La adopción de Inteligencia Artificial (IA) en América Latina ya no depende únicamente de la tecnología disponible, sino de la capacidad de las organizaciones para transformar su cultura empresarial y seleccionar los casos de uso correctos, coincidieron Eduardo López, presidente de Google Cloud en América Latina; Julio Velázquez, director general de Google Cloud en México, y Fernando Mollón, VP Multi-Country (excepto México y Brasil) de Google Cloud.

“El boom de los agentes no quiere decir que impacte automáticamente a la empresa. Ahora empieza otro proceso que es evaluar el impacto económico real”, explicó Eduardo López. Según el ejecutivo, el mercado está entrando en una segunda ronda de la vida de los agentes, donde las empresas deben estructurar temas de cumplimiento, gobernanza y acceso a la información para identificar qué herramientas realmente impactan el negocio.

La pandemia de 2019-2020 obligó a la región a acelerar su estructuración de datos para entender a los clientes en un entorno remoto. “Latinoamérica hizo un salto en lo que es la transformación de datos porque estaba muy atrasada”, recordó López. En ese sentido, aquellas empresas que lograron organizar sus datos en Data Lakes han podido avanzar con mayor velocidad hacia la era agéntica.

Casos de éxito en la región

Los sectores que lideran la adopción de IA en Latinoamérica son salud, retail y finanzas, debido a los grandes volúmenes de datos que manejan. Entre los casos destacados se encuentran los siguientes:

Liverpool, la cadena departamental más grande de México, utiliza IA para análisis de datos y atención al cliente mediante sistemas de Customer Experience. En el sector bancario, López resaltó el caso de un banco que, mediante agentes, logró detectar 80% de los casos de fraude de forma proactiva.

Kavak, startup mexicana dedicada a la compra-venta de autos de segunda mano y que recientemente recibió una financiación de 300 millones de dólares, utiliza la IA para la generación de imágenes en su inventario, con la expectativa de utilizar soluciones basadas en esta tecnología para impulsar las ventas.

En el sector público, Google Cloud apoyó al gobierno de El Salvador a implementar un sistema de videoconferencia e IA para ayudar a médicos generales a atender 23,000 consultas remotas por día .

La barrera cultural y el upskilling

López enfatizó que la principal barrera para la evolución de las empresas no es técnica, sino transformacional. “Es más la barrera cultural, el upskilling que debes tener en tu gente para que realmente aproveche la tecnología”, indicó. En este sentido, Google ofrece entrenamientos gratuitos sobre Gemini Enterprise para sus clientes, con asistencias de hasta 5,000 personas por semana.

El objetivo final es que las organizaciones no sólo automaticen tareas, sino que logren “reinventar el proceso”. De acuerdo con los directivos, se requiere fomentar una cultura de experimentación donde se permita probar y fallar como parte del proceso de aprendizaje.

Seguridad y gobernanza: Agent Identity

En cuanto a la seguridad de los procesos y datos alojados en Google Cloud, Julio Velázquez resaltó la adquisición de Wiz, que permite reforzar su capacidad para garantizar seguridad en ambientes on-premise y multi-cloud.

Durante el pasado Google Cloud Next 26, la compañía anunció Agent Identity, una funcionalidad diseñada para que los agentes se identifiquen entre sí y regulen el acceso a la información. Esto evita que una persona sin derechos pueda “construir un agente y acceder a información” dentro de la empresa, explicó.

Visión a futuro y regulación

El plan de Google en la región es de crecimiento continuo, habiendo multiplicado su número de clientes de 10 a 15 veces desde 2019. Respecto a la regulación, López identificó cuatro pilares para el desarrollo de un país: infraestructura, educación, innovación y regulación. Advirtió que la legislación debe ser no restrictiva, ya que una normativa punitiva se convierte en un “freno digital” que resta competitividad frente a otros mercados.

El directivo destacó también la resiliencia de América Latina, que pese a crisis económicas o políticas, ha logrado mantener un crecimiento y adopción constante de tecnología, que al mismo tiempo ha fortalecido el compromiso de la compañía con la región.

El despliegue de 5G, el aumento en la penetración de Internet y la consolidación de inversiones por más de 1,550 millones de dólares en el sector móvil marcaron el avance de la transformación digital en Ecuador durante 2025, así lo revela el balance presentado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel).

De acuerdo con Roberto Kury, titular de Mintel, uno de los principales hitos fue la entrada en operación de la tecnología 5G en el país, junto con la renovación de los títulos habilitantes para las operadoras Claro y Movistar —esta última ahora bajo operación de Millicom—, que se extenderán hasta 2038 e incluyen compromisos de inversión para fortalecer la conectividad y la calidad del servicio en el país.

Durante la presentación de rendición de cuentas, el ministro destacó la expansión de la tecnología móvil de quinta generación. “La meta inicial era cerrar el 2025 con 30 radiobases 5G, pero el esfuerzo articulado permitió alcanzar 233 radiobases 5G al finalizar el año”, afirmó Kury.

Este crecimiento, dijo, “permitió fortalecer la competitividad del país, mejorar la experiencia de los usuarios y acelerar la digitalización de servicios en distintos sectores productivos”.

En paralelo, los indicadores de acceso reflejaron una expansión sostenida. La penetración de conectividad 4G pasó de 80.58% en 2024 a 83.39% en 2025, mientras que el número de localidades conectadas se incrementó de 3,326 a 4,351, tras la repotenciación de 1,025 zonas. Asimismo, la penetración de Internet fijo creció de 83.06% a 85.43%, y el Internet móvil alcanzó 12.1 millones de usuarios frente a los 11.7 millones registrados el año anterior.

Además de la conectividad, el ministro destacó los logros en transformación digital, gobierno electrónico y cooperación internacional.

Respecto a la transformación digital, Kury destacó el rol que cumplen los Puntos Digitales Gratuitos en Ecuador, que pasaron de 916 a 986. A través de este proyecto, el país alcanzó 369,000 personas capacitadas en 2025, versus 287,000 en 2024, y las visitas pasaron de 5.3 a 5.8 millones. Además, se logró capacitar a 32,900 pymes y emprendedores a través de la herramienta EmpoderaTech.

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Roberto Kury anunció que el Mintel trabaja en la Estrategia Nacional de Comercio Digital 2030 que será presentada este año, para fortalecer la cadena de valor completa del comercio en Ecuador.

A estas acciones se suman programas como bootcamps y becas TIC para garantizar el desarrollo y la formación de habilidades digitales de los ecuatorianos, desde las generaciones más jóvenes hasta las personas de la tercera edad.

El titular de Mintel también destacó la presentación de su política pública para el desarrollo ético de la Inteligencia Artificial (IA) que busca ordenar, guiar y acelerar la adopción de esta tecnología en el país, bajo un enfoque que prioriza la protección de derechos fundamentales, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.

En cuanto al gobierno electrónico, sobresalió la participación de 160 instituciones del Estado que se comprometieron con la simplificación regulatoria y un total de 499 trámites simplificados en todo el territorio nacional.

Asimismo, se destacó el trabajo de protección de datos que, según Kury, se neutralizaron 456 incidentes de ciberseguridad que buscaban vulnerar la privacidad de datos de los ciudadanos.

Por último, sobre cooperación internacional, Roberto Kury destacó el incremento de 33% en los instrumentos de cooperación en áreas de tecnología.

En específico, se presentaron 8 instrumentos internacionales suscritos, 9 proyectos de cooperación en ejecución, 8 asistencias técnicas gestionadas y 19 grupos técnicos internacionales activos en áreas como IA, ciberseguridad, interoperabilidad y gobierno digital e innovación tecnológica y economía digital.

El régimen especial para Data Centers (Redata) propuesto en el PL 278/2026 surge en Brasil como una respuesta tardía y aún incompleta a una disputa que ya no es sólo económica, sino geopolítica.

La propuesta, que sucedió a la medida provisoria emitida en 2025 y que perdió vigencia en febrero de este año, sigue en trámite en la Cámara de Diputados en régimen de urgencia desde entonces, pero sin avances concretos hasta el momento. Mientras tanto, el mercado continúa moviéndose.

Según el propio texto del proyecto, cerca del 60% de las cargas digitales nacionales están fuera del país, lo que implica no sólo un déficit económico, sino también vulnerabilidad estratégica y, evidentemente, dependencia de infraestructura externa.

La justificación del proyecto también evidencia este punto: Brasil ocupa apenas el décimo lugar en el mercado mundial de Data Centers, con alrededor del 2% de participación global, detrás de países como Japón y Países Bajos, un nivel de participación aún bajo que no refleja el tamaño de su mercado ni las condiciones que el país reúne.

Este desajuste entre política pública y dinámica de inversión es, probablemente, el principal riesgo para el posicionamiento de Brasil. Es en este punto donde el Redata se presenta como un instrumento de política industrial orientado a internalizar esa capacidad.

Al reducir el costo de implementación mediante la suspensión de impuestos sobre equipos e infraestructura, y exigir contrapartidas como el uso de energía renovable, inversión en I+D y una oferta mínima de capacidad al mercado doméstico, el proyecto busca equilibrar la atracción de capital extranjero con cierto nivel de captura de valor local.

Pero este movimiento ocurre en un mercado regional que crece rápidamente, con capital ya en desplazamiento y una competencia creciente entre países por atraer estas inversiones, donde el costo no es el único factor decisivo.

Un informe reciente de Research and Markets indica que el sector de colocation en América Latina crece a tasas superiores al 20% anual, con previsión de alcanzar los US$ 3,700 millones ya en 2026 y casi duplicarse hacia el final de la década.

Este crecimiento está impulsado principalmente por Brasil y México, que concentran la mayor parte de la demanda y de las inversiones de hyperscalers como AWS, Google y Microsoft. Al mismo tiempo, otros mercados como Chile y Colombia comienzan a posicionarse como alternativas viables.

En este escenario, Brasil parte de una posición privilegiada: cuenta con el mayor mercado consumidor de la región, infraestructura de conectividad consolidada y una matriz energética con fuerte participación de fuentes renovables, un activo cada vez más relevante. La energía, al fin y al cabo, también es un factor decisivo en la localización de la computación a gran escala.

El problema es que esta ventaja viene acompañada de un cuello de botella estructural que el Redata no resuelve.

La principal restricción al avance de los Data Centers en América Latina hoy no es la falta de demanda ni de capital, sino la infraestructura energética. En el caso brasileño, esto se traduce en largos plazos de conexión a la red, limitaciones en la expansión de la transmisión y dificultades de acceso a energía firme en regiones como São Paulo, donde se concentra la mayor parte de los proyectos.

Los operadores ya responden a esto mediante contratos directos de energía renovable (PPAs), inversión en generación propia y soluciones de almacenamiento.

El Redata reconoce parcialmente este problema al exigir que los emprendimientos sean abastecidos por fuentes limpias, pero desplaza la solución al nivel del proyecto individual, sin abordar la planificación energética de forma integrada. Esto crea una paradoja: incentiva la instalación de infraestructura intensiva en energía sin garantizar las condiciones estructurales para su funcionamiento.

Y, dicho sea de paso, Brasil se ha vuelto especialista en crear soluciones con trabas. El propio Redata también se ve afectado por otra medida que elevó los aranceles de importación sobre servidores, equipos de red, semiconductores y circuitos integrados, con tasas de entre 7.2% y 25%. Es decir, por un lado se suspenden impuestos para la instalación de Data Centers, pero por otro se incrementan los costos.

Más allá de estos problemas, lo que emerge de este conjunto de factores es un escenario en el que Brasil, por primera vez, reúne condiciones reales para posicionarse como un hub digital relevante no sólo en América Latina, sino a nivel global. Tiene mercado, conectividad, energía potencialmente competitiva y presión regulatoria.

El Redata avanza en la dirección correcta al intentar convertir estas condiciones en política pública, pero su diseño y su lenta tramitación terminan por trabar agendas que hoy son inseparables: energía, industria y soberanía digital. La disputa, en definitiva, no es sólo por atraer Data Centers, sino por definir qué papel ocupará el país en la economía digital.

El accidente aéreo que conmocionó a Brasil este lunes 4 de mayo era operado por iNet Telecomunicações, un proveedor de Internet con sede en Teófilo Otoni, en la región norte de Belo Horizonte en el estado de Minas Gerais. El piloto de la aeronave y un pasajero murieron tras impactar contra un edificio residencial. Otras tres personas resultaron heridas.

La empresa, que opera en el Valle del Mucuri con servicios de banda ancha, telefonía y televisión por suscripción, se pronunció mediante una nota en redes sociales, solidarizándose con las víctimas y poniéndose a disposición de las autoridades para aclaraciones.

“Nota de esclarecimiento y solidaridad

Inet manifiesta su profundo pesar por el accidente aéreo ocurrido este lunes, 04 de mayo, en Belo Horizonte, y se solidariza con todas las víctimas, heridos, familiares y amigos afectados por esta tragedia.

En este momento de dolor, repudiamos la circulación de informaciones falsas, especulaciones y noticias no confirmadas sobre las personas involucradas en el accidente. La difusión irresponsable de rumores aumenta el sufrimiento de las familias y falta el respeto a todos aquellos que enfrentan este momento tan difícil.

Pedimos que todos actúen con responsabilidad, empatía y respeto, buscando informaciones en fuentes oficiales.

Nuestras oraciones están dirigidas a los heridos, para que tengan una pronta recuperación, y a las familias en duelo, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias.

Reiteramos que Inet está a disposición de las autoridades competentes para colaborar con toda la información necesaria.”

Según se ha informado, el monomotor era un modelo Neiva EMB-721C, fabricado en 1979, con capacidad para cinco pasajeros, pero en el momento del accidente transportaba a cuatro personas.

El registro de la aeronave pertenece a una persona física y operaba bajo normas de aviación privada. La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) confirmó que el avión no tenía autorización para operar como taxi aéreo.

O acidente aéreo que chocou no Brasil nesta segunda-feira (4), era operado pela iNet Telecomunicações, provedora de internet sediada em Teófilo Otoni, região norte de Belo Horizonte. O piloto da aeronave e um passageiro morreram ao atingirem um prédio residencial. Outras três pessoas ficaram feridas.

A empresa que atua no Vale do Mucuri com serviços de banda larga, telefonia e TV por assinatura, se manifestou em nota pelas redes sociais se solidarizando com as vítimas e se colocando à disposição das autoridades para esclarecimentos.

Conforme repercutido, o monomotor era um modelo Neiva EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para cinco passageiros, mas no momento do acidente transportava quatro pessoas. 

O registro da aeronave é de pessoa física e operava sob regras de aviação privada. A Agência Nacional de Aviação Civil  (Anac) confirmou que o avião não tinha autorização para funcionar como táxi aéreo.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, implementó una polémica herramienta de vigilancia en las computadoras de sus empleados en Estados Unidos para entrenar sus modelos de Inteligencia Artificial (IA), informaron sitios de noticias como Reuters y The Information.

De acuerdo con las publicaciones, la herramienta, denominada Model Capability Initiative (MCI), registra las pulsaciones de teclas, los movimientos del ratón, los clics e incluso realiza capturas de pantalla ocasionales en aplicaciones relacionadas con el trabajo. 

El objetivo, de acuerdo con comunicados internos a los que accedieron los medios citados, es recopilar “ejemplos reales de cómo las personas usan las computadoras” para mejorar las deficiencias de los modelos de IA en tareas humanas, como la navegación por menús desplegables.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, defendió la medida en una reunión interna, argumentando que el monitoreo de la actividad del personal de su compañía, a quienes considera de “inteligencia significativamente más alta” que la de los contratistas de datos, es una fuente de entrenamiento de mayor valor para ganar ventaja sobre sus rivales. Esta justificación crítica fue reportada por The Information.

La noticia sobre este aumento en la vigilancia ocurre mientras Meta se centra en la creación de Agentes de IA capaces de realizar tareas laborales de forma autónoma, lo que ha generado preocupación entre los empleados.

Además, de acuerdo con los reportes, la compañía planea despedir a cerca del 10% de su fuerza laboral global, con recortes que comenzarán a partir del 20 de mayo. 

Los detalles sobre el software de seguimiento y los recortes de empleo fueron informados previamente también por Reuters. Un vocero de Meta aseguró que los datos del MCI no se usarán para evaluaciones de desempeño y que se han implementado medidas para proteger el “contenido sensible”.

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o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovaram uma lei que endurece as penas para crimes que danificam ou afetam a infraestrutura de telecomunicações.

Publicada nesta segunda-feira, 4 de maio, no Diário Oficial da União , a Lei nº 15.397 introduz alterações ao Código Penal para proteger a infraestrutura e os serviços de telecomunicações, com foco no endurecimento das penas para roubo de equipamentos e interrupção de serviços.

A lei estabelece penas de prisão específicas de 2 a 8 anos, além de multa, para quem furtar elementos essenciais para a conectividade, entre eles, fios, cabos e equipamentos de transmissão.

A nova lei também aumenta as penas quando o objeto do furto ou roubo for equipamento pessoal ou profissional, incluindo celulares, computadores (laptops e tablets) ou qualquer dispositivo eletrônico ou computacional similar. Se algum desses itens for furtado, a pena é de prisão de 4 a 10 anos e multa.

A lei também modifica o artigo 266 do Código Penal, que trata da interrupção ou perturbação dos serviços telegráficos, telefônicos, informáticos ou telemáticos, considerados serviços de utilidade pública .

Nesses casos, a pena aplicada é de prisão de 2 a 4 anos e multa. A pena será dobrada se o crime envolver o roubo, dano ou destruição de equipamentos instalados em estruturas utilizadas para a prestação de serviços de telecomunicações .

Por fim, a legislação define e pune com mais rigor os golpes cometidos por meios digitais, incluindo fraudes perpetradas por meio de redes sociais, contatos telefônicos, e-mails fraudulentos ou duplicação de dispositivos e aplicativos de internet. A pena para essas formas de fraude eletrônica varia de quatro a oito anos de prisão e multa.

Pressão sobre redes críticas

O Brasil está endurecendo as penalidades em resposta ao aumento de roubos e vandalismo na infraestrutura de telecomunicações, particularmente em cabos de cobre e equipamentos ativos, que afetam a continuidade do serviço e elevam os custos operacionais para as operadoras.

Segundo a GSMA , os ataques à infraestrutura crítica — incluindo as telecomunicações — geram prejuízos de milhões de dólares por ano e podem comprometer serviços essenciais , desde comunicações de emergência a operações financeiras e serviços públicos digitais.

Em nível latino-americano, esse fenômeno se intensificou devido ao valor de revenda de materiais como o cobre e à expansão das redes em áreas com menor vigilância.

No caso do Brasil, dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e relatos de operadoras documentam milhares de incidentes anuais relacionados ao roubo de cabos e equipamentos, que impactam diretamente a qualidade do serviço , especialmente em redes de backhaul fixas e móveis .

Esse tipo de crime causa transtornos e também atrasa a implantação de novas tecnologias, como o 5G ou a fibra óptica.

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Após anos de expansão acelerada por provedores regionais, favorecidos por um ambiente regulatório flexível, o setor de banda larga fixa no Brasil começa a se consolidar em ritmo cada vez mais acelerado, segundo uma análise recente da Ookla.

Durante a última década, o Brasil se tornou um polo regulatório para pequenos provedores, que aproveitaram incentivos como menores encargos regulatórios e condições favoráveis ​​de acesso no atacado para implantar redes, principalmente de fibra óptica, em cidades de médio porte e áreas carentes de serviços.

Esse fenômeno resultou em um mercado altamente fragmentado: estima-se que existam entre 10.000 e 19.000 ISPs (provedores de serviços de internet) no país , e que as pequenas operadoras concentrem cerca de 57% da participação na banda larga fixa, segundo estimativas da Opensignal para outubro de 2025.

No entanto, esse mesmo dinamismo está dando lugar a uma nova fase marcada pela consolidação.

Da fragmentação à escala

O crescimento dos provedores de internet regionais aumentou a concorrência e também melhorou a qualidade do serviço. O Brasil conseguiu se posicionar com velocidades médias de banda larga superiores às de diversas economias europeias, impulsionado em grande parte por essas operadoras.

Mas o modelo começa a mostrar suas limitações. A necessidade de maior escala para sustentar os investimentos em infraestrutura, juntamente com mudanças regulatórias — como os requisitos de licenciamento para provedores muito pequenos — está aumentando as barreiras de operação, observa a Ookla.

Nesse contexto, as fusões e aquisições estão se acelerando. Alguns grupos, como o Brasil TecPar, realizaram dezenas de aquisições desde 2021, incluindo várias ISPs regionais; empresas como a Alloha Fibra acumularam capital significativo para continuar comprando operadoras menores; e até mesmo grandes operadoras tradicionais estão começando a se movimentar, como o interesse da Claro em adquirir uma participação majoritária na Desktop.

A Ookla acredita que essas mudanças refletem uma estratégia voltada para a consolidação de redes, o aumento da eficiência e a competitividade em um mercado que não depende mais apenas da expansão, mas principalmente da rentabilidade e da qualidade.

Regulação e pressão competitiva

O papel do regulador tem sido fundamental em ambas as fases do mercado. Primeiro, reduzindo as barreiras de entrada e incentivando o surgimento de milhares de provedores de internet; agora, elevando os padrões e formalizando as operações dos provedores menores.

Muitos fornecedores que cresceram em condições mais flexíveis agora enfrentam custos de conformidade mais elevados , o que os leva a vender, fundir-se ou desaparecer.

Ao mesmo tempo, a intensa competição — que antes impulsionava melhorias na velocidade e na cobertura — está se tornando um catalisador para a consolidação . De acordo com a análise da Ookla, mercados altamente competitivos tendem a elevar a qualidade do serviço , mas também levam a realinhamentos estruturais entre os participantes.

Novo mapa de banda larga

O Brasil apresenta um mercado em transição: menos fragmentado, porém potencialmente mais robusto. A consolidação não implica o fim da proeminência dos provedores de internet regionais; pelo contrário, sua evolução para modelos mais escaláveis , capazes de sustentar investimentos em fibra e competir com as operadoras nacionais.

Nesse novo cenário, o Brasil poderá deixar de ser um mosaico de milhares de pequenos provedores para se tornar um ecossistema mais consolidado, onde a eficiência operacional e a capacidade de investimento definirão os vencedores no próximo capítulo do mercado de banda larga fixa.

El Congreso de Brasil y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionaron una ley que endurece las sanciones para delitos que dañan o afectan la infraestructura de telecomunicaciones.

Publicada este lunes 4 de mayo en el Diario Oficial de la Unión, la Ley N° 15.397 introduce modificaciones al Código Penal para proteger la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones, centrándose en el endurecimiento de penas por robo de equipos y la interrupción de servicios.

La ley establece penas específicas de reclusión de 2 a 8 años, además de una multa, para quienes sustraigan elementos esenciales para la conectividad; entre ellos, hilos y cables y equipos de transmisión.

Asimismo, la nueva ley endurece las penas cuando el objeto del hurto o robo sean dispositivos personales o de trabajo, incluyendo teléfonos celulares, computadoras (portátiles y tabletas) o cualquier dispositivo electrónico o informático similar. Si alguno de estos objetos son sustraídos, la pena de reclusión es de 4 a 10 años y multa.

Destacado: Robo y vandalismo a infraestructura de telecomunicaciones aumenta en América Latina: Cet.la

La ley también modifica el artículo 266 del Código Penal, que trata sobre la interrupción o perturbación de servicios telegráficos, telefónicos, informáticos o telemáticos, considerados servicios de utilidad pública.

En estos casos, se establece una pena de reclusión de 2 a 4 años y multa. La sanción se aplicará al doble si el delito ocurre mediante la sustracción, daño o destrucción de equipos instalados en estructuras utilizadas para la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Por último, la legislación tipifica y sanciona con mayor rigor las estafas realizadas a través de medios digitales, incluyendo los fraudes cometidos a través de redes sociales, contactos telefónicos, correos electrónicos fraudulentos o duplicación de dispositivos y aplicaciones de Internet. La sanción para estas modalidades de fraude electrónico es de 4 a 8 años de reclusión y multa.

Presión sobre redes críticas

Brasil está endureciendo las penas ante el incremento del robo y vandalismo de infraestructura de telecomunicaciones, particularmente de cables de cobre y equipos activos, que afectan la continuidad del servicio y elevan los costos operativos de los operadores.

De acuerdo con la GSMA, los ataques a infraestructura crítica —incluyendo telecomunicaciones— generan pérdidas millonarias cada año y pueden comprometer servicios esenciales, desde comunicaciones de emergencia hasta operaciones financieras y servicios públicos digitales.

A nivel de América Latina, este fenómeno se ha intensificado debido al valor de reventa de materiales como el cobre y a la expansión de redes en zonas con menor vigilancia.

En el caso de Brasil, datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y reportes de operadores han documentado miles de incidentes anuales relacionados con robo de cables y equipos, que impactan directamente en la calidad del servicio, especialmente en redes fijas y de backhaul móvil.

Este tipo de delitos provoca interrupciones y también retrasa el despliegue de nuevas tecnologías como5G o fibra óptica.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la firma de acuerdos estratégicos con ocho de las empresas tecnológicas líderes en Inteligencia Artificial (IA) a nivel mundial, para desplegar sus capacidades avanzadas en redes clasificadas.

De acuerdo con el Pentágono, el objetivo principal de esta iniciativa es utilizar la IA para fines operativos, acelerando la transformación de las fuerzas armadas estadounidenses hacia una fuerza de combate basada completamente en la IA.

Las ocho corporaciones seleccionadas para este proyecto son SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services y Oracle.

A través de estos acuerdos, el Departamento busca fortalecer de manera crítica la capacidad de sus combatientes para mantener una superioridad decisiva en la toma de decisiones a lo largo de todos los ámbitos de la guerra moderna.

“El Departamento continuará desarrollando una arquitectura que evite la dependencia de proveedores de IA y garantice la flexibilidad a largo plazo para la Fuerza Conjunta.

“El acceso a un conjunto diverso de capacidades de IA provenientes de la sólida infraestructura tecnológica estadounidense proporcionará a los combatientes las herramientas necesarias para actuar con confianza y proteger a la nación ante cualquier amenaza”, manifestó el Departamento de Guerra. 

Asimismo, señaló que la integración de estas capacidades de IA de vanguardia y seguras se llevará a cabo en los entornos de red clasificados del Departamento, específicamente en los Niveles de Impacto 6 (IL6) y 7 (IL7).

Esta implementación está diseñada para agilizar la síntesis de grandes volúmenes de datos, mejorar significativamente la comprensión de la situación operativa y potenciar la toma de decisiones de los combatientes en entornos operacionales complejos.

Este despliegue masivo ocurre tras la reciente ruptura entre el gobierno y la firma Anthropic, que quedó fuera del acuerdo después de una serie de disputas legales y técnicas relacionadas con los estrictos protocolos de control ético que la empresa intentaba imponer al uso militar de sus modelos.

La exclusión de Anthropic subraya la determinación del Pentágono de priorizar la operatividad táctica sobre las restricciones de gobernanza privada.

No obstante, el camino no está libre de obstáculos internos, pues tan sólo la semana pasada, un grupo de trabajadores de Google presentó quejas formales y organizó protestas internas, denunciando que la participación de su empresa en redes clasificadas de combate vulnera los principios éticos de la compañía y los compromete directamente en el desarrollo de tecnologías bélicas.