Desafíos de los Centros de Datos y las telecomunicaciones como infraestructuras críticas: el caso de Chile
El gobierno de Chile considera a los Centros de Datos como infraestructura crítica que amerita una política pública, debido a que sus estructuras cumplen roles como el almacenamiento y procesamiento de datos públicos y privados, el despliegue de servicios digitales y de Inteligencia Artificial (IA), así como el soporte de las operaciones estatales más fundamentales, afirmó Ignacio Silva, jefe de División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Minciencia).
En un diálogo en el marco del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD), Silva reveló que “la Nube pública en Chile representa 6.2 por ciento del PIB. La capacidad instalada en Chile en 2013 era de 35 megawatts y actualmente es de 198 megawatts, y tenemos alrededor de 40 proyectos en proceso hoy día con un total de inversión de 4 mil millones de dólares”.
Ante este escenario se creó el Plan Nacional de Data Centers, presentado a finales de 2024, en el que colaboran gobierno y el sector privado, con un enfoque en la sostenibilidad y la descentralización.
Una de las medidas que establece dicho plan es contar con una herramienta digital para “tener inteligencia territorial, saber dónde están los suelos más aptos para poder instalar nueva infraestructura”. Silva mencionó que la herramienta debe responder a las siguientes preguntas: ¿dónde hay disponibilidad energética?, ¿dónde hay suelo compatible? y ¿dónde hay mayor conectividad instalada y menor impacto socioambiental?
Esta plataforma ya existe y comenzó a utilizarse en la región de Antofagasta, “el refugio solar de Chile”. El jefe de área del Minciencia explicó que crearon criterios para elegir o eliminar zonas para la posible instalación de infraestructura digital, basados en capas de información que van desde “las subestaciones eléctricas hasta el nivel educacional de las personas a nivel de manzana censal, con lo que cada ente va determinando las zonas adecuadas a sus necesidades.
Silva especificó que esta herramienta es replicable y cualquier país que cuente con capacidades de datos espaciales básicas puede adaptarlo a su contexto. Asimismo, destacó el compromiso del gobierno chileno, ya que debe “existir una convicción política de las autoridades de que esto es relevante”.
Por último, dijo que “los datos para nosotros no son simplemente números, son una brújula para poder identificar nuevas oportunidades, para anticiparnos a los conflictos, para poder proteger el medio ambiente”.
¿América Latina podrá sortear el consumo energético frente a los Centros de Datos y la demanda de tráfico?
Las telecomunicaciones, la Inteligencia Artificial y el desarrollo tecnológico empiezan a poner una presión en el uso de la energía y que está incrementando las emisiones de CO2. En el caso de América Latina, representa un desafío para evitar o saber responder ante eventualidades como la de Ecuador, que el año pasado tuvo cortes de energía eléctrica de hasta 14 horas diarias, sobre todo cuando gigantes tecnológicos están llevando a países como Chile, Uruguay, México y Brasil sus infraestructuras de Centros de Datos.
En el mismo panel del CLTD, Patricia Falconi, presidenta Ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) de Ecuador, afirmó que a raíz de los apagones en noviembre del año pasado en el país, los operadores han cambiado sus estructuras a través de procesos de energía renovable, y como lecciones están el contar con un plan a corto, mediano y largo plazo “para ir sustituyendo energía eléctrica por soluciones energéticas que tengan una cierta autonomía para atender de mejor manera a los usuarios”.
Resaltó que la industria busca que el gobierno “entienda a las telecomunicaciones como un sector crítico de la economía y del país, para que en casos de emergencia estas infraestructuras puedan estar protegidas por la toma de decisiones de las autoridades, tener una sostenibilidad en general y poder soportar los servicios”.
Elizabeth Peña Jáuregui, VP de Relaciones con Gobierno e Industria para Latam Norte y el Caribe de Ericsson, continuó con la idea al señalar que el reto de los gobiernos es encaminar las políticas públicas hacia tecnologías limpias. Resaltó que, a nivel mundial, 1.4 por ciento de las emisiones que contaminan en la parte energética es del sector de telecomunicaciones, por ello, con redes limpias, afirmó, la industria tiene la posibilidad de disminuir esa contaminación en un 20 por ciento.
Por su parte, Pablo Siris, director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay, destacó que las instalaciones de telecomunicaciones de la empresa estatal Antel están vinculadas a la cadena eléctrica nacional (que responde a fuentes de energía renovables, particularmente la eólica, la fotovoltaica, la hidráulica y la de biomasa), además de que los servicios de fibra óptica o telefonía móvil, así como su Centro de Datos, están respaldados por centrales, baterías y ramas de alimentación para responder rápido ante contingencias energéticas.
Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura, enfatizó que ante un incremento importante en el tráfico de datos, y por ende, la necesidad de que las empresas de telecomunicaciones eleven su inversión para expandir su infraestructura, el sector debe ir acompañado de la industria energética en el diseño de un modelo confiable, resiliente y constante.
No obstante, “esa ecuación desde el modelo de la gobernanza institucional no está resuelta. Es decir, seguimos mirando el problema sectorialmente”, aseguró Ramírez Pino, por lo que instó en contar con una gobernanza que converja ambos sectores –energía y telecomunicaciones– para, entre otras cosas, “fomentar la inversión en Centros de Datos, almacenamiento y procesamiento, para asegurar la inversión en despliegues como el de 5G”.