GSMA advierte riesgos ante propuesta para crear registro de usuarios móviles en Honduras
El Congreso Nacional busca aprobar un proyecto de ley que plantea la creación de un registro de usuarios y que los operadores entreguen información sobre las llamadas de sus clientes.
Ante el avance de la iniciativa de la llamada ley de escuchas, la GSMA advirtió que, de aprobarse, dicha ley generaría graves riesgos para la privacidad de las personas y afectaría la inclusión digital en un país con déficit de conectividad.
El Congreso Nacional de Honduras está debatiendo un controvertido proyecto de Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones, o también llamada “ley de escuchas”, que plantea la creación de una base de datos de usuarios móviles administrada por el gobierno y otras medidas para acceder a la información de la población.
La organización mundial de operadores móviles alertó que las medidas contempladas por el proyecto “abren las puertas a la vulneración de los derechos a la privacidad y protección de datos de la población hondureña”.
Uno de los problemas que observa la GSMA en la iniciativa es que la base de usuarios móviles que se pretende crear sería manejada por actores gubernamentales, quienes no tienen las facultades para llevar a cabo dicha tarea.
Además, las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a entregar a las autoridades información sobre las comunicaciones de sus clientes sin que exista de por medio una orden judicial.
Destacado: Honduras regulará venta de tarjetas SIM para combatir el crimen organizado
Recién el miércoles 26 de julio, el Congreso Nacional se reunió para debatir la propuesta de Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones por tercera ocasión. Ahí, los diputados a favor del proyecto sostuvieron que el objetivo de la ley es combatir la incidencia de delitos en el país.
En especial, se piensa que la base de datos de usuarios de telefonía móvil sería un mecanismo para luchar contra delitos como la extorsión que afecta a la ciudadanía y las empresas de todos los sectores, debido a que se suelen utilizar llamadas desde dispositivos móviles para las extorsiones.
Rafael Sarmiento, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, dijo que “esta es una ley para ordenar el uso de teléfonos celulares y combatir el delito de extorsión”, la cual se formuló a raíz de la petición del sector de transporte acerca de intensificar las acciones contra la inseguridad en el país.
En opinión del diputado, las alegaciones contra la propuesta ―respecto a que daría pie a la intervención de las comunicaciones privadas―carecen de fundamento y han tergiversado los objetivos reales, por lo que puntualizó que espera que la ley pueda contar con el apoyo de todos los congresistas.
Sin embargo, la GSMA recordó que la experiencia internacional ya ha mostrado cuáles son los peligros de aprobar una disposición de este tipo. Como ejemplo, señaló que en México se creó un registro de usuarios de telefonía móvil años atrás que fue descontinuado debido a la falta de resultados.
Te recomendamos: 4 temores del IFT que hacen del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil una mala idea
México creó un Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones en 2008 con la misma meta de que fuera una herramienta para combatir los delitos. Pero dicho padrón se eliminó en 2011 porque en la práctica no contribuyó al objetivo para el cual se estableció, y aunado a ello los datos de los usuarios se vendieron en el mercado negro.
La GSMA también señaló que los requisitos técnicos que contempla el proyecto de ley de escuchas de Honduras resultan inviables para su implementación por parte de los operadores de telecomunicaciones.
Aunque la industria móvil “comparte el objetivo de garantizar un entorno seguro para los usuarios”, la asociación advirtió que la propuesta que se está debatiendo no tomó en cuenta los resultados de las conversaciones y consensos que se tuvieron con el sector de telecomunicaciones.
En ese sentido, reiteró que como organización la GSMA se pone a disposición de la industria y del Congreso Nacional para poder llevar a cabo el debate de un texto de ley que sí beneficie y proteja los derechos de las personas usuarias.
