Reforma Jorge Fernando Negrete P.
Las grandes civilizaciones no son conquistadas, se destruyen desde adentro, ellas mismas. El Estado como concepto jurídico tiene una fase estática de orden y de forma, pero tiene una dinámica en la operación de las instituciones que lo integran. Los gobiernos son el ejemplo de esta acción dinámica y evolutiva. Una de las funciones vitales de ellos es el diseño de la política pública: qué hacer, cómo, dónde ir y por qué. Las grandes preguntas son realizadas por la política pública, su debate es dentro de este marco y las propuestas son apoyadas por datos, evidencia empírica y soluciones modernas, contemporáneas. La tecnología está en el centro del debate y sus oportunidades.
¿Qué propone el Presidente de México? En materia de conectividad, sostiene un incuestionable discurso de conectividad para todos. Quiere conectar a los más pobres. Reordenó las facultades entre la SICT y la oficina denominada Coordinación de Estrategia Digital, creó CFE Telecom y mantiene con financiamiento público parte de los ingresos de la Red Compartida. A su tercer año de gobierno lanzó un documento de política pública denominado “Estrategia Digital Nacional”.
¿Qué ha sucedido? En 2020, en plena pandemia y con información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación, se eliminó más de 90% de los puntos México Conectado. Hablamos de 101 mil puntos, de los cuales 70 mil eran con tecnologías terrestres y 30 mil con tecnologías satelitales. Este era un sistema con un uso efectivo de entre 88 a 92%. Los usuarios eran, entre otros, universidades, sus campus y centros de investigación en 40 ciudades. Estaban integradas a esta red 70 mil escuelas y 30 mil puntos más, como parques, centros Sedesol, oficinas remotas de gobierno.
El sistema de analítica de datos indicaba que se atendían entre 15 a 20 millones de ciudadanos diferentes por mes. Según datos de la ASF, todo eso se eliminó casi por completo. Una catástrofe en términos de conectividad, cancelación del ejercicio de derechos fundamentales y de oportunidades de desarrollar economía digital y condiciones de igualdad y equidad entre los ciudadanos más pobres de este país.
Se eliminó la Subsecretaría de Comunicaciones, se eliminó la compra de equipo de cómputo, software e insumos digitales, incluida ciberseguridad. No hay hoja de ruta 5G del Gobierno, pero sí tenemos el precio del espectro radioeléctrico más caro de América Latina; y ahora, la Ciudad de México lidera la imposición de impuestos especiales para las plataformas digitales. El Gobierno federal considera la creación de sindicatos para las primeras pymes digitales de esta era y Puebla aprueba una ley que atenta contra la privacidad, la innovación, la propiedad intelectual y los derechos digitales de ciudadanos y usuarios. Parece que la destrucción de la vida digital es la máxima de la política digital actual.
La política pública más eficiente, medible e inmediata es la digital. La política digital tiene un fundamento constitucional, el derecho de acceso a Internet como habilitante de todos los derechos fundamentales. México necesita política digital para la salud, la educación, el acceso a la cultura, para la seguridad pública, para la movilidad, para la libertad de expresión y el acceso a la información pública, para la protección de datos personales y también para la economía, para diseñar una economía digital moderna, accesible, vibrante, democrática, de bajo costo y accesible al consumidor.
La política digital y su fundamento en la constitución crean derechos digitales y urgen que garantice su vigencia, tutela y nacimiento. La política y los derechos digitales son el objetivo de la nueva esfera pública.
Aún confío en senadoras y senadores, en diputadas y diputados que comprendan la revolución digital y el reto de crear nuevos marcos legales que lleven a un México digital incluyente, igualitario, próspero e innovador.
Presidente de Digital Policy & Law
Twitter @fernegretep
