ITURDF2026 | Regulación habilitadora y colaboración multisectorial, claves para acelerar la transformación digital en América Latina
América Latina necesita avanzar hacia marcos de regulación más flexibles, colaborativos y orientados a la innovación para impulsar la inversión, acelerar la transformación digital y reducir las brechas de conectividad, en eso coincidieron expertos que participaron en el Foro Regional de Desarrollo para las Américas 2026 (RDF-AMS) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que se desarrolló en Cartagena, Colombia.
La comisionada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, Claudia Bustamante, destacó que el desafío actual no se limita al despliegue de infraestructura, sino a generar una conectividad significativa capaz de producir cambios reales en la sociedad y contribuir al cierre de las brechas digitales.
Como contexto, Bustamante recordó que el ICT Regulatory Tracker de la UIT muestra importantes diferencias en la madurez regulatoria de los países de la región. Actualmente, 10 países de las Américas se encuentran en la categoría más avanzada (G4), mientras que en el benchmark G5 de transformación digital únicamente Canadá, Brasil y Estados Unidos son considerados líderes.
Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) de El Salvador, afirmó que “la regulación con las leyes no pueden ser un freno o un obstáculo a la inversión. Al contrario, deben generar más beneficios que costos”, tanto para empresas como para ciudadanos.
La funcionaria explicó que El Salvador ha desarrollado una agenda digital que incluye normativas sobre ciberseguridad, Inteligencia Artificial (IA), protección de datos personales, comercio electrónico y eliminación de barreras burocráticas. Además, destacó la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial y de la Agencia de Ciberseguridad del Estado.
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Según Gómez, “el país ya está implementando herramientas basadas en IA para facilitar inversiones y mejorar la eficiencia administrativa. Entre ellas mencionó la plataforma NX, utilizada para análisis territorial y planificación de inversiones, así como el sistema Sí Mejora, que permite construir diagramas de procesos mediante IA en menos de un minuto”.
Por su parte, Juan José Pimiento, director de Tecnologías Emergentes de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá, defendió un enfoque gradual para la regulación de tecnologías emergentes.
A su juicio, “no necesariamente cuando tienes tecnologías emergentes, es una buena idea regular primero y después experimentar. En Panamá estamos desarrollando una legislación adaptativa sobre IA y promoviendo mecanismos de innovación regulatoria como los sandboxes, con participación del sector público, privado, académico y de investigación, con el objetivo de comprender mejor los impactos de las nuevas tecnologías antes de definir reglas definitivas”.
Dustin Santos, director de Regulación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Honduras, anunció que el país trabaja en una profunda reforma de su legislación de telecomunicaciones, vigente desde 1995.
“La nueva normativa busca evolucionar desde modelos regulatorios prescriptivos hacia esquemas basados en principios, colaboración e innovación. Queremos una ley que no sea para los próximos cuatro años de gobierno, ni para los próximos 10 años. Queremos una ley con miras de 15 a 20 años hacia el futuro”, aseguró.
Además, adelantó que Honduras trabaja en una estrategia nacional de ciberseguridad, una nueva ley especializada en esta materia y una reorganización institucional, y prevé realizar una subasta multibanda de espectro para acelerar el despliegue de servicios 4G y 5G el próximo año.
Desde la perspectiva de la industria, José Gutiérrez Salazar, director senior de Asuntos Legales y Regulatorios de Liberty, subrayó que tanto reguladores como operadores comparten el objetivo de “conectar más personas más rápido y al menor costo”.
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El ejecutivo sostuvo que muchas de las normas actuales fueron diseñadas cuando Internet apenas comenzaba a desarrollarse y que hoy resulta necesario avanzar hacia una regulación basada en principios y no en tecnologías específicas.
“La industria necesita seguridad jurídica, previsibilidad y condiciones equitativas para todos los actores del ecosistema digital”, insistió Gutiérrez.
Ante esa realidad, aseguró que “la mejor regulación no es la que genera más expedientes, es la que conecta a más personas”.
En tanto, Mercedes Aramendía, directora ejecutiva de Dig.ia-lac, insistió en que la regulación debe entenderse como una herramienta de desarrollo económico y social.
“La regulación la tenemos que ver con una lógica habilitadora”, señaló, argumentando que las normas deben fomentar competitividad, productividad e inclusión, evitando generar barreras artificiales para la inversión y la innovación.
Aramendía destacó ejemplos internacionales como Japón y Singapur, donde los marcos regulatorios han facilitado el crecimiento digital mediante enfoques graduales, proporcionales y colaborativos. En contraste, advirtió que regulaciones excesivas pueden provocar la migración de infraestructura digital e inversiones hacia otros mercados.
Los panelistas coincidieron en que la regulación debe evolucionar al mismo ritmo que las tecnologías emergentes, sin convertirse en un obstáculo para el desarrollo económico.