Nuevos marcos regulatorios para fomentar la inclusión financiera de las mujeres

Con el propósito de garantizar el acceso de las mujeres a los productos y servicios financieros en igualdad de condiciones, una mayor inclusión financiera y autonomía económica de las mujeres, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevaron a cabo el evento “Cerrando brechas: marcos regulatorios para la inclusión financiera de las mujeres”.

En esta mesa redonda virtual las panelistas compartieron experiencias y reflexiones sobre el empoderamiento económico de las mujeres que es un pilar fundamental para el desarrollo económico de todos los países, dado que las mujeres son la mitad talento laboral de la humanidad, por lo que excluirlo sería también excluir el desarrollo de las regiones. Para lograr fortalecer efectivamente la inclusión femenina en entornos económicos también es necesario incluir a todos los actores del Estado.

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Al respecto, Alejandra Mora, secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA aseguró: “Es imprescindible avanzar en acciones concretas para nivelar el acceso de las mujeres y promover su inclusión financiera”.

Asimismo, vale la pena aclarar que las cifras y las diferencias se venían presentando desde antes de la Covid-19, pero se profundizaron durante la pandemia. Por esta razón, el evento también visibilizó las brechas y obstáculos en la participación de las mujeres en el mercado laboral y en otros sectores económicos como la informalidad, la tenencia de tierras, los recursos y el acceso a créditos y oportunidades económicas para compensar y responder a la crisis de manera integral.

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Así, la sociedad tiene como resultado que las mujeres son más pobres que los hombres, no tienen el mismo acceso a sistemas de seguridad social y pensión y no derivan los mismos beneficios, incluida la misma autonomía o independencia económica que los hombres.

Para abordar el tema, CAF realizó una serie de encuestas en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú que muestran que las mujeres tienen una baja resiliencia ante choques financieros negativos y son más vulnerables financieramente que los hombres. Además, se señala que estas brechas pueden explicarse por una menor acumulación de activos por parte de las mujeres, el acceso por parte de estas a productos de endeudamiento más costosos, así como la posición más débil que tradicionalmente han tenido las mujeres en el mercado laboral, lo cual se traduce en menores ingresos. Asimismo, desde el sector financiero, es importante abordar el tema de la educación en el uso de los servicios y productos, el acceso a las tecnologías y a la infraestructura para el uso de las mismas para tener acceso a los productos financieros digitales.

En este contexto, de asimetrías de poder, la Covid-19 ha tenido y tendrá a futuro impactos profundos sobre los derechos económicos de las mujeres, por lo que avanzar hacia el fortalecimiento de políticas públicas y marco jurídicos que aborden los derechos económicos de las mujeres se hace más imperativo que nunca, en particular en el sector financiero.

Inclusión financiera, más allá del acceso y la bancarización

La inclusión financiera es un enfoque multidimensional y es clave en el desarrollo, dado que hay una fuerte relación entre esta y la reducción de la pobreza. En este sentido, el acceso es un elemento importante, ya que abre la puerta a la oferta.

Sin embargo, para Diana Mejía, especialista senior en Desarrollo Productivo y Financiero de CAF, hay otra serie de elementos igual de importantes que deben abordarse: “Si bien las cifras de bancarización que ofrece el sector, es importante promover el uso frecuente de sus productos, la calidad de los servicios que ofrecen las entidades y el grado de satisfacción con ellos y, por último, el bienestar financiero que se refiere al manejo adecuado y el logro de los objetivos financieros”.

Para demostrar la necesidad social de implementar políticas de inclusión, Mejía presenta los resultados de la encuesta de CAF realizada en diferentes países:

• Sólo 33 por ciento de las mujeres toma decisiones financieras en su hogar frente al 48 por ciento de los hombres.
• El 34 por ciento de las mujeres ahorra, mientras que el 44 por ciento de los hombres lo hace.
• El 31 por ciento de las mujeres es parte del plan obligatorio de pensión frente al 45 por ciento de los hombres.
• El 23 por ciento de las mujeres depende económicamente de su pareja frente al 12 por ciento de los hombres.  
• El 42 por ciento de las mujeres cuenta con un producto de ahorro, mientras que el 49 por ciento de los hombres lo tiene. 
• El 46 por ciento de los hombres está preparado para los imprevistos financieros, mientras que sólo el 37 por ciento de las mujeres lo está.

Con base en esos resultados, es necesario trabajar en la salud financiera que Diana Mejía define como: “la media en la que una familia o una persona puede gestionar sin problema sus obligaciones financieras actuales y sentirse seguro de su futuro financiero”.

Por su parte, los entes reguladores juegan un papel indispensable para anclar y desarrollar políticas económicas con un enfoque de género. Sobre este tema, Socorro Vargas, directora General del área de inclusión financiera de la comisión nacional bancaria y de Valores de México, prioriza el uso de datos: “la recolección, el análisis y el uso adecuado de los datos sobre la tenencia de productos financieros con base al género, la edad edad, el uso y las zonas rurales o urbanas donde residen las usuarias. Con el análisis de esa información es posible crear políticas que respondan a las necesidades de cada comunidad, así como las prioridades y los objetivos de dichas políticas”, explica.

Desde las experiencias, el sector público tiene el potencial para regular los entornos para una mayor inclusión financiera de la mujer, que es una necesidad posible para cada país. De esta forma será posible crear entornos económicos de equidad.