Se terminó el DNU 690 en Argentina y la industria lo celebra. Quedó sin efecto, mil 328 días después, el decreto por el que, con la pandemia como contexto, se convirtió a las TIC en servicios públicos esenciales y se dispuso que el regulador Enacom fuera responsable de autorizar aumentos máximos; también se dispusieron planes básicos universales. Aunque los amparos en contra lo dejaron sin efecto (o casi) en la práctica, el sector lo observa como signo de una nueva era de reglas claras.
“El decreto promulgado por el gobierno anterior representa un ejemplo más de intervenciones injustificadas que distorsionan las reglas de juego, con un impacto negativo sobre las empresas, que desde entonces tenían que acudir a la Justicia para poder actualizar sus precios. Esta restricción ha tenido efectos devastadores en el sector, socavando la certeza jurídica para los inversores y obstaculizando el desarrollo de nuevos y mejores servicios para las personas y empresas”, manifestó el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).
Una “buena noticia”
“Es un tema en el que hay consenso: no debería seguir existiendo”, dijo el presidente del regulador, Juan Martín Ozores, sobre el DNU 690, en el marco del MWC 2024. No se equivocaba. Consultados por DPL News, los actores coincidieron en que la decisión de las últimas horas es “una buena noticia” y puede ser el primer paso para un sector financieramente saludable para sus integrantes, con certidumbre jurídica que se traduzca en beneficios directos para los usuarios de distintos servicios.
“Es una noticia muy esperada por todo el sector. La norma no sólo tuvo un impacto negativo por su contenido, contrario a la libre competencia y la certidumbre jurídica, sino también por su forma. Fue una medida repentina, implementada sin conversaciones previas con la industria. Esperamos que esta decisión marque el camino hacia una política de Estado basada en el diálogo y el trabajo conjunto entre sector público y privado. La conectividad móvil es un aliado clave para la recuperación económica del país. Se necesitan medidas que aporten previsibilidad a largo plazo, incentivos a las inversiones y una mirada integral sobre la brecha digital”, indicó a este medio Lucas Gallitto, director para América Latina de GSMA.
Maryleana Méndez, secretaria General de Asiet, sostuvo que se trata de “una medida positiva para el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Esta es una industria dinámica, innovadora y en amplia competencia que requiere de un marco normativo y una regulación inteligente que promueva la inversión para el despliegue de redes de cara a promover la extensión del acceso y el uso productivo. En los últimos años, los operadores han trabajado en un contexto de caída de los ingresos (con el menor Ebitda de la región), incertidumbre regulatoria, altas tasas impositivas y dificultades para importar equipos o instalar infraestructura. La libertad de precios en nuestro sector es la norma a nivel internacional, con lo que esperamos que ésta sea la primera decisión de muchas para eliminar la sobre intervención que perjudica el desarrollo de una industria base para la transformación digital. La mejora regulatoria es indispensable para hacer frente a los desafíos de sostenibilidad financiera que tiene este sector y maximizar las oportunidades que representa para el crecimiento económico del país”.
El operador Claro consideró que se trata de una decisión correcta. “El DNU se encontraba en la práctica inaplicable por múltiples acciones judiciales, pero era necesaria su derogación para posibilitar así un nuevo marco de reglas que alienten el desarrollo de inversiones y mejoras de servicios de conectividad en el país. Las acciones que se están llevando adelante para la estabilización de la macroeconomía es la otra contribución indispensable para potenciar la industria de las comunicaciones en plena competencia”, agregó.
“Se pone punto final a uno de los obstáculos más severos que sufrió la industria en los últimos cuatro años. El gobierno ha dado un primer paso para el crecimiento y desarrollo del sector que redundará en inversiones en beneficio de los clientes. Confiamos en que la autoridad avance en un plan de reformas regulatorias que actualice las reglas a la realidad de la dinámica de la tecnología y de la conectividad, que aliente al crecimiento de la industria favoreciendo mayores oportunidades de inversión, competencia sana, desarrollo al ecosistema y sostenibilidad de las empresas”, señalaron desde Movistar.
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El presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer, consideró que es una medida para festejar: “Nos saca de una situación de incomodidad que tenía toda la industria. Si bien había varias cautelares y procesos que estaban liberando la situación de los precios, define claramente que solamente el servicio básico telefónico es servicio público y los demás dejan de serlo, algo que habíamos solicitado desde la Cámara. Entendemos que esto va a dinamizar más a la industria y permitirá un panorama mejor y con mayor libertad. No creo que los precios aumenten porque la competencia efectiva está en casi todas las localidades del país”.
Ariel Fernández Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), señaló: “El congelamiento de tarifas le hizo mucho daño especialmente a las cooperativas, pequeños operadores que en definitiva sin medidas cautelares fuimos los que terminamos cumpliendo con ese esquema que pulverizó los balances de muchas organizaciones. Esto sólo está compensado por lo valioso que se ha transformado la conectividad, y en el caso de Catel, la incorporación de la movilidad a través de imowi, que hoy nos coloca en igualdad para poder competir. Como en otras tantas crisis, nunca dejamos de hacer, de evolucionar sin especular con la coyuntura presente y futura. Estamos convencidos de que podemos liderar en el mundo TIC”.
En su turno, Franco Cecchini, de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes (Catip), consideró que “el DNU fue un error conceptual grave y dictado por autoridades sin conocimiento del segmento y sin ninguna interacción con quienes hacemos las comunicaciones. No logró ningún efecto positivo, sí enormes gastos y efectos negativos para el segmento TIC y toda la población Argentina”.
“Muy positivo para la Argentina la derogación del nefasto 690 mediante el que se pretendió controlar los precios de los servicios de cable, Internet y móvil. Esto, sin duda, generará mayores inversiones y más conectividad para todos”, dijo en su cuenta de X el exdirector del Enacom, Agustín Garzón. La noticia tuvo mucho impacto y repercusiones en redes sociales y medios locales generalistas.
También hubo quienes defendieron la medida. Tal es el caso de Gonzalo Quilodrán, exdirectivo del regulador durante la aplicación del decreto: “El DNU buscó no sólo regular precios, sino principalmente garantizar la conectividad a los sectores más postergados de la sociedad, con proyectos alternativos que permitieron conectar la ruralidad y llegar a localidades de menos de 30 mil habitantes en todo el país”, expresó.
Por su parte, desde el regulador, hoy en proceso de intervención, agregaron a DPL News que “el sector de las telecomunicaciones es uno de los más competitivos, con mejores posibilidades de generar empleos de calidad, exportar divisas, atraer inversiones y mejorar las condiciones de competitividad de toda la economía del país”.
Precios
Enacom manifestó que “no espera una suba en los valores de estos servicios con la derogación del decreto, ya que con las medidas cautelares que las empresas fueron logrando en la justicia pudieron actualizar los precios”. Este ítem es clave teniendo en cuenta el dramático aumento de precios de servicios esenciales como las obras sociales a partir de movimientos regulatorios de la actual administración. ¿Ocurrirá lo mismo con las comunicaciones?
Los valores esgrimidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dan razones al regulador en este punto: los precios de comunicaciones aumentaron 283.8 por ciento en los últimos 12 meses registrados, algunos puntos por encima de la inflación general (276.2%) informada oficialmente. Algo más: en los últimos seis meses, el sector fue el que más aumentó entre las 12 divisiones que hacen al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En otras palabras, los precios de comunicaciones ya han aumentado en los últimos meses, aun con el DNU en plena vigencia.
Nuevo proyecto “Omnibus”
Tras el traspié en el primer intento, el gobierno volvió a la carga con un nuevo proyecto de Ley Ómnibus que será revisado por el Congreso. Como novedad para el sector, el nuevo texto no incluye a la estatal de telecomunicaciones Arsat entre las empresas susceptibles de ser privatizadas.
Sí se mantienen otros puntos con impacto en el sector, como la generación de un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la facultad al Ejecutivo de modificar, transformar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, lo que podría redundar en cambios en los Fondos de Servicio Universal.
En sus primeros meses en el gobierno, Javier Milei anunció la desregulación de los servicios de Internet satelital, lo que luego trajo la llegada de Starlink al país, y anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de importaciones, una medida que también fue celebrada por la industria. El organigrama de decisiones aún se está configurando pero plantea facultades sobre el sector divididas en distintas dependencias y nombres.