De acuerdo al más reciente informe de CipherTrace, durante 2018 fueron robados 950 millones de dólares en criptomoneda, lo que supera casi 3 veces lo producido en 2017.
Corea del Sur y Japón fueron el epicentro de 58 por ciento de los robos.
Durante los tres primeros trimestres de 2018, los robos fueron realizados por piratas informáticos, mientras que el cuarto trimestre consistió principalmente en fraudes.
El 2018 fue un año formativo para las regulaciones globales de criptomoneda. Algunos países están tomando una posición de liderazgo, otros están lidiando con las complejidades y la mayoría estará sujeto a uno o más regímenes de lavado de dinero (AML) en los próximos 18 meses.
Algunas naciones están acelerando la adopción de políticas de regulación estrictas, mientras que otros parecen ser paraísos potenciales para el lavado de dinero, el fraude y la evasión fiscal.
CipherTrace pronostica que de seguir el robo de criptomonedas a gran escala, se producirá una nueva lucha contra el lavado de dinero a nivel global.
Los delincuentes cibernéticos han desarrollado nuevas técnicas para lavar millones cuentas.
Por ejemplo, uno de los principales fondos de criptomonedas del mundo en Curazao, ha reportado movimientos de lavado, según el Departamento de Estado de EE.UU.
El servicio se llama Bitmixer y ofrece de forma “legal” monedas libres de análisis de blockchain. El servicio ofrece tres tipos de servicios de lavado. Su servicio premium ofrece bitcoin que evaden las políticas de ALD.
En el informe, CipherTrace especifica que la cantidad de crímenes criptográficos registrados es sólo una muestra representativa de un movimiento de lavado de criptomonedas a nivel mundial.
¿Qué acciones toma el gobierno de los dos países más afectados?
En Japón, las autoridades están en proceso de legalizar la autorregulación de intercambios de bitcoin. En diciembre, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (JFSA, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo borrador de regulaciones de criptomoneda que abordar incidentes de piratería, autorregulación, “distribuidores considerados”, monedas de privacidad, uso de información privilegiada y margen de comercio.
En Corea del Sur, el gobierno prohibió el uso de cuentas virtuales anónimas en 2017, lo que permitió a los bancos y otras instituciones financieras cumplir con las obligaciones de AML y KYC. Sin embargo, los surcoreanos siguen prefiriendo adquirir cuentas privadas, que imposibilitan el rastreo. En 2018, 83 por ciento del mercado se concentró en movimientos de bitcoin privadas.