La cada vez mayor competencia por parte de privados y las dificultades que trae depender de recursos públicos ha puesto en dudas el papel de las empresas estatales que brindan servicios de telecomunicaciones a usuarios finales en América Latina, una región en la que el dinero no sobra y lo urgente le gana a lo importante a diario.
El debate tiene larga data, pero la pandemia de Covid-19 cambió prioridades y generó un marco propicio para volver a revisar la situación. Las cosas no han cambiado demasiado en el último tiempo: hay excepciones aunque, en general, las estatales no destacan por sus triunfos en el campo de las telecomunicaciones en esta parte del mundo.
Existen más de 10 empresas públicas que ejercen esta actividad en la región y, a continuación, se analizará la situación de ocho países que cumplen con esta especificación. Las preguntas a resolver son varias: ¿qué motiva los planes de privatización?, ¿qué mantiene la salud de las que se posicionan como excepción?
Bolivia
El caso de Entel Bolivia, nacionalizada en 2008, podría definirse como un caso a mostrar por quién defiende la permanencia de las estatales en el sector. “La inversión del Estado y la rentabilidad de la empresa permiten asegurar un acceso equitativo a las telecomunicaciones. Entel ocupa una posición de liderazgo frente a sus competidores”, señala la empresa, que ha sido relevante en las disputas políticas de las que fue escenario el país en el último tiempo. La firma lidera el mercado móvil con una participación de 49 por ciento y cuenta con unos 247 mil usuarios activos de Internet por fibra óptica.
Colombia
Hay más de un caso en Colombia, pero el de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) resulta útil para mostrar las diferentes visiones sobre el tema. Cambios en las autoridades llevaron a una propuesta formal de venta de la compañía que finalmente no se concretó. Quienes quisieron vender dijeron que ya había suficiente competencia y que el Estado debía atender otros frentes, pero la decisión fue rechazada por la oposición y trabajadores que lograron su cometido. ETB no se vendió y, desde entonces, ha logrado mantener en alza sus números tras cambiar prioridades y centrarse en objetivos seguros, como la expansión de fibra óptica.
Costa Rica
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mantiene su salud como competidor en el mercado, aunque ha perdido notorio peso en manos de los privados. La empresa es el principal brazo ejecutor de los proyectos que pone en juego la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para sitios aislados y vulnerables pero, su rendimiento –que incluye números rojos en sus cuentas– no convence a todos. Ya hay un proyecto de ley que abre las puertas del ICE a privados.
Ecuador
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) participa en todos los segmentos tradicionales en Ecuador. Es líder en Internet y telefonía fija, escolta de DirecTV en TV de paga y cierra el podio móvil con 2.8 millones de líneas. Aunque sin demasiadas explicaciones puertas afuera, su desempeño tampoco convence a las autoridades. De hecho, se hizo pública la idea de buscar un socio privado que administre la empresa por un plazo de 20 años. La concesión fue una opción barajada, y todavía en discusión, ante la imposibilidad de vender la empresa por la regulación vigente.
Honduras
La pandemia le llovió sobre mojado a la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, que es un dolor de cabeza para las autoridades de ese país. Años rojos lograron superarse con planes que incluyeron austeridad extrema y despidos masivos, que volvieron luego como un bumerán repleto de malas noticias. Los ingresos son cada vez menos y la participación de la empresa en los distintos mercados ha caído hasta números irrisorios. Hubo planes para salvarla pero, hasta ahora, ninguno funcionó, dejándola al borde del precipicio.
Paraguay
Aunque las propias autoridades han dicho públicamente que “goza de buena salud”, la estatal Copaco tiene sus problemas. La empresa ha mostrado dificultades para recuperar el dinero invertido en la actualización de infraestructura y todos sus reportes hablan de una pérdida de clientes, además de déficit financiero. Sus dificultades se ven con claridad en el apartado móvil: según los últimos datos reportados, su participación cayó hasta por debajo del 5 por ciento.
Uruguay
Cuando se habla de estatales en la región, resulta obligatorio mencionar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). Fue la primera en tener LTE en la región y también lanzó las primeras radiobases 5G cuando la llegada de la tecnología parecía lejana. Es monopólica en telefonía fija y banda ancha y lidera con ventaja sobre el resto el mercado móvil, al tiempo que puso a Uruguay al frente en despliegue de fibra –promete 100 por ciento de fibra para 2023. La firma tiene ventajas a la hora de adquirir espectro y es un as en la manga para quien sea oficialismo, pues reporta resultados sólidos y mantiene inversiones en áreas clave.
Venezuela
La Cantv no escapa de los problemas que existen en Venezuela. La amenaza de los privados sobre dejar el país y los discursos de Nicolás Maduro en contra de los competidores de la estatal no han servido para fortalecerla. La mayoría de sus comunicados hablan de reestablecimiento de infraestructura destruida por vandalismo y no hubo explicaciones oficiales de por qué perdió más de siete millones de líneas móviles en 2019, último año del que ofrece cifras el regulador local.
Así las cosas, la situación de las estatales en Honduras, Venezuela, Paraguay y Ecuador parecen ser prueba suficiente de que la competencia con privados cada vez más robustos y más rápidos en su capacidad de acción ha puesto contra la pared los planes estatales. Los cambios tecnológicos y mejoras en la calidad de servicio parecen desafíos demasiado grandes para este tipo de empresas, que también sufren los cambios de gobierno y prioridades, en una región que no se caracteriza por las metas a largo plazo.
Del otro lado, Uruguay y Bolivia parecen demostrar que, aunque siempre con decisiones cuestionadas por la oposición y los competidores privados, la salud de las estatales en telecomunicaciones no es una utopía, sobre todo cuando tiene amplio apoyo político, servicios de calidad y ciudadanos que las eligen. Las empresas de este tipo pueden funcionar con inversiones sólidas y planes de Estado más que de gobierno. Se trata de brazos clave en la idea de universalización porque son, en buena parte, las responsables de llevar conectividad a sitios aislados como ocurre con el ICE en Costa Rica.
Por otra parte, en los sitios que no cuentan con empresas de este tipo resulta fundamental la acción gubernamental a partir de llamados públicos para encontrar operadores que ejecuten proyectos de universalización, como el caso de Chile, o bien la de cooperativas que llegan con sus servicios a rincones alejados o zonas rurales que no resultan de interés comercial para los privados, como ocurre en Argentina.
Las estatales, entonces, han sufrido en carne propia la velocidad de los cambios tecnológicos y la capacidad de inversión de empresas privadas en los últimos años. Son excepcionales los casos en los que lideran en conceptos como innovación, pero del otro lado, demostraron ser una pieza clave para llevar conectividad a sitios no atendidos por el resto. Su futuro dependerá de las acciones que priorice cada país tras la nueva crisis que trajo consigo la pandemia.
