La empresa de telecomunicaciones Levikom impugnó el fallo del Tribunal de Circuito de Tallinn, Estonia, que le da la razón al Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones (MKM) por incluir sólo tres bandas de frecuencia en la subasta 5G del país, y pasar el asunto a la Suprema Corte. Aunque el Ministerio también fue convocado por un Comité Selecto del Riigikogu (parlamento).
Levikom cumplió su promesa de apelación hecha en diciembre del año pasado, cuando el Tribunal aseguró que el Estado estaba en todo su derecho de emitir el número de permisos antes mencionado. A pesar de que la licitación se ha suspendido por el momento, el Ministerio considera que la demora no será perjudicial, pese a que esto haya retrasado en consecuencia el desarrollo de las redes 5G.
De acuerdo con el portal de noticias ERR, la Suprema Corte aseguró que la queja de la compañía de telecomunicaciones se registró el 10 de enero, pero aún no se sabe si decidirá escuchar el asunto o cuándo lo hará. La discusión principal es si la emisión de tres permisos en vez de cuatro constituye una restricción a la libertad empresarial y si está de acuerdo con la ley.
La postura de Levikom sostiene que la regulación no ha sido redactada adecuadamente y esos tres permisos emitidos satisfacen únicamente los intereses de los proveedores Telia, Elisa y Tele2. Las quejas han hecho que el Comité Selecto Anticorrupción del Riigikogu se interese en el asunto, pues su presidenta Katri Raik indicó que quieren saber “si la competencia ha sido lo suficientemente transparente”.
Si bien no se descubrieron grandes fallas en cómo se manejó la competencia, sí hubo algunos comentarios, y por ello se le hará una invitación también al Comité de Asuntos Económicos y Defensa Nacional del Riigikogu a participar en los procedimientos, añadió Raik.
La portavoz del MKM, Laura Laaster, hizo hincapié en que dos instancias judiciales encontraron que el Ministerio no violó la ley o restringió la competencia en los 3.6 GHz. “El Ministerio siempre ha actuado con base a consideraciones del mercado de comunicaciones e intereses nacionales”, declaró.
La sentencia del Tribunal de septiembre de 2019 argumentó que, debido a que Levikom no había presentado informes anuales auditados los últimos dos años y debía impuestos, “la compañía no tenía ninguna razón para impugnar los permisos que se ponen en la subasta”. Dicha deuda aumentó también la molestia del Comité Anticorrupción, “pues es vista como un argumento serio en contra de permitirles participar en la licitación”, aseguró Raik.
Por su parte, el CEO de Levikom, Peep Põldsamm, comentó a ERR que esos no eran puntos a discutir. “Es es tan ilógico y fuera de lugar. El caso judicial no se refiere a los derechos y obligaciones de Levikom, se trata de garantizar un mercado libre para los servicios de comunicaciones de próxima generación”, explicó.
