El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial anunció que aceptó la suspensión provisional del Laudo promovido por Telefónica en contra de Colombia. La decisión evitará que el Estado colombiano pague a la compañía española cerca de 380 millones de dólares, más un 5 por ciento de daños ocasionados y los honorarios derivados del procedimiento.
La suspensión fue solicitada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al CIADI, luego de que Telefónica obtuviera un fallo a su favor en los tribunales internacionales. La agencia colombiana explica que el caso “ha quedado bajo riguroso examen jurídico, hasta tanto el Comité ad hoc, que se constituya para tal fin, no decida otra cosa”.
La agencia también informa que en el mismo memorial de decisión, la Secretaría General del CIADI registró la Solicitud de Anulación del Laudo que fuera proferido en dicho caso y dio traslado a la demandante.
El juicio fue promovido por Telefónica como parte de su defensa en contra del laudo impuesto por el gobierno colombiano para la reversión de activos. Tras varios años de litigios, en 2017 un tribunal arbitral determinó que Telefónica y América Móvil debían pagar un laudo arbitral derivado de la reversión de activos establecida en la concesión de espectro.
El mismo año, la compañía autorizó una ampliación de capital para realizar el pago correspondiente por cerca de 380 millones de dólares. Sin embargo, en su momento aclaró que esto “no constituye ni puede entenderse como una aceptación de dicho laudo”.
Durante el caso presentado ante el CIADI, Telefónica argumentó que las medidas que llevaron a dicho pago violaron el Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), razón por la cual se constituyó un tribunal arbitral internacional.
Por su parte, el Estado colombiano señala que encontró serios defectos en el Laudo, incluidos la patente falta de motivación, la manifiesta extralimitación de facultades cometida por el Tribunal Arbitral y la violación del debido proceso de la República de Colombia.