En Perú continúan los cambios normativos para reforzar los controles de seguridad sobre los dispositivos y redes móviles y castigar a quienes cometan delitos a través de ellos, esta vez desde el Poder Legislativo.
Este 5 de mayo, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó, con siete votos a favor y tres abstenciones el Proyecto de Ley 9877/2024-CR, que plantea modificar el uso de los datos derivados derivados de las telecomunicaciones para la “identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”.
Según consta en el documento, el objetivo de la iniciativa es “fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate de la delincuencia común y el crimen organizado, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP)”.
De acuerdo con el texto, el uso de las TIC incluye el acceso y empleo de datos técnicos de ubicación mediante el sistema de posicionamiento global (GPS), así como la trazabilidad de dispositivos de comunicación, direcciones IP y aquellos datos generados por equipos en el territorio nacional bajo la modalidad de roaming internacional, conforme a las garantías constitucionales y el marco legal vigente.
El texto aprobado establece que “las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de Internet o las entidades públicas y privadas relacionadas con estos servicios que reciban el requerimiento de la unidad especializada de la PNP, están obligadas a brindar los datos de localización, la identificación de celda u otros medios que permitan determinar con mayor precisión la ubicación de los dispositivos móviles”.
Relacionado: Policía y Ministerio Público podrán acceder a información de líneas
La atención del requerimiento se hará de manera inmediata y oportuna, durante las 24 horas del día y, en caso de incumplimiento, los infractores se harán acreedores de responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal.
Además, deberán proporcionar información cuando el dispositivo móvil se encuentre apagado o fuera de cobertura, las últimas ubicaciones registradas e indicar la fecha, hora y lugar donde estuvo con cobertura y conectividad.
Las empresas operadoras son responsables de actualizar sus plataformas para la entrega de datos en línea, en tiempo real.
Adicionalmente, el proyecto señala que los operadores deberán proporcionar los datos asociados a las direcciones IP asignadas dinámicamente, e incluir su vinculación con dispositivos móviles, fechas y horas.
Durante la dictaminación, la presidenta de la Comisión, Jessica Córdova Lobaton, argumentó que la protección de menores en el entorno digital es fundamental, por ser oportuna, necesaria y congruente con el deber del Estado de adecuar su normativa penal, técnica y procedimental al entorno digital actual, al reforzar su capacidad para enfrentar fenómenos delictivos que afectan gravemente a la niñez y adolescencia.
