 16.5 por ciento de la población (más de 23 millones de personas).
La propuesta señala la accesibilidad, pero mantiene el campo de acción en la promoción de esta. Para D’Artigues, la obligación que se debería determinar es la de garantizar con definiciones y obligaciones asentadas en la ley.