La Prensa Gráfica Laura Jordán
Los riesgos en la vulneración de derechos humanos por el uso de la tecnología en políticas de seguridad pública implementadas por el actual Gobierno han sido causa de estudios y análisis de organizaciones de la sociedad civil, que concluyen que, hoy por hoy, existe la posibilidad que la tecnología no solo se utilice para combatir el crimen, sino para violentar derechos.
El Servicio Social Pasionista (SSPAS) presentó un estudio que señala un incremento notable del uso de nuevas tecnologías en las políticas de seguridad como el Plan Control Territorial, el cual señalaron como un “plan de seguridad modernizado, con tintes represivos”.
El proyecto evaluó la implementación de estas herramientas y reveló que la poca información del Estado no permite conocer las limitaciones establecidas en el uso de la tecnología para el abordaje del crimen. Indicó también que ello podría ser constituyente de vulneración a derechos, como la intimidad, autodeterminación informativa, entre otros.
“Es importante que siempre haya supervisión judicial y algún mecanismo de control judicial en el uso de estas tecnologías. Pero, hoy por hoy, al menos en el caso de El Salvador, esto no supone una garantía”.
Carlos Palomo, TRACODA
El SSPAS detalla que según el documento “Formulación para la ejecución del Programa de Modernización en Seguridad Ciudadana en el marco del Plan Control Territorial en su Fase III”, proporcionado por el Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha invertido $90.1 millones en equipo estratégico y táctico.
Este está vinculado a la videovigilancia, que incluye el uso de cámaras especializadas, drones y demás equipo avanzado. Pero el énfasis que realiza la organización es que las instituciones como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no han brindado información sobre las especificaciones técnicas del equipo adquirido.
Expone la inexistencia de lineamientos técnicos y normativos a los que se pueda tener acceso y que garanticen que los datos sean de uso exclusivo de las autoridades de seguridad, que esta sea resguardada de forma segura y que sea solo para investigar delitos.
Astrid Valencia, especialista en derechos humanos e investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, explica de qué forma impacta en los derechos de las personas cuando un Estado decide incluir en sus políticas de seguridad pública el uso de estas herramientas.
“El derecho a la intimidad entra en juego cuando un Estado vigila un espacio público y observa a las personas. El uso del reconocimiento facial también pone en riesgo una diversidad de derechos. Creemos que es indispensable el análisis, la documentación, la denuncia pública, las estrategias de incidencia política a nivel nacional e internacional donde podamos mostrar claramente los riesgos y los impactos de la tecnología que violan los derechos humanos”, expuso Valencia.
Añadió que la modernización del Plan Control Territorial tiene gran énfasis en incluir este tipo de herramientas de tecnología y, por lo tanto, se debe cuestionar cada una de sus implicaciones en los derechos de la ciudadanía.
“En el caso de El Salvador hay que tomar en cuenta no solo los riesgos generales de este tipo de tecnología, sino también que todo esto transcurre en un contexto nacional hostil para el ejercicio de derechos”.
Astrid Valencia, Amnistía Internacional
“Es importante que analicemos cada una de las herramientas tecnológicas que pueden ser o han sido incorporadas en programas de seguridad pública. Esto trae riesgos muy específicos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, desde las organizaciones de derechos debemos hacer llamados a las instituciones que hacen este uso”, enfatizó.
Esta misma postura es respaldada por el estudio del SSPAS, que argumenta que “en los últimos dos años la Policía Nacional Civil ha prescindido de dispositivos tecnológicos como drones y cámaras de videovigilancia para el monitoreo de movilizaciones ciudadanas en el país”.
Valencia añade que no se puede descartar vigilar de cerca el uso de estas tecnologías ante un contexto nacional hostil de derechos humanos como el que actualmente enfrenta el país.
Otro de los casos que destaca son las reformas al Código Procesal Penal (CPP) sobre los agentes informáticos y destacó, además, la preocupación nacional e internacional de la implementación del uso del software Pegasus en El Salvador para vigilar periodistas y organizaciones.Supervisión judicial
Carlos Palomo, de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (Tracoda), señaló que debe existir una supervisión judicial en el uso de este tipo de tecnologías pero que, actualmente, esto no supone una garantía en el país, debido al control del Órgano Judicial que tienen agentes del oficialismo.
Sugirió que, para afrontar que haya un abuso de estas herramientas, se debe suponer el riesgo que representa, para cualquier ciudadano, el divulgar datos o información a través de las redes sociales. También adoptar medidas como la precaución al compartirla, el asesoramiento con personal especializado, entre otros aspectos.
Karoline Alvarado, del SSPAS, hizo incapié en algunos vacíos legales que perjudican la situación. Para ello se remite al veto de la propuesta de Ley de Datos Personales y Habeas Data, que plantea como un “vacío legal” existente para la regulación del registro, utilización, almacenamiento y destrucción de información personal.
Los expertos señalaron que entre los principales desafíos se encuentra crear un enfoque de derechos humanos en la implementación de herramientas tecnológicas en el registro de datos personales.
Asimismo, que las autoridades sepan discernir qué tipo de tecnología puede dar buenos resultados y garantizar, a la vez, el derecho a la seguridad ciudadana.
