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La diputada local del PAN, Laura Álvarez, en el Congreso de la Ciudad de México, presentó en el pleno una iniciativa para prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años y establecer la responsabilidad del gobierno de proteger a niños y adolescentes en el entorno digital.

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El primer ministro británico, Keir Starmer, convocó este jueves a los líderes de algunas de las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo, incluyendo TikTok, X, Snap, Google y Meta, para exigir acciones concretas que protejan a las infancias en sus plataformas.

Durante el encuentro, Starmer fue enfático al señalar a los directivos que la actual coyuntura en el entorno digital de la infancia “no puede continuar”, revelaron medios del Reino Unido.

En una intervención televisada, Starmer argumentó que la situación demanda un cambio urgente, ya que las plataformas digitales están poniendo en riesgo a los menores.

De acuerdo con información de agencias de noticias como EFE, el primer ministro dejó clara su postura al sostener que es preferible un entorno que garantice la protección de los niños, incluso si esto implica la restricción de su acceso, a un escenario donde el daño sea el costo de su participación en línea.

El gobierno británico está actualmente analizando una serie de regulaciones enfocadas en la seguridad digital, que podrían incluir una posible prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. 

A pesar de la firmeza en su demanda, Keir Starmer indicó su disposición a colaborar con las tecnológicas de redes sociales para proteger a las infancias, y señaló que la discusión ya no gira en torno a si se implementarán cambios, sino en la manera en que estos se llevarán a cabo.

La reunión tuvo lugar poco después de que la Cámara de los Comunes, donde el Ejecutivo tiene mayoría absoluta, rechazara una propuesta de la Cámara de los Lores que buscaba aplicar una prohibición inmediata del acceso a las redes para los menores de 16 años.

El gobierno británico optó por favorecer un esquema regulatorio más flexible en lugar de una restricción total de entrada.

Además, desde el gobierno británico ha iniciado una consulta pública, del 2 de marzo al 26 de mayo, con el objetivo de establecer una base científica y cívica que guíe la protección infantil y promueva “experiencias digitales saludables”.

Dentro de esta consulta se evalúan diversas alternativas regulatorias, tales como la prohibición total, la implementación de controles estrictos sobre los algoritmos, la limitación de funciones adictivas o la supervisión rigurosa de los chatbots.

Meta comenzó a eliminar de sus plataformas –como Facebook, Instagram y Threads– una serie de anuncios que promovían servicios legales dirigidos a personas interesadas en demandar a empresas tecnológicas por presunta adicción a las redes sociales. Todo, en medio del creciente escrutinio judicial y regulatorio sobre el impacto de estas plataformas en la salud mental de los usuarios y especialmente los adolescentes.

De acuerdo con BBC News, los anuncios eran publicados por bufetes de abogados que buscaban clientes para demandas relacionadas con la adicción a las redes sociales.

En su defensa, Meta señaló que este tipo de anuncios no cumplen con sus políticas sobre servicios legales, en particular aquellas que restringen la promoción de demandas que puedan ser engañosas o que intenten explotar preocupaciones personales de los usuarios.

“No permitiremos que los abogados litigantes se beneficien de nuestras plataformas mientras, al mismo tiempo, afirman que son perjudiciales”, declaró la compañía en un comunicado.

El Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts, Estados Unidos, permitió que avance la demanda presentada por la fiscal general del estado, Andrea Joy Campbell, contra Meta Platforms, al determinar que podría ser responsable por el diseño de funciones adictivas en Instagram dirigidas a menores de edad.

En el caso titulado Commonwealth v. Meta Platforms Inc., bajo el número de expediente SJC-13747, la Corte concluyó que la inmunidad otorgada por la Sección 230 –que protege a las plataformas en línea de ser demandadas por el contenido generado por usuarios– no aplica cuando las acusaciones se centran en decisiones propias de diseño del producto.

Según el documento, las reclamaciones del estado “no buscan responsabilizar a Meta por contenido de terceros”, sino por sus propias prácticas comerciales y decisiones de diseño.

La demanda sostiene que Meta implementó mecanismos como desplazamiento infinito, reproducción automática de contenido y sistemas de notificaciones con el objetivo de maximizar el tiempo de uso, especialmente entre adolescentes. De acuerdo con el Tribunal, estas características pueden ser evaluadas como parte de una estrategia que “explota las vulnerabilidades psicológicas de los usuarios jóvenes” y que podría constituir prácticas engañosas o injustas.

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Asimismo, el requerimiento argumenta que la compañía habría minimizado públicamente los riesgos asociados al uso de sus plataformas, pese a contar con evidencia interna sobre sus posibles efectos negativos en la salud mental. Al respecto, el fallo permite avanzar acusaciones bajo leyes de protección al consumidor, al considerar que Meta pudo haber incurrido en declaraciones engañosas sobre la seguridad de sus servicios.

Otro punto relevante de este proceso es que el Tribunal dio vía libre a la teoría de public nuisance (daño público), al aceptar que los efectos de la supuesta adicción digital en menores podrían constituir un problema de salud colectiva. Esto significa que la responsabilidad potencial de Meta puede ser mayor, dado que va más allá del tipo de contenido que los usuarios publican.

Meta, por su parte, defendió que sus funciones forman parte de la publicación y organización de contenido de terceros, por lo que deberían estar protegidas bajo la Sección 230, además de invocar la Primera Enmienda, al argumentar que sus algoritmos, el ordenamiento del feed y las recomendaciones de contenido constituyen una forma de “juicio editorial” protegida como libertad de expresión, por lo que cualquier intento de regular o sancionar estas decisiones equivaldría a intervenir en su discurso.

Sin embargo, el Tribunal consideró que la demanda no se centra en lo que la empresa comunica, sino en sus prácticas de diseño y negocio, es decir, en la conducta de la compañía más que en una expresión protegida.

Si bien este fallo no determina ninguna decisión sobre el caso, establece un precedente respecto a la responsabilidad de Meta en la salud mental de los usuarios que hasta ahora no había sido debatido a profundidad.

El gobierno de Grecia prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 15 años de edad, una normativa que entrará en vigor desde el 1 de enero de 2027, como parte de una estrategia para proteger la salud mental de los jóvenes.

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde declaró su deseo: “Mi visión y mi esperanza es que lo que se convierta en política griega acabe convirtiéndose en política europea”.

La iniciativa será presentada formalmente al Parlamento en los próximos meses, donde se espera su aprobación gracias a la mayoría del partido gobernante. Una vez se supere esa fase, la restricción será obligatoria y universal, sin excepciones ni posibilidad de autorización por parte de los padres.

Para implementar la normativa, Grecia utilizará la aplicación estatal “Kids Wallet”, una herramienta que ya permite verificar la edad de los menores y controlar su acceso a determinados contenidos o servicios digitales.

El sistema, que actualmente se usa para impedir la compra de productos como alcohol o tabaco, será adaptado para bloquear el acceso a plataformas como redes sociales mediante mecanismos de verificación de edad.

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La medida surge ante el creciente impacto negativo del uso intensivo de redes sociales en menores, incluyendo problemas de ansiedad, falta de sueño y presión social constante derivada de la exposición digital.

A esto se suma que, según el gobierno, muchos padres han manifestado preocupación por el tiempo que sus hijos pasan frente a las pantallas y las consecuencias en su bienestar emocional. En este contexto, la prohibición busca reducir la dependencia tecnológica y fomentar hábitos más saludables.

El gobierno griego también ha instado a la Unión Europea a adoptar una política común que establezca una “mayoría de edad digital” de 15 años, argumentando que las medidas nacionales resultan insuficientes frente a plataformas globales.

Con esta medida, Grecia se suma a una tendencia internacional. Países como Australia ya han aprobado restricciones similares, mientras que otras naciones como Reino Unido evalúan acciones para limitar el acceso de menores a las redes sociales.

Agencia Guatemalteca de Noticias

La Procuraduría General de la Nación (PGN) lanzó la campaña No caigas en las redes con el objetivo de sensibilizar a la niñez, adolescencia, padres de familia y cuidadores sobre la importancia del uso responsable de las redes sociales. La estrategia pone énfasis en la seguridad digital como una herramienta clave para prevenir desapariciones y otras vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Snapchat, Meta (propietaria de Instagram y Facebook), Google (propietaria de YouTube) y Microsoft anunciaron que continuarán aplicando medidas voluntarias para detectar, eliminar y reportar material de abuso infantil con contenido sexual (CSAM), pese a la expiración del marco legal que respaldaba estas prácticas en la Unión Europea.

La decisión se produce tras el vencimiento de la derogación de la Directiva ePrivacy el pasado 3 de abril, una excepción vigente desde 2021 que permitía a las plataformas escanear comunicaciones privadas con fines de protección contra el abuso infantil.

En un comunicado conjunto, las empresas advirtieron que la expiración de esta derogación “deja a los niños menos protegidos frente a uno de los daños más atroces”, al eliminar la base jurídica que permitía detectar contenido ilegal mediante tecnologías como el hash matching, un mecanismo ampliamente utilizado por la industria que permite identificar material previamente catalogado como abusivo sin necesidad de acceder directamente al contenido de los mensajes.

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La Directiva ePrivacy formaba parte de un régimen temporal adoptado por la Unión Europea para equilibrar la privacidad de las comunicaciones con la lucha contra el abuso infantil en línea. Sin embargo, las instituciones europeas no lograron acordar a tiempo una extensión o un nuevo marco normativo permanente, pese a que el Parlamento Europeo había propuesto prolongar estas medidas hasta agosto de 2027 mientras se negociaba una solución definitiva.

La falta de consenso ha generado un vacío legal que, en teoría, impide a las plataformas realizar escaneos proactivos en comunicaciones privadas sin exponerse a posibles infracciones de las normas de privacidad, pues de acuerdo con autoridades europeas, este tipo de monitoreo ya no está permitido bajo la legislación vigente, lo que podría dificultar la detección y prevención de delitos.

No obstante, Meta, Google, Microsoft y Snapchat reiteraron su compromiso de continuar con acciones voluntarias en tanto se define un nuevo marco regulatorio, y urgieron a las instituciones europeas a alcanzar un acuerdo “de manera inmediata”.

El pronunciamiento también cuenta con el respaldo de cerca de 250 organizaciones de protección contra el abuso infantil, las cuales alertan sobre el impacto global que podría tener la reducción de estas capacidades de detección.

TikTok continúa apoyando pequeños comercios en América Latina. Una semana después de anunciar los 12 ganadores de la edición 2025 de su programa de aceleración, a los que destinó 240,000 dólares en capital semilla, la empresa de redes sociales lanzó este 9 de abril Digital Commerce Labs, que arrancará en la región y en África durante esta primavera.

Desarrollado junto a la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), Digital Commerce Labs es un programa global diseñado para abrir oportunidades de comercio digital a las pequeñas empresas en mercados seleccionados de Latinoamérica, África y el Sudeste asiático.

Por parte de América Latina, participan Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú; Ghana, Nigeria, Kenia y Sudáfrica están por parte de África, y Tailandia por Asia. El programa se lanzará en estos 10 países y brindará apoyo a emprendedores mediante programas comunitarios, recursos de aprendizaje digital y sesiones de capacitación virtual. La expansión más amplia a África y Tailandia se realizará hacia el final del año.

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Esta iniciativa aprovechará el conjunto de herramientas y alcance de comercio digital de TikTok, combinados con la experiencia de ICC en comercio internacional y su sólida red de comités internacionales y cámaras de comercio, para ampliar el acceso a capacitación, mentoría y recursos digitales.

Mediante esta alianza, TikTok y CCI brindarán a las pequeñas empresas habilidades y herramientas necesarias para aumentar sus ingresos, ampliar su acceso a los mercados y fortalecer su resiliencia a largo plazo.

Según ambas entidades, Digital Commerce Labs creará un modelo educativo escalable que ayudará a los emprendedores a transformar el conocimiento digital en oportunidades de crecimiento reales.

El programa se propone brindar capacitación e impacto económico mediante tres componentes integrados:

1. Creación de comunidad: reunirá a pequeñas empresas en sesiones híbridas (virtuales y presenciales) con socios relevantes del ecosistema local para fomentar el aprendizaje entre pares y el desarrollo de redes.
2. Módulos de capacitación en línea autodirigidos: alojados en una plataforma de aprendizaje especializada, brindarán a los participantes flexibilidad y profundidad, con videos producidos por expertos locales, cuestionarios interactivos y un certificado de finalización.
3. Aulas virtuales: ofrecerán oportunidades de aprendizaje dirigidas por instructores, en las que los emprendedores podrán interactuar directamente con expertos de la industria, hacer preguntas en tiempo real y profundizar su comprensión de las herramientas y estrategias del comercio digital.

“Esta alianza representa un importante avance en nuestra misión de construir una economía global más inclusiva, dinámica y accesible. Al unir fuerzas con TikTok para lanzar Digital Commerce Labs, brindamos a emprendedores y pequeñas empresas de 10 mercados las herramientas prácticas, el conocimiento y la confianza que necesitan para prosperar en la era digital”, asentó el secretario general de ICC, John W.H. Denton AO.

“El comercio digital se ha convertido en uno de los motores más poderosos del crecimiento económico sostenible para las comunidades, y nos entusiasma potenciar, a través de los Laboratorios de Comercio Digital, el importante papel que TikTok ya desempeña en la creación de oportunidades para emprendedores, pymes y creadores de todo el mundo”, declaró Eric Ebenstein, director senior de Políticas Públicas de TikTok.

Las grandes plataformas en línea lucran a expensas de los derechos de los usuarios, por lo que el Consejo de Europa realizó una Recomendación que exige la rendición de cuentas a todas las firmas digitales en la Unión Europea.

El Consejo acusó que, actualmente, el ecosistema digital se caracteriza porque un pequeño número de plataformas poderosas tienen la capacidad de dictar lo que los usuarios ven y con lo que interactúan, todo a través de sistemas que son opacos y carecen de rendición de cuentas.

“El diseño impulsado por el lucro a menudo se realiza a expensas de los derechos de los usuarios y la integridad de la información.

“Esto puede dejar a las personas expuestas a riesgos, sin la transparencia ni las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su experiencia en línea”, señala el Consejo de Europa.

Ante esta situación, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que agrupa a los gobiernos de sus 46 Estados miembros, ha adoptado formalmente una nueva Recomendación clave.

Explicó que este instrumento se centra en la seguridad en línea y el empoderamiento de los usuarios y creadores de contenido. Su objetivo es establecer un enfoque integral basado en los derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas de todas las plataformas digitales en el territorio europeo.

Específicamente, la Recomendación demanda una mayor transparencia y una supervisión más estricta de los algoritmos de las plataformas en línea. Exige también una rendición de cuentas democrática y una vigilancia reforzada por parte de las autoridades públicas independientes y la sociedad civil.

El Consejo de Europa agregó que esto se aplicará a la forma en que las plataformas que alojan contenido generado por los usuarios, en particular las de gran tamaño, diseñan sus interfaces y evalúan los riesgos para los derechos humanos y los procesos democráticos.

Además, este nuevo marco jurídico reafirma que la protección de los usuarios y las garantías sólidas para la libertad de expresión son elementos esenciales de las normas de rendición de cuentas de las plataformas.

Dijo que busca promover un entorno seguro y propicio para la libertad de expresión en línea, permitiendo que todas las personas, incluidos grupos que enfrentan mayores riesgos como mujeres y niños, participen de forma libre y segura.

“Se requiere un enfoque que empodere a los usuarios desde el diseño, para brindarles un control significativo sobre su experiencia en línea a través de herramientas y derechos concretos, y para apoyar a los creadores de contenido en el cumplimiento de sus responsabilidades al generar y compartir material”, puntualizó el Consejo.

Bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega en X, Instagram y Facebook, decenas de mujeres periodistas han relatado públicamente experiencias de acoso sexual, abuso de poder y violencia de género dentro de redacciones, coberturas y espacios laborales en medios de comunicación de Colombia.

El detonante fue la publicación de testimonios contra reconocidos presentadores de televisión de Caracol Televisión: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, lo que llevó a la empresa de comunicación a desvincular a ambos periodistas. Acto seguido, se generó una especie de efecto dominó de denuncias.

Las historias compartidas por periodistas colombianas no son casos aislados o individuales, al contrario, revelan patrones reiterados de abuso de superiores contra periodistas en procesos de prácticas y en sus etapas iniciales de formación profesional, presiones laborales, acercamientos físicos no consentidos y represalias contra quienes denunciaran.

El fenómeno ha sido calificado por varias de las denunciantes como un “pacto de silencio” que durante años permitió la continuidad de estos comportamientos, pues estas prácticas no eran desconocidas dentro del gremio.

Tener que quitarse de encima a un periodista… a la fuerza, varias veces y a empujones, para que no le dé un beso en un ascensor no es normal”: Juanita Gómez.

Todo este calvario de acoso sexual y laboral empieza en mi caso en el 2017. Con una ilusión gigante de pertenecer y de demostrarme que por mis capacidades iba a llegar a quedarme en RCN… Yo hice las prácticas como con 78 personas y sólo había dos posibilidades de quedarse. Una vacante en RCN y la otra era en NTN24. En esos seis meses la di toda y conté con la suerte de que yo estaba en el equipo de fin de semana”: denunciante anónima para Infobae.

De acuerdo con una encuesta hecha por el Observatorio de la Democracia Universidad de Los Andes, del 2020, seis de cada 10 mujeres periodistas dijo haber sido víctima de violencia de género en sus espacios laborales, y de ellas, 79% mencionó que quien les acosó fue un superior dentro de su empresa.

Lo peor es que algunas denunciantes aseguraron solicitar el apoyo de Recursos Humanos para encender alarmas de acoso dentro de su empresa, pero dichas instancias no hicieron nada.

Acudí a Recursos Humanos pensando que me iban a proteger… pero lo único que hicieron fue decirme que tuviera cuidado, que él era ‘importante’ en la empresa. Nunca pasó nada”: testimonio anónimo.

Cuando denuncié, me hicieron sentir que el problema era mío… que estaba exagerando. Después de eso, entendí por qué nadie hablaba”: denunciante anónima.

La ausencia de los canales oficiales ha sido, justamente, lo que ha activado la ola de denuncias a través de redes sociales que parece ser, ahora, la única vía que ha permitido a las mujeres elevar su voz en contra del acoso del que han sido víctimas en estos medios de comunicación.

A raíz de esto, organizaciones y redes de periodistas habilitaron canales seguros para recibir testimonios, acumulando más de 200 denuncias. 

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación confirmó la recepción de más de 50 denuncias formales, lo que llevó a la creación de equipos especializados y recepción oficial de correos para formalizar las denuncias a través de denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, e inició una investigación sobre el caso Caracol.

La misma ministra TIC, Carina Murcia, se pronunció sobre el movimiento a través de su cuenta de X, donde hizo énfasis en la importancia de escuchar y creer en las víctimas. Reconoció que las mujeres “tenemos miedo. Un miedo que nos han infundado en este sistema patriarcal desde que somos niñas. No nos creen y, lo más grave, es que con el paso del tiempo hemos asumido una responsabilidad propia de que hablar es hacer daño, cuando el daño siempre ha estado”.

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Este tipo de agresión surge a partir de una relación profundamente desigual entre el agresor y las víctimas, quienes usualmente son mujeres a las que les duplican o triplican la edad, y bajo unas condiciones de poder económico y laboral que hacen mucho más difícil para ellas denunciar sin represalias que impidan su propio crecimiento laboral o profesional.

El alcance de MeTooColombia ha trascendido el sector periodístico.

Las denuncias han salpicado a instituciones públicas, provocando incluso la renuncia de funcionarios y la apertura de investigaciones en distintas entidades del Estado, aunque en una menor medida que la de los medios de comunicación, especialmente Caracol Televisión.

Aun así, la tendencia de MeTooColombia parece ser el camino hacia el fin del “pacto de silencio” y de violencia de género que durante décadas ha reinado en los medios de comunicación.