Honduras aprueba reforma a ley telecom que pone en riesgo el cierre de la brecha digital
Sin ningún debate de por medio y durante el último día de la Legislatura 2018-2022, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones que pondría en riesgo la conectividad y el cierre de la brecha digital.
Los diputados y las diputadas dieron luz verde a un cambio en la definición de las aportaciones al Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información y Comunicación (FITT).
Como adelantó DPL News, la reforma establece que en adelante sólo “los operadores concesionarios” de servicios públicos de telecomunicaciones estarán obligados a entregar el 1 por ciento de sus ingresos brutos mensuales al Fondo. La normativa anterior señalaba que los operadores eran todos aquellos “operadores de servicios públicos”.
Esta modificación significa que únicamente Claro, Tigo y Hondutel tendrán que aportar recursos al FITT, mientras que quedarán exentos los proveedores de suscripción y medios interactivos, de servicios de Internet, de transmisión y conmutación de datos, los comercializadores tipo “sub-operador” y los operadores audiovisuales.
Prácticamente, el dictamen aprobado en el Congreso deja a los operadores móviles como los únicos sustentos del Fondo, el cual fue concebido como un instrumento para financiar planes, programas y proyectos que faciliten el acceso y servicio universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Las principales asociaciones gremiales advirtieron las consecuencias de haber autorizado dicha reforma, sin desarrollar un diálogo con las distintas partes interesadas ni analizar el impacto que tendrá sobre el sector y el desarrollo de las telecomunicaciones.
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A través de su cuenta de Twitter, la GSMA alertó que “la modificación efectuada acentúa la disparidad y asimetría entre los agentes del ecosistema digital, y puede atentar contra inclusión digital de los hondureños”
También la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) coincidió en que “el cambio en los aportes al FITT elimina la responsabilidad de contribución de algunos operadores, lo que resta sostenibilidad y genera asimetrías”.
Y agregó que una reforma de este tipo “merecía un estudio técnico detallado, transparente y debido debate de la sociedad hondureña sobre las implicaciones”. No hubo ninguno de estos dos elementos, pues el tema de un inminente cambio a la ley sectorial comenzó a difundirse tras camerinos y sin muchos detalles en los últimos días.
El FITT ya había mostrado síntomas de una “operación limitada” y de poca transparencia, de acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo. Debería ser un instrumento valioso para financiar proyectos de conectividad, subsidiar servicios para la población que no puede costearlos y abonar al cierre de la brecha digital, pero en la práctica la rendición de cuentas ha sido escasa.
La reciente reforma deja aún más reducido al Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y pondrá en peligro algunos importantes proyectos que se han financiado con sus recursos, relacionados con el acceso a Internet en las escuelas, la implementación de banda ancha a nivel nacional y el gobierno electrónico.
A unos cuantos días de que se instale la nueva Legislatura del Congreso el 25 de enero, los diputados y las diputadas aprovecharon para dar luz verde a una serie de cambios normativos que abarcan tanto al sector de telecomunicaciones como a varios otros, sin difusión públicas de las iniciativas o dictámenes ni un diálogo previo.
