Reforma Jorge F. Negrete P.
¿El mundo que desaparece es el analógico? No, pero el digital tomará las riendas de nuestros actos económicos, jurídicos, culturales y sociales. Las reformas que presentó el Presidente de la República para desaparecer el IFT, el INAI y su estructura para la protección de datos personales e incluso la desaparición de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), deben ser entendidas como una propuesta programático política, alejada de un efecto inmediato en el sector, pero que presenta formalmente:
- La visión digital de la siguiente administración.
- Propone una dimensión de cambio jurídico constitucional y administrativo.
- Manda un mensaje claro, lleno de incetridumbre al sector de infraestructura digital, así como al de productos y servicios digitales.
- Presenta el escenario donde, de ganar Claudia Sheinbaum, describe el tipo de certeza jurídica para las inversiones en este sector, incluida la relocalización o nearshoring.
- Anticipa escenarios peligrosos en materia de derechos humanos y sociedad digital, libertad de expresión, acceso a Internet, derecho a la información, libertad de prensa, acceso a la información y privacidad.
Presentada esta propuesta, pronto deberemos conocer las respectivas del equipo de Xóchitl Gálvez.
Lo cierto es que el actual marco legal de la reforma constitucional de 2013, es una reforma profundamente rebasada, es una reforma que limita el crecimiento del sector, una regulación para una sociedad que transitaba de 3G a 4G hace 11 años y que nada tiene que ver con la realidad digital y de infraestructura que vivimos y necesitamos.
Conceptos como la interconexión dejaron de ser relevantes e incluso áreas de regulación como competencia económica, que deberían ser temporales y ejecutivas, se incorporaron en la Constitución, distorsionando el sistema de competencia, destruyendo los incentivos para la innovación, inversión, la cobertura y la inclusión digital.
Poner y abandonar en la Constitución conceptos como preponderancia han causado un daño al desarrollo del sector invaluable pero, sobre todo, al retraso en la inclusión digital, lo cual ha sido una tragedia digital de nuestra época.
La preponderancia canceló ipso iure el derecho de los ciudadanos a recibir televisión por un operador y ejercer su derecho a la información y acceso a la información. Se canceló la pluralidad de opinión y más espacios para ejercer la libertad de prensa y de expresión. Es decir, su impacto se extiende a principios básicos de las instituciones democráticas y republicanas.
Algunos de los actores que cabildearon esa iniciativa ya no son operadores de telecomunicaciones y otros ya se fusionaron con todas las empresas que deberían hacerlo, adquiriendo la capacidad de gigantes. Si la regulación hubiera sido temporal y fuera gestionada bajo la competencia absoluta del IFT, tendríamos efectos totalmente distintos.
Pero, ¿qué necesita el sector?: Institucionalidad.
- Bajar los precios del espectro radioeléctrico. Es un crimen contra la conectividad los precios del espectro. Buena parte de la cobertura que el país necesita ya habría sido desarrollada. La Inteligencia Artificial, base de la nueva competitividad global, necesita montañas de espectro e infraestructura.
- Fortalecer la independencia del IFT con dos decisiones. Primero, desaparecer el régimen de preponderancia y facultar al IFT con todas las capacidades del derecho de la competencia. Nombrar los comisionados faltantes y fortalecer su autonomía técnica, política y jurídica.
- Reconstruir las capacidades de política pública moderna y crear la Secretaría de Transformación Digital, Ciencia y Tecnología.
- Crear la Oficina mexicana de protección de datos personales, fuera del INAI.
- Crear la autoridad nacional de ciberseguridad.
- Fortalecer las facultades de la procuraduría del consumidor en materia digital.
No se puede entrar a una sociedad digital sin certeza jurídica a inversiones ni respeto a los derechos humanos.
Presidente de Digital Policy & Law
X / @fernegretep
