Costa Rica | “No será un mecanismo de espionaje”, Carlos Mejías, director de Marchamo Digital
La República Andrei Siles
La iniciativa de digitalizar el derecho de circulación ha generado diversas reacciones en varios sectores debido a la innovación que representa y las dudas que surgen, como suele ocurrir con las tecnologías emergentes.
Al menos esa es la apreciación de Carlos Mejías, designado por el Instituto Nacional de Seguros como la persona a cargo de orquestar todos los procesos que atañen la ejecución de este sistema dentro de esta entidad, quien afirma que los mitos hacia este proyecto superan los beneficios que pueden brindarse a la ciudadanía.
“No es cierto que estemos tratando de implementar una infraestructura de vigilancia, y mucho menos de espionaje, como se le está haciendo creer a la población. Eso es completamente falso. Aquí tampoco hay nada que huela mal; todo se está haciendo con transparencia y así se están gestando todas las partes del proceso”, sentencia Mejías.
Y es que, respecto a la posibilidad de que se puedan aplicar multas impersonales, entre otros aprovechamientos basados en el concepto de ‘ciudades inteligentes’ a partir de las tecnologías aplicadas a este sistema, las autoridades afirman que su convergencia con otros aplicativos va a depender del grado de madurez del mismo.
“La primera etapa del proyecto busca dotarlo de la tecnología necesaria y que nos permita operativizarlo. (…) ¿Puede aspirarse a habilitar otros casos de uso como los usted me menciona (partes impersonales)? La respuesta es sí. Sin embargo, para ello tendremos que pasar filtros de análisis técnicos y jurídicos”, indica el funcionario.
Otra de las aplicaciones que en un futuro cercano se atribuirían al Marchamo Digital es la posibilidad de analizar patrones de conducción que permitan a ingenieros de tránsito del MOPT diseñar estrategias de descongestión vial, entre otras.
“Se permitiría conocer qué días y a qué horas hay mayor o menor congestión vehicular, así como identificar, con información confiable, los puntos dentro de las ciudades o carreteras que presentan mayores atascos o problemas de accidentabilidad, para diseñar esquemas operativos que permitan atender el recurso de manera más eficiente”, explica Carlos Ávila, viceministro de Transportes.
RECELO POR LOS DATOS
Expertos consultados por LA REPÚBLICA coinciden en que el efectivo tratamiento de los datos es vital para la ejecución exitosa del proyecto y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
“El tema de protección de datos y cómo se van a utilizar es fundamental. Las autoridades deberían garantizar que los datos se anonimicen y sean trabajados de manera agregada para que no se puedan identificar rutas o movimientos individuales”. Sebastián Urbina, ex viceministro de Transportes
“Creo que el estado está sometido al principio de legalidad y por tanto no podría adoptar medidas que no están autorizadas y que eventualmente rocen con el ordenamiento jurídico. El marchamo digital es muy similar a la huella que dejan los celulares en la actualidad”. Juan Manuel Campos, presidente Ciber Regulación
“Una correcta gobernanza respecto al proyecto y al manejo de los datos de los usuarios ofrecerá las garantías necesarias para que no se tergiversen los objetivos del marchamo digital y se faciliten controles cruzados de información, los cuales parecen ser los distractores actuales del proyecto”. Ignacio Guzmán, Senior Counsel, Bufete Alta
“Existen posibles riesgos asociados a ataques de organizaciones cibercriminales, buscando obtener información de la población. Sin embargo, estos riesgos pueden minimizarse o anularse a partir de la información que se condensará en los chips (si es o no de dominio público)”. Junta Directiva, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
EL CAMINO DEL MARCHAMO DIGITAL
Tras su oficialización en abril pasado, el proyecto de Marchamo Digital ha pasado por una serie de procesos que han involucrado a los tres Poderes de la República, entre otros actores.
26 abril el Gobierno oficializa el proyecto del marchamo digital, con el involucramiento de distintas instituciones como el Mopt, Micitt y el Instituto Nacional de Seguros como principal ejecutor, con la expectativa de que sea implementado para finales de 2023.
5 de junio el INS anuncia el cartel de licitación pública para la adquisición de 1,8 millones de ‘stickers inteligentes’ que vendrán a sustituir el engomado tradicional, así como para la búsqueda de oferentes que provean la tecnología necesaria para la implementación del proyecto, esto como parte de una primera fase.
10 de junio la diputada Johana Obando, del partido Liberal Progresista, impulsa la solicitud de comparecencia a las autoridades involucradas en el proyecto a fin de que aclaren ante el Plenario aspectos relacionados con captura de información y tratamiento de ésta.
15 de junio la legisladora Obando, junto con otro grupo de ciudadanos, interpone una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto de marchamo digital, ante eventuales sospechas de violaciones a la intimidad, videovigilancia y uso no autorizado de los datos recabados por el Estado, solicitando además la suspensión del proceso licitatorio.
