La licitación pública para encontrar prestador del servicio universal en España resultó desierta, por lo que el gobierno designó esa obligación a Telefónica para el período 2023-2024. El operador, entonces, seguirá cumpliendo la tarea bajo las reglas de la nueva ley de telecomunicaciones.
La decisión contó con la revisión del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que emitió un informe sobre el tema en el que consideró adecuado el procedimiento de designación directa para garantizar la continuidad del servicio.
La normativa ahora vigente señala que solo son parte del servicio universal el acceso adecuado y disponible a Internet de banda ancha a través de una conexión fija, así como los servicios de voz que se proveen a través de esta conexión. Además, establece que el acceso a Internet deberá deberá ser de, al menos, 10 Mbps por segundo en sentido descendente. En tanto, ya no aplicarán para el prestador obligaciones sobre cabinas telefónicas.