Se estima que para atender la demanda creciente de datos móviles y acelerar el despliegue de 5G, Colombia requiere de una inversión cercana a los 870 millones de dólares tan sólo en infraestructura pasiva, que esté acompañado de una revisión a la regulación local para incentivar el despliegue de nuevos sitios, afirmó Miguel Di Campo, gerente Sénior de Asuntos Públicos de American Tower.
Durante su participación en Colombia 5G, organizado por DPL Group, Di Campo indicó que según un estudio de American Tower, Colombia requiere desplegar al menos 56 mil nuevos sitios hacia 2030, lo que implica triplicar la infraestructura actual para atender la creciente demanda de datos y conectividad.
En este proceso, destacó la importancia de los proveedores de infraestructura pasiva, ya que estos aportarán cerca del 60 por ciento de la inversión requerida para cumplir dicho objetivo.
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Puntualizó que existen tres desafíos principales en el despliegue de infraestructura: la existencia de costos exógenos al sector que afectan el avance de la conectividad, la poca predictibilidad jurídica para las inversiones y demoras para la obtención de licencias para despliegue de infraestructura que pueden demorar desde cuatro meses hasta dos años.
En específico, uno de los principales costos exógenos se refiere a un impuesto por alumbrado público que en algunos municipios puede ser superior hasta mil 700 por ciento sobre la facturación del servicio de energía eléctrica. “Lo más triste es que son los municipios con menor infraestructura”, y se desarrolla un círculo vicioso de menor conectividad por condiciones no sostenibles a la inversión.
Para solventar estas dificultades, American Tower emitió tres recomendaciones: en primer lugar, emitir una ley nacional de infraestructura con foco en lo rural y 5G que permitiría generar simplificación, homogeneización y predictibilidad, como ya sucede en Brasil, Perú y Costa Rica.
En segundo lugar, indicó que es necesario revisar la Ley 1819 de 2016 respecto al cobro del impuesto por alumbrado eléctrico, para asegurar que los municipios puedan recaudar este gravamen, pero promoviendo el despliegue de infraestructura. Y tercero, se tiene que revisar y actualizar el índice de favorabilidad al despliegue para que sea relevante para los municipios y se entiendan las barreras de tiempo y sobrecostos.