En el Congreso de Perú se ingresó un proyecto de ley para reformar el artículo 2 de la Constitución e incorporar el acceso a Internet como un derecho fundamental y promover el acceso universal, lo que constituye el octavo intento en 20 años de aprobar una iniciativa legislativa de este tipo.
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La congresista Betssy Betzabet Chavez Chino, del grupo parlamentario Perú Democrático, fue quien introdujo la iniciativa el pasado 24 de enero de 2022.
La iniciativa propone agregar el siguiente numeral en el artículo 2 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho:
25. Al acceso a Internet libre, abierto e inclusivo. El Estado garantiza el acceso a Internet de forma progresiva y universal para promover el desarrollo científico y tecnológico. En las entidades, instituciones y espacios públicos su acceso es gratuito.
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Esta es la octava vez que se impulsa un proyecto similar en el Congreso peruano.
Desde 2002, se han presentado al menos siete proyectos de ley previos en el mismo sentido: 06332/2002: Ley para el acceso y universalización de Internet; 04662/2010: Ley que promueve Internet para todos; 04434/2010: Ley que declara como derecho fundamental el acceso de la banda ancha; 02294/2012: Ley que incorpora como Derecho Constitucional el acceso al Internet de Banda Ancha; 3156/2018: Ley que reconoce el derecho de acceso a Internet como derecho fundamental; 3607/2018: Ley que garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto, y 5843/2020: Ley que reconoce el derecho a acceso a Internet como derecho constitucional.
El 6 de noviembre de 2018, a través del proyecto de ley 3607/2018-CR, el congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas propuso modificar el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución para incluir el siguiente texto: “El Estado garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto”.
Y tres años después, el 18 de octubre de 2021, el Consejo Directivo del Congreso actualizó el proyecto y con ello resurgió la iniciativa para reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental en Perú y promover la cobertura universal.
Esto va en sintonía con lo que declaró el presidente del país, Pedro Castillo, en su toma de posesión: “En nuestro gobierno, Internet será un derecho, no un servicio”.
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Y sigue acciones de otros países de América Latina, como Colombia, que en 2021 promulgó la ley que reconoce a Internet como un servicio público esencial y universal.