La Fiscal General, Maura Healey, presentó una demanda contra Uber y Lyft en Massachusetts, Estados Unidos, la cual busca que los conductores de las compañías de transporte se rijan bajo las leyes de salarios y horarios de los estados, para así acceder a derechos y beneficios como salario mínimo, horas extras e incapacidad pagada por enfermedad.
“Uber y Lyft han construido sus negocios de miles de millones de dólares mientras niegan a sus conductores protecciones y beneficios básicos para los empleados durante años”, señaló la fiscal. “Este modelo de negocio es injusto y explotador. Estamos buscando esta determinación de la corte porque estos conductores tienen derecho a ser tratados de manera justa”.
Según las leyes de Massachusetts, un trabajador que brinda algún servicio a otra parte es un empleado y no puede ser clasificado como contratista independiente, a menos que cuente con las siguientes características:
- El trabajador es libre de su dirección y control
- Los servicios que realiza el trabajador están fuera del curso habitual de su negocio
- El trabajador se dedica habitualmente a un comercio, ocupación o negocio establecido independientemente de la misma naturaleza que el servicio que presta a la parte.
De acuerdo con la queja, los conductores de Uber y Lyft no están libres de la dirección y el control de las compañías; además, los conductores deben celebrar acuerdos estandarizados que establezcan términos y condiciones no negociados. Estos estándares de desempeño y las disposiciones de arbitraje forzoso de las compañías impiden a los conductores entablar un litigio privado para hacer cumplir sus derechos bajo las leyes estatales de salarios y horas.
Por su parte, ambas compañías afirman que los conductores establecen sus horarios de trabajo; sin embargo, monitorean de cerca las actividades de los conductores por medio de la aplicación y ofrecen incentivos monetarios para inducir a los conductores a trabajar en horarios que benefician directamente a las compañías.
Asimismo, las compañías pueden penalizar a los conductores por no aceptar suficientes viajes, cancelar demasiados viajes, no mantener las calificaciones de satisfacción del cliente o participar en cualquier comportamiento que las compañías determinen como motivo de suspensión o terminación.
Recientemente, Uber y Lyft comenzaron a ofrecer a los conductores permisos pagados ante la contingencia por Covid-19; no obstante, incluso esas nuevas políticas incumplen la ley de Massachusetts de tiempo por enfermedad.
La oficina de la fiscal General busca una sentencia declaratoria que ordene a Uber y Lyft reclasificar a los conductores como empleados, poniendo a disposición los beneficios y protecciones que brindan las leyes.
Ambas empresas anunciaron planes para gastar 100 millones de dólares para anular una ley de California que protege a los trabajadores de la clasificación errónea.