Por: Nicolás Larocca, Mayara Figueiredo y Paula Bertolini
La discusión que se está dando en otras latitudes, como la Unión Europea o Corea del Sur, llegó a América Latina. Esta semana finalizó la recolección de opiniones de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil para recabar información sobre una eventual regulación relacionada con las obligaciones de las plataformas digitales y la posibilidad de reglamentar su contribución en la inversión de infraestructura de telecomunicaciones.
La consulta recibió 32 contribuciones, de las cuales 14 fueron de asociaciones (como GSMA, Asiet, Conexis, ALAI, Abrint, Feninfra, Internet Society, la Cámara Brasileña de Economía Digital, Telcomp, entre otros), cuatro de plataformas y cuatro de operadores, y miembros de la sociedad civil.
En términos generales, las grandes plataformas rechazan los modelos de contribución a la inversión en redes de los operadores, mientras que las telcos proponen distintos escenarios donde se mandate la obligación de acuerdos entre partes para la recuperación de los costos de inversión –previendo una labor de arbitraje del regulador–, o bien el establecimiento de la obligación del pago por tarifa de acceso o tarifa de terminación para los grandes generadores de tráfico (GGT).
Según se refleja en las contribuciones, los perfiles en contra del cambio de reglas ofrecen como argumentos cuestiones de competencia de la Anatel, que una reglamentación de la contribución podría afectar a la neutralidad de la red, y esgrimen que las Big Tech aportan al desarrollo del ecosistema digital con inversiones en conceptos distintos a las redes nacionales de transporte, como los CDN (redes de distribución de contenido) o cables submarinos, al tiempo que contribuyen al crecimiento de la economía y el disfrute de distintos derechos de las personas, como el acceso a la información y la pluralidad de la oferta.
Por otro lado, el principal argumento para equilibrar la cancha es la necesidad de sostenibilidad a futuro del ecosistema digital en un escenario de crecimiento exponencial de tráfico, cuyo transporte requiere que los grandes generadores de tráfico retribuyan los costos derivados por el uso de las redes.
Al mismo tiempo, se muestra que los ingresos por usuario de prestadores tradicionales mermaron, mientras aumenta la necesidad de inversiones en capacidad y extensión de redes. Por ello, es necesario inyectar más recursos para estar a tono con la demanda y las necesidades de los usuarios, llegando a la petición de que los GGT contribuyan.
Operadores
La industria de telecomunicaciones que participó en la consulta está de acuerdo en que se requiere que los GGT de contenido contribuyan a solventar los costos adicionales de la inversión en la infraestructura. Prácticamente todas las propuestas de este sector coinciden en que el aporte se deberá definir luego de una negociación entre las partes, y si no se logra un acuerdo, se solicitaría la intervención de la Anatel. Asimismo, en sus respuestas mencionan la importancia de fomentar un uso eficiente del tráfico.
Para Claro Brasil, son aceptables diferentes modelos de remuneración de la red, pero coincide en que debe haber una obligación. También menciona la asimetría regulatoria: dice que los proveedores de Servicio de Valor Agregado (SVA) tienden a disfrutar de un mayor nivel de libertad para innovar o modificar sus modelos comerciales sin tener que buscar aprobación o incurrir en otros tipos de riesgos regulatorios, mientras que los operadores mantienen un exceso de regulación. “La interpretación restrictiva de la neutralidad de la red integra esta excesiva regulación, impidiendo el avance del sector”, afirma.
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Por su parte, Telefónica propone que el cobro podría ser por tarifa de terminación, así sería más justo, ya que “se cobraría sobre el tráfico que se consume en la red y además podría estar asociado a los tiempos de uso, por lo que hay un cobro aún más asertivo en los momentos de mayor ocupación de la red”.
TIM indica que se necesita la creación de una obligación de negociación entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los grandes generadores de tráfico, en condiciones justas y equilibradas. Si no se llega a un consenso de negociación, correspondería al ente regulador mediar el conflicto y emitir una decisión vinculante, con la posibilidad de aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) considera que el mejor modelo para que se valoren debidamente los costos de transporte de tráfico es que la regulación establezca la necesidad de acuerdos entre partes para la recuperación de costos de inversión en redes, sin necesidad de complejidad regulatoria adicional más allá de una labor de arbitraje del regulador. Esto aumentaría el bienestar a través de la creación de nuevos incentivos para invertir en capacidad de la red de acceso.
“Los proveedores de SVA que hagan un uso masivo de la infraestructura deben asumir compromisos financieros para garantizar la calidad y sostenibilidad de las redes”, concluye Conexis en su contribución. Para la GSMA, hay que admitir el libre acuerdo de modelo y valores. Sin embargo, el regulador debería determinar que la negociación es obligatoria y que debe ser realizada en un plazo corto predefinido.
Un tema que advierten los operadores es el riesgo de que los grandes generadores de tráfico migren su tráfico y la construcción de CDN a otros territorios donde no exista la regulación. En Corea del Sur, después de aprobar la regulación de Fair Share, algunas plataformas optaron por no celebrar acuerdos con proveedores de telecomunicaciones y reubicaron el contenido en CDN ubicados en Japón, lo que perjudicó la experiencia del consumidor. Por eso, los operadores solicitan que se incluya en la regulación el impedimento de realizar prácticas que degraden la experiencia del usuario.
Plataformas
Para Meta, los proveedores de Servicio de Valor Agregado deben ser tratados como cualquier usuario de servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, tener garantizado el acceso a las redes de telecomunicaciones.
Agrega que no es necesario cobrar una tarifa por el uso de las redes, ya que no hay evidencia creíble de una brecha de inversión, y los operadores de Brasil son rentables y continúan invirtiendo en infraestructura. “Crear un cargo por el uso de la red violaría la neutralidad de la red y alteraría la estructura abierta de Internet, con importantes consecuencias negativas”, afirma.
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Mientras que para Google, la Anatel sólo debe tratar de intervenir en un mercado cuando exista una clara evidencia de falla y se haya llevado a cabo una amplia consulta con las partes interesadas relevantes.
Según la contribución de Netflix, propuestas como la de cobrar una tarifa por el uso de las redes implican un daño grave tanto para la neutralidad de la red como para el ciclo virtuoso de Internet, y dicen que casi nunca han tenido éxito y, cuándo y dónde se implementaron, trajeron pérdidas importantes al ecosistema de internet de las jurisdicciones que las adoptaron.
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) retoma este argumento sobre las competencias del regulador. Además, dice que el establecimiento de una obligación de pago produciría efectos negativos significativos en los consumidores; violaría la regla de neutralidad de la red; sería incompatible con la propia dinámica de Internet, perjudicando su ecosistema; y traería externalidades negativas a la competencia.
Akamai también está en contra de la contribución en la inversión de redes, pero dice que si se toma la decisión de proceder con una propuesta, un fondo sería mejor idea, ya que esto puede permitir que se implementen mecanismos estrictos de transparencia y rendición de cuentas.
La Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint) está en contra del establecimiento de una política de reparto justo y dice que, desde un punto de vista técnico, lo más adecuado sería utilizar el término SPNP (Sending Party Network Pays), para retomar los debates sobre la tarificación del tráfico de origen que transita por las redes de telecomunicaciones.
Brecha de inversión
En cuanto a la pregunta sobre si existe una brecha de inversión en redes que requiera intervención regulatoria, Meta expone que no hay evidencia de que exista un problema de financiamiento y/o capacidad que justifique la creación de una obligación y argumenta que los operadores “están bien posicionados” para continuar invirtiendo en sus redes, incluso para satisfacer la demanda de los consumidores.
La empresa de Mark Zuckerberg explica que han invertido más de 100 mil millones de dólares en infraestructura digital global desde 2017. En Brasil, invierte en infraestructura como cables submarinos, redes terrestres de fibra óptica y redes de última generación. También ha invertido cientos de millones de dólares en el desarrollo de una extensa red POP (puntos de presencia) y CDN en el país.
En contraste, Claro expone que sí existe “una amenaza de subinversión en infraestructura, considerando el desequilibrio en la cadena de valor del ecosistema digital”. Mientras que Vivo apunta a una brecha en la capacidad de inversión en infraestructura de red por parte de los proveedores, que tiende a aumentar en el corto plazo.
La Asiet refleja que entre 2012 y 2021, el tráfico móvil por suscripción ha crecido 14 veces, mientras los ingresos promedio por usuario han disminuido más de 40 por ciento en el mismo periodo. Asimismo, agrega que en Brasil la inversión adicional necesaria para alcanzar las metas de servicio de los países más desarrollados hasta 2030 se acerca a los 4 mil 400 millones de dólares o 12 por ciento adicional respecto del escenario inercial.
Sociedad Civil
Representantes de la sociedad civil que contribuyeron con la consulta pública se posicionaron en contra de la contribución de las plataformas a las inversiones de redes. Sus análisis fueron enviados por Iris (Instituto de Referencia en Internet y Sociedad), ISOC-Brasil (Sociedad de Internet – Capítulo Brasil), ITS-Rio (Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro) y la abogada Flávia Lefèvre, asesora del CGI-Br y miembro de Intervozes.Así, Brasil se mete de lleno en un debate que en paralelo se enciende en otras partes del mundo y cuyo resultado local podrá inclinar la balanza para el lado de la continuidad o de las modificaciones en las políticas relacionadas al Fair Share en América Latina.
La discusión luce apropiada en tiempos en los que la inversión sigue siendo intensiva y el cambio de paradigmas alteró los niveles de ingresos de la industria: la sostenibilidad de las redes está en juego, mientras el tráfico crece de la mano de nuevas tecnologías como 5G y hábitos de los consumidores. Brasil se sienta a debatir; América Latina aguarda los resultados.
DPL News elaboró una tabla con las respuestas destacadas sobre la contribución de las plataformas a la inversión en redes
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