Un complejo sistema que utiliza Inteligencia Artificial (IA) en la justicia brasileña fue responsable de reducir el tiempo en los procesos judiciales del 25% al 50%, según el estudio ExperiencIA, del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), difundido esta semana.
Sinapses, desarrollado por analistas del Tribunal de Justicia de Rondônia e implementado en 2020, es una plataforma que trabaja en la automatización de documentos, previsión, sugerencia o detección de casos prioritarios y en la interoperabilidad de datos entre diferentes organizaciones.
Según CAF, la aplicación de la tecnología ha simplificado de 30 a 50 tareas en los tribunales y juega un papel clave en el proceso judicial. Mediante el aprendizaje automático, el sistema racionaliza el gasto público, el trabajo de los empleados y el uso del tiempo. Además de reducir errores en los procedimientos estándar.
El documento también destaca el papel del Codex, uno de los sistemas que opera junto con Sinapses a nivel nacional. El Codex, del Consejo Nacional de Justicia, extrae información clave de los procedimientos legales en curso y permite la interoperabilidad de los datos.
Cooperación en América Latina
El estudio ofrece una visión general del uso de la IA en América Latina y destaca a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, que están desarrollando o ya han adoptado una estrategia nacional. Sin embargo, la organización aboga por la cooperación entre países para maximizar los beneficios de la tecnología en la región.
“Si los gobiernos latinoamericanos colaboraran en la IA, los resultados podrían aprovecharse en función de las fortalezas que tenga cada país. Por ejemplo, Argentina sobre experimentación, Brasil sobre interoperabilidad, Chile sobre la comprensión de las necesidades de los usuarios, Colombia sobre garantizar un enfoque ético y confiable, Panamá sobre infraestructura, Uruguay sobre la estrategia de datos subyacente, etc”.
La conclusión del trabajo es que un uso ético y responsable de la IA debe basarse en tres pilares:
- La definición e implementación de una política pública y una estrategia de largo plazo basada en principios éticos;
- La gobernanza de datos y algoritmos respaldada por un marco regulatorio adecuado;
- El factor humano, que incluye a los equipos de trabajo responsables de las soluciones tecnológicas en las entidades públicas y todos los usuarios.
Consulte el estudio completo aquí.