Reforma Clara Luz Álvarez
Coincido en muchos aspectos con el presidente Andrés Manuel López Obrador como: que la prioridad deben ser las personas que viven en pobreza; en el deber de conectar a los desconectados; en que hubieron un sinfín de abusos y corrupción en otros sexenios; en la austeridad republicana y en que dedicarse al servicio público al igual que a la academia, es un asunto de vocación, no de dinero; en la necesidad de romper estructuras de beneficios y privilegios indebidos al statu quo; en que cualquier tecnología, incluyendo la satelital, debe aprovecharse para llevar internet y telecom a los desconectados; en que se mutilaron los derechos de las audiencias desde el poder político y económico en la administración anterior.
Del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debo salir en su defensa. Aclaro que estoy en las listas para ser comisionada del IFT, por lo que si este artículo me excluye del proceso, pero logro transmitir la importancia del IFT, estaré satisfecha.
El que el IFT esté previsto en el T-MEC es sólo una razón formal para evitar su desaparición, pero la justificación de su permanencia está en la importancia de su misión y en que su funcionamiento efectivo se traduce en múltiples beneficios a la ciudadanía, a la economía y a la democracia. El IFT cuenta con personal comprometido con el interés público y conocedor del sector, y claro que tiene una que otra oveja negra, sin duda.
El IFT es resultado de una lucha de décadas de quienes buscaron tanto la democratización de los medios como el quitar la arbitrariedad con que se daban las concesiones a cambio de favores económicos y políticos.
El IFT es parte del Estado mexicano y cuenta con un mandato claro que coincide con los objetivos del Ejecutivo Federal: más y mejores servicios, a mejores precios, mayor calidad y el lograr la cobertura universal. No debe haber ruptura, ni polaridad entre el IFT y el Ejecutivo, sino colaboración y coordinación.
Para lograr la equidad en el disfrute de las telecomunicaciones existen tres problemas que atender: la conectividad, la asequibilidad y la accesibilidad. Las personas más afectadas por su ausencia son las personas en situación de pobreza, las que pertenecen a pueblos indígenas y aquellas con discapacidad.
La conectividad requiere del despliegue de redes para proveer acceso a las telecomunicaciones, debiendo comenzar por las comunidades desconectadas. Esto es un reto multifacético de la más alta prioridad que debe poner el foco en los que ni siquiera están considerados en los programas de despliegue de infraestructura, pues la brecha digital hace que la brecha económica, educativa y de salud se convierta en un abismo. El IFT debe hacer disponibles más bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, e impulsar soluciones comunitarias para fomentar el aprovechamiento de las redes y el espectro con una perspectiva de abajo para arriba.
No basta con conectividad, pues muchas personas y muchos hogares carecen de servicios de telecomunicaciones por razones económicas. Así que desde el IFT deben impulsarse acciones que hagan que los servicios de telecom sean asequibles. Un medio es establecer medidas para una competencia efectiva del sector privado, pero eso es insuficiente si se considera que habrán zonas donde nunca irán por razones económicas. Así que ahí debe el IFT apoyar al Ejecutivo Federal en su política de inclusión digital universal.
El IFT debe contribuir para que los servicios de telecom sean accesibles, independientemente de si se tiene o no una discapacidad. Adicionalmente, sin habilidades digitales, el acceso a las telecomunicaciones se ve severamente limitado. Por tanto, el IFT debe ser partícipe de las soluciones para difundir y capacitar en habilidades digitales a quienes carecen de ellas.
El IFT es una institución que debe existir bajo un enfoque de coadyuvancia, donde Ejecutivo Federal e IFT en sus respectivas competencias resuelvan las privaciones cotidianas de quienes no tienen acceso a internet o lo tienen de una manera marginal.