Toda regulación debe de ser transitoria para dar lugar a un mercado libre que evolucione sin obstáculos a la libre competencia y libre concurrencia, a la innovación y que su evolución sea determinada por la rivalidad entre competidores y las preferencias de los consumidores o usuarios.

Una regulación tarifaria que se prolongue y reconozca que las circunstancias que en algún momento la justificaron han dejado de existir, se transforma en un fardo que impide la dinámica de los mercados. 

También causa costos innecesarios al agente regulado y se transforma en un mecanismo sujeto a presiones de los grupos de interés, típicamente aquellos que fueron beneficiados por la regulación durante su existencia, los cuales no quieren perder los beneficios y ventajas que les ha brindado la regulación asimétrica. No porque dependan de la empresa regulada para competir por medio de la compartición y desagregación de infraestructura (servicios mayoristas),[1] sino porque les es conveniente tener un rival paralizado en sus decisiones de mercado por el escrutinio regulatorio constante al que se le ha estado sujetando, a pesar de la separación funcional, lo que causa perjuicio al crecimiento, la cobertura y sobre todo la elección del usuario final.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es la entidad autónoma facultada para aplicar la legislación en materia de competencia económica. Dicha ley no incluye el criterio de “preponderancia” que el legislador en 2013 insertó en la reforma constitucional y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Cabe recordar que en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) se encuentran las disposiciones para identificar la existencia o ausencia de condiciones de competencia en los mercados, sujeto a criterios objetivos de definición del mercado relevante para tal propósito y dentro de los cuales existe definir el alcance o extensión geográfica de los mercados a ser considerados.

La obligación del IFT respecto de la observancia del contenido de la LFCE no está subordinada al criterio de “preponderancia”. Cabe señalar que el nivel crítico mayor a 50 por ciento no proviene de un análisis de competencia económica tanto de la práctica internacional como de alguna metodología reconocida por la teoría y práctica en la ciencia económica aplicada al análisis de competencia en los mercados.

En el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, del 11 de junio de 2013, en el transitorio Octavo fracción III se establece lo siguiente en su segundo y tercer párrafos:

“Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

“Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate” (énfasis propio).

Por lo que las obligaciones impuestas se extinguirán, es decir, se liberalizarán o desregularán cuando existan las condiciones de competencia en el mercado definido en forma apropiada. Para determinar las condiciones de competencia es necesario aplicar los criterios establecidos en la LFCE, entre ellos la definición del mercado o los mercados relevantes y, por lo tanto, su alcance o extensión geográfica. Lo anterior, conforme se establece en el artículo 28 constitucional lo siguiente:

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia” (énfasis propio).

En adición, es facultad del IFT, conforme al artículo 15 fracción XXI, lo siguiente: “Declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el sector de que se trate y, en su caso, la extinción de las obligaciones impuestas a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial” (énfasis propio).

Las disposiciones señaladas son consistentes con la autonomía en la formación de criterios regulatorios del IFT, que las decisiones de regulador o de desregular deben de provenir de un análisis en términos del derecho de la competencia y de la doctrina reconocida tanto teórica como empíricamente en materia de competencia económica.

Como es evidente, el IFT en cada Revisión Bienal ha estado agotando el menú regulatorio con la sucesiva imposición de instrumentos y medidas regulatorias, como se dice en el boletín de prensa del regulador: “el Pleno determinó modificar una de las más de 200 medidas impuestas al AEPT, la Trigésima Novena del Anexo Tres, la cual señala que el IFT utilizaría una metodología de costos incrementales de largo plazo para establecer las tarifas del servicio de acceso indirecto al bucle local (SAIB)”,[2] las cuales han llegado a ordenar la separación funcional de Telmex.

Es así como en la reciente Revisión Bienal 2020, en el Anexo 3, el IFT estableció lo siguiente:

“Previo análisis, el Instituto podrá determinar si existen zonas geográficas para las cuales las tarifas del servicio de acceso indirecto al bucle local podrán ser determinadas libremente por el Agente Económico Preponderante, sin menoscabo de su obligación de prestar los servicios mayoristas regulados en términos no discriminatorios, para lo cual deberá publicar en su página de Internet, y notificar en el Sistema Electrónico de Gestión, las tarifas aplicables en dichas zonas geográficas. 

“Por zonas geográficas se entenderá en función del nivel de desagregación de la información contenida en el Banco de Información de Telecomunicaciones del Instituto.

“Para efectos de lo anterior, el Instituto, con base en la información con que cuente, valorará si se tiene información suficientemente desagregada para, en su caso, realizar un análisis que considere al menos las siguientes variables de competencia:

“• Penetración de los servicios;

“• Número de operadores en el mercado;

“• Participación de mercado del Agente Económico Preponderante y del resto de operadores, y

“• Cobertura de las redes existentes.

“Derivado del análisis que, en su caso, realice el Instituto, éste podrá determinar los términos y supuestos bajo los cuales resultaría aplicable la libertad tarifaria mayorista, así como validar anualmente, en el marco de la revisión de la Oferta de Referencia, si resulta aplicable para el año siguiente.


“Es motivo de bienvenida entrar en una nueva etapa donde se reconoce que las circunstancia de competencia han cambiado.”

— Ramiro Tovar, especialista en regulación económica

“Con independencia de lo anterior, el Instituto podrá determinar la exclusión de zonas geográficas con libertad tarifaria en caso de encontrar evidencia de que las condiciones de competencia variaron.”

Adicionalmente, el artículo 275 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que el Instituto verificará de manera trimestral y sancionará el incumplimiento de las medidas y la regulación asimétrica que le hubiese impuesto al agente económico preponderante y, en su caso, determinará la extinción en sus efectos de la totalidad o de algunas de las obligaciones impuestas.

La consistencia con lo dispuesto en la reforma de telecomunicaciones y en la LFTR es indubitable. Por ello, es motivo de bienvenida entrar en una nueva etapa donde se reconoce que las circunstancias de competencia han cambiado. Que el espectro de elección para el usuario en ciertas localidades se ha ensanchado, causando que los niveles de concentración difieran del simple agregado nacional. 

Reconoce que el usuario es soberano de decidir cuál es el proveedor de servicios de telecomunicaciones fijas que satisface sus necesidades dentro de su presupuesto y que las opciones disponibles tanto en servicios mayoristas como en servicios finales es lo relevante y no niveles agregados que no reflejan el entorno competitivo entre operadores de redes fijas y, por lo tanto, la oferta disponible para los usuarios en una localidad determinada.

De todo el cúmulo de obligaciones impuestas por la regulación asimétrica, en su mayoría tienen como objeto o efecto apalancar (subsidiar) el crecimiento o evitarles costos a los concesionarios no preponderantes.

Pero el subsidio de mayor magnitud y que causa el mayor desplazamiento anticompetitivo es la exclusividad de la que gozan el resto de los competidores “no preponderantes” de ofrecer triple play o convergencia digital plena, mientras Telmex permanece imposibilitado de ello desde hace más de 30 años.

Como consecuencia de la desregulación de tarifas, la liberación para ofrecer televisión y audio restringidos debe de ser el paso lógico siguiente, toda vez que el reconocimiento de la existencia de un entorno competitivo en cada una de las localidades satisface que las obligaciones previas han sido cumplidas y que el tránsito de una regulación ex ante a una ex post hace que ya no sea sostenible, realmente nunca lo fue, la limitante a ofrecer servicios de convergencia plena.

Pronto el conjunto o espectro de elección para todos los servicios digitales posibles se ampliará aún más en beneficio de los usuarios.

La presión entre los competidores será intensa, pero eso es precisamente lo que se debe fomentar, no aquella en medios y opiniones, sino en una respuesta en calidad y precios en un entorno digital completo e incluyente para todos los concesionarios y para todos los usuarios.


[1] “El AEPT reportó un total de mil 453 SAIB [acceso al bucle local que es un servicio mayorista de capacidad de transmisión entre el usuario final y un punto de interconexión para todo concesionario solicitante que lo requiere] de los casi 22 millones de acceso de banda ancha fija contratados a nivel nacional.” IFT, Comunicado de prensa 066/2021.

[2] IFT, Comunicado de prensa No. 066/2021.