El Tribunal del Distrito de Columbia de los Estados Unidos desestimó la apelación presentada por el Programa Nacional De Telecomunicaciones (Pronatel) para desestimar la demanda sobre el pago de una indemnización de 168 millones de dólares a Redes Andinas de Comunicaciones (RAC), lo que suma una pérdida más a la batalla legal que el Estado peruano mantiene contra la empresa.
En un comunicado, la Corte estadounidense señala que se “deniega la solicitud de PRONATEL de desestimar la Demanda con base en su alegación de inmunidad soberana bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA)”.
En ese sentido, se mantiene la orden ya emitida por la Corte el 22 de julio de 2025, en la que se establece que la demanda de ejecución de un laudo arbitral por 168 millones de dólares procederá en el Tribunal del Distrito de Columbia.
RAC, subsidiaria de la estadounidense Quanta Services, indicaba que el alegato de inmunidad soberana y defensas procesales de Pronatel carecían de fundamento, ya que el Pronatel está sujeto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y, por lo tanto, está sujeta a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.
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Redes Andinas de Comunicaciones había sido seleccionada por el gobierno peruano para proyectos de expansión de la infraestructura de banda ancha en las regiones peruanas de Cajamarca, Tumbes y Piura durante 10 años, por lo cual recibiría 248 millones de dólares de financiación pública. Sin embargo, dichos proyectos se enfrentaron a múltiples retrasos causados principalmente por dificultades con el clima y con las comunidades afectadas, además de disputas sobre terrenos que debían ser adquiridos por Pronatel.
Aunque RAC obtuvo extensiones de los plazos para la entrega de las obras, en abril de 2019, durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra, Pronatel denegó una nueva solicitud de ampliación de plazo. A partir de esto, la empresa pública peruana dio por terminados de forma unilateral los contratos de financiamiento para proyectos de telecomunicaciones en Cajamarca y Tumbes-Piura, lo que RAC consideró como una decisión injustificada.
En 2022, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) resolvió que el MTC terminó de manera ilegal dos contratos de inversión firmados con RAC, por lo que determinó un laudo que otorga a RAC una indemnización de 177 millones de dólares.