El 2023 marcó el comienzo de una nueva era en Brasil, con un gobierno liderado por Lula da Silva, que trajo consigo metas de desarrollo digital para un país conectado con enfoque en el crecimiento económico y social.
Sin embargo, a pesar de poner en práctica muchas de estas metas, hay desafíos para sectores estratégicos en 2024. Las telecomunicaciones y la tecnología de la información, fundamentales para la construcción de una infraestructura digital sólida, tendrán que lidiar con el aumento de sus costos debido a una inminente reforma tributaria, sin la reducción de la alícuota de 60 por ciento y sin la desgravación de la nómina (plantilla de empleados), en caso de que el veto presidencial no sea revocado por la Cámara de Diputados.
Aunque se aprobó un impuesto diferenciado para el sector de las telecomunicaciones, aún no ha sido definido por el Ministerio de Hacienda, que tiene hasta junio de 2024 para enviar la propuesta al Congreso Nacional.
Por otro lado, “el show debe continuar”. Y las metas de expansión de la conectividad, como tener 100 por ciento de los municipios brasileños cubiertos con 4G, tienen grandes posibilidades de suceder, ya que 99.98 por ciento del país ya cuenta con esta cobertura, según datos de Teleco.
El desafío es llegar a las zonas rurales y comunidades del norte del país; un esfuerzo que, además del gobierno con la implementación de las infovías, también está siendo liderado por empresas privadas.
Según Juscelino Filho, ministro de Comunicaciones, se instalarán 12 mil kilómetros de cables submarinos que conectarán el Atlántico con el Pacífico antes de concluir 2024, formando el cinturón óptico.
Y ahora que Brasil ya cubre a poco más de 10 millones de brasileños con 5G, presente en todas las capitales y ciudades con más de 500 mil habitantes, se espera que en 2024 la tecnología se expanda a ciudades más pequeñas con al menos 100 mil habitantes, según las obligaciones de las operadoras, y que su uso se integre en la industria y promueva su digitalización.
Hablando de redes móviles, es probable que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) se vea obligada a revisar el destino de la banda de 6 GHz, una conclusión que vendrá de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-23). China, principal socio comercial de Brasil, negocia su apoyo a esta decisión y todo indica que un cambio de posición en este sentido es inevitable.
En el ámbito regulatorio, el primer estudio sobre el impacto de Open RAN en las telecomunicaciones, realizado por la Anatel y la Universidad de Brasilia, sugiere la creación de un marco legal que, si se propone oficialmente en 2024, servirá para profundizar las discusiones al respecto, centrándose en la reducción de costos para el sector de telecomunicaciones y los beneficios para la automatización de la Industria 4.0.
En cuanto a la Inteligencia Artificial, Brasil puede esperar más debates y discusiones, ya que no es un secreto que no hay prisa para la regulación de la tecnología en el país. Mientras tanto, su uso indiscriminado y a veces delictivo se expande, con algunos proyectos de ley puntuales sugiriéndose caso por caso en la Cámara de Diputados.
En cuanto al Fair Share, el tema no encuentra puntos de acuerdo entre las asociaciones de Internet y contenido, los reguladores y los representantes de las telecomunicaciones.
La diputada Any Ortiz, relatora del Proyecto de Ley 2768/2022, probablemente continuará organizando audiencias, incluso si la Anatel ya está lista para ser la Agencia reguladora de las grandes tecnológicas en caso de una resolución favorable a los operadores. Este es un filme cuyo final no es predecible.
