Después de varios traspiés en los que intentó arreglar el diseño de la subasta, la Agencia de Promoción de Inversión Privada (Proinversión) de Perú suspendió la licitación por el espectro de 2.3 GHz y AWS-3 (1.7/2.1 GHz extendida).
A través de una circular, el Director del proyecto, Aldo Laderas, informó a los tres postores precalificados que el concurso público se detendría, sin que por ahora se conozca cuándo podría reactivarse.
Claro (América Móvil), Telefónica (Movistar) y Entel habían sido las tres empresas precalificadas para ofertar en la subasta. Pero manifestaron que las condiciones finales de la licitación dificultaban su participación en la puja, explicó Proinversión.
Mientras el proceso licitatorio está detenido, la agencia dijo que se coordinará con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para mejorar el diseño de la subasta, con el fin de asegurar la concurrencia de los postores.
La licitación por las bandas de frecuencias de 2.3 GHz y AWS-3 se mantuvo en un vaivén constante. En agosto de 2021, Proinversión postergó el proceso para diciembre y luego se volvió a aplazar. La última versión del cronograma preveía que este lunes 21 de febrero comenzaría la apertura de los sobres con las ofertas de las compañías anotadas.
Sin embargo, los defectos en el diseño del concurso, la falta de un estudio profundo sobre las condiciones del mercado y de una adecuada valoración del espectro radioeléctrico llevaron a suspender la subasta.
¿Qué sucedió con el diseño de la licitación?
Como parte del concurso, el objetivo del MTC y Proinversión era que las empresas conectaran con banda ancha móvil 4G a unas mil 561 localidades rurales, de las cuales al menos 118 se ubicarían en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, y en la selva peruana.
Aunque tres operadores se anotaron para participar en la licitación, las condiciones resultaban poco atractivas para las inversiones exigidas. Los especialistas indican dos factores principales: los problemas en el diseño de la subasta y la inestabilidad política e institucional.
Manuel Cipriano, especialista en telecomunicaciones, explica a DPL News que la suspensión se debe principalmente a los desaciertos en el estudio y en la definición de requisitos, pues las obligaciones de cobertura eran excesivas, tomando en cuenta la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19.
El valor base y las condiciones de cobertura móvil no reflejaban que la subasta por las bandas AWS-3 y 2.3 GHz era complementaria; es decir, que se usarían para fortalecer los servicios 4G que ya se están ofreciendo en el país.
“Todo ello denota un desconocimiento de nuestra realidad y poca seriedad en este proceso”, alerta el también expresidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
Virginia Nakagawa, socia fundadora de Nakagawa Consultores Regulatorios, puntualiza que las bases de la licitación establecían condiciones de cobertura medibles según los parámetros del Osiptel, con la posibilidad de que los operadores pudieran ser sancionados y multados si no los cumplían a cabalidad.
Esto, agrega la también exviceministra de Comunicaciones, generaba un gran riesgo para las empresas de telecomunicaciones y hacía inviable que expandieran su huella a las zonas rurales, donde es más complejo instalar infraestructura en comparación con las ciudades.
Además, ambos analistas exponen que la ley de velocidad mínima garantizada es otro elemento que terminó por asfixiar el concurso por las bandas AWS-3 y de 2.3 GHz. Las compañías debían brindar una velocidad mínima del 70 por ciento en relación con el nivel de rapidez contratado por los usuarios, como lo determina la nueva ley que el Congreso aprobó el año pasado.
Desde entonces, la industria y los expertos advertían que elevar el umbral de rapidez mínimo (de 40 a 70%) sería una barrera artificial para la infraestructura, la cobertura de servicios móviles y la entrada de nuevos competidores, pues exige invertir aún más en tecnología para prestar la capacidad fijada sin que haya un retorno atractivo para las inversiones.
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Por otro lado, Nakagawa y Cipriano coinciden en que la segunda razón de la detención del concurso público es resultado de la incertidumbre política que se vive en Perú, dado el cambio constante de autoridades en el MTC.
En casi siete meses desde que el presidente Pedro Castillo asumió el poder y nombró a su gabinete, el Viceministerio de Comunicaciones ha tenido a tres diferentes titulares, lo cual ha entorpecido la continuidad en la agenda de telecomunicaciones.
Lucas Gallitto, director de Política Pública de la GSMA para América Latina, dijo a DPL News semanas atrás que la licitación peruana incluía obligaciones de cobertura a costos altos. La contraprestación que debían cubrir los proveedores de servicios no reflejaba el valor real del espectro.
En ese sentido, el interés de los operadores por invertir en sus carteras de frecuencias para expandir la cobertura de servicios móviles se vio frenado por obligaciones onerosas de cobertura. Hasta este mes, la subasta lleva medio año de retrasos y ahora es incierto si podría realizarse pronto.
Manuel Cipriano señala que la pausa indefinida podría afectar los planes de cobertura y el cumplimiento de estándares de calidad de los servicios móviles, debido al crecimiento de la demanda y el deber de las empresas de cumplir con la velocidad mínima garantizada de 70 por ciento.
Proinversión y el MTC deberían reevaluar conjuntamente “los requisitos y condiciones establecidas en las bases de la licitación para que este proceso sea exitoso. Los problemas ya los han venido haciendo públicos todos los operadores y resultan razonables”, afirma el especialista.
“Se necesita mucho trabajo, pero es mejor tomarse el tiempo para mejorar el proceso y ofrecer algo que responda realmente a las expectativas del mercado, y así no volver a fracasar”, opina.
Incluso, Cipriano apunta que la licitación por las bandas de 2.3 GHz y AWS-3 podría empalmarse con la subasta 5G ―la cual se proyectaba inicialmente para este año―, ya que esto permitiría disponer del espectro de manera más eficiente y no demorar la modernización de las redes en el país.