Derechos humanos deben ser la centralidad a la hora de regular: María Elena Estavillo

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Uno de los principales retos que tienen las nuevas personas comisionadas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México es anteponer los derechos humanos a la hora de reglamentar, por lo que lo ideal es “diseñar sistemas de gobernanza descentralizados que empoderen a los ciudadanos”, declaró María Elena Estavillo, fundadora y directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro.

En entrevista con DPL News, Estavillo afirmó que se debe “regular de manera que se equilibren los objetivos de desarrollo tecnológico con la centralidad de los derechos humanos, teniendo muy presente el poder económico y político que tienen quienes controlan las tecnologías digitales”.

Otro reto, destacó María Elena Estavillo, es innovar en la forma de regular, especialmente en una actualidad en la que la tecnología evoluciona constantemente, por lo que “hay que generar nuevas formas ágiles, flexibles, adaptativas y colaborativas para regular las tecnologías digitales, incluyendo la Inteligencia Artificial.

Respecto a la propuesta de incorporar el artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, el cual permitiría a las autoridades fiscales tener acceso en línea, de manera permanente y en tiempo real a los sistemas y bases de datos de las plataformas digitales, Estavillo suscribió la postura del Consejo Ejecutivo de la Economía Digital (CEDIG), la cual afirma que dicha disposición “amenaza directamente el derecho a la privacidad”.

El CEDIG y Estavillo enfatizan que la reforma propuesta “no sólo es innecesaria e ineficaz para fines fiscales, sino que representa una amenaza estructural a los derechos humanos, a la libertad económica y a la confianza en el ecosistema digital mexicano”.

Recordaron que este planteamiento ya había sido propuesto en el proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que fue eliminado por el Congreso, debido a la afectación a derechos fundamentales y a la inclusión digital.

“En lugar de imponer medidas intrusivas o coercitivas, es indispensable construir un entorno de confianza y transparencia, donde la autoridad actúe como aliada para facilitar el cumplimiento voluntario, simplificar los procesos y ofrecer certidumbre jurídica. Sólo así podrá incentivarse la formalización, fortalecer la recaudación y consolidar una economía digital dinámica, competitiva y sustentada en principios de equidad, solidaridad y respeto mutuo”, advirtieron.