La Comisión de Competencia de Australia defenderá su polémico estudio sobre la regulación de plataformas digitales

El gobierno australiano con el Partido Laborista a la cabeza está considerando cambiar la regulación para evitar prácticas desleales de competencia en las plataformas digitales. La Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) emitió en diciembre pasado un documento llamado Investigación sobre Plataformas Digitales, para sentar las bases para la competencia en la era digital.

En el estudio destacó que el poder sustancial de mercado de Google y Facebook puso en tela de juicio la validez de la información disponible y compartida en sus respectivas plataformas.

A través del Informe, la ACCC detalla que el mundo se encuentra en una posición en la cual el poder de mercado está en manos de un puñado de entidades y que deben rendir cuentas y colocarse bajo el microscopio de un examen adicional.

Para el organismo, es un momento justo para pensar el impacto de las plataformas digitales en la sociedad y, sobre todo, en el papel que desempeñan en el suministro de noticias y periodismo en Australia.

Las conclusiones del estudio publicado a fines del año pasado resultaron muy controversiales en diferentes sectores y aplaudida por reguladores en el mundo.

Luego de la publicación de este informe, la ACCC recibió las respuestas de los interesados y ahora deberá presentar sus propias perspectivas sobre el informe al Tesorero el 30 de junio.  

Según la ACCC, hay 19 millones de australianos que usan Google, 17 millones de acceso a Facebook y 17 millones ven YouTube. Más de la mitad del tráfico en los sitios web de noticias de Australia llega a través de Google y Facebook.

De acuerdo con el informe, el aumento de Google, Facebook y otras plataformas digitales se ha visto acompañado por presiones sin precedentes en las organizaciones de noticias tradicionales.

Además del poder de mercado, el informe destaca el impacto de las plataformas digitales en la publicidad, el riesgo de falta de provisión de periodismo de interés público, la regulación de neutralidad competitiva de los medios de comunicación con plataformas digitales y el control del consumidor sobre el uso de datos y privacidad.

Por eso hace una serie de recomendaciones preliminares para el sector. Una de las medidas más polémicas es que propone realizar una revisión independiente para abordar la insuficiencia de los marcos regulatorios de los medios actuales.

Es para pensar en diseñar un marco regulatorio que sea capaz de regular de manera efectiva y coherente la conducta de todas las entidades que desempeñan funciones similares en la producción y entrega de contenido, incluidas noticias y contenido periodístico.

En este punto cree que debe haber “reglas de contenido”, una suerte de esquema para clasificar o restringir el acceso al contenido, independientemente del formato de entrega. De aplicarse, esta idea podría generar mucho rechazo de organismos defensores de libertad de expresión en Internet.

Considera también que es necesario evaluar los efectos de las adquisiciones o fusiones en estos tipos de mercado por la cantidad de datos que concentran al realizar una operación como, por ejemplo, cuando Facebook compró Instagram.

También propone garantías de privacidad. La ACCC sostiene que las plataformas digitales generan ingresos al conocer a sus usuarios y dirigir la publicidad con mucha precisión. Según el organismo, el marco regulatorio actual no disuade efectivamente a ciertas prácticas de datos que explotan las asimetrías de información y los desequilibrios de poder de negocio que existen entre las plataformas digitales y los consumidores.

Por eso, la ACCC propone la creación de un derecho de cancelación y el requisito de “consentimiento expreso y aceptación”. También apoya la creación de un derecho civil a demandar por graves invasiones de privacidad. Además, la Comisión quiere que se aumenten las sanciones por incumplimiento de la Ley de Privacidad existente en Australia.

Asimismo, plantea la necesidad de que una nueva organización o una existente monitoree los intentos de las plataformas integradas verticalmente, como Google, de favorecer a sus propios negocios, para evitar que el motor de búsqueda privilegie en los resultados sus propios productos.

También este ente investigaría las quejas o iniciaría sus propias investigaciones para comprender cómo las plataformas están difundiendo noticias.

Otras recomendaciones incluyen procedimientos de eliminación de contenido que infringe los derechos de autor, implementando un código de prácticas para plataformas y cambiando las partes de la ley del consumidor que se ocupan de términos contractuales injustos.