El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil busca incorporar a sus competencias a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), una entidad creada para supervisar si las empresas y los organismos públicos obtienen información de los usuarios sin consentimiento y si la manipulan.
Uno de los argumentos del CADE es que esto aceleraría el inicio de las operaciones de la ANPD, lo que podría ocurrir en enero de 2021, además de generar ahorros para las arcas públicas. La organización produjo un estudio de 44 páginas defendiendo la idea, según una publicación del medio local Mobile Time.
Inversión
“La autoridad estaría operativa en tiempo récord porque, con una mínima inversión, se utilizaría toda la estructura y capacidades acumuladas por el CADE a lo largo de los años, compartiendo no sólo las áreas de gestión transversal, sino también las buenas prácticas ya establecidas en la autarquía en la realización de la política pública competitiva”, se especificó en el documento.
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Según los estudios del Consejo, el costo estimado para implementar la ANPD fuera del CADE sería de 125 millones de reales. Por otro lado, su incorporación al directorio sólo costaría 17 millones de reales. Los recursos utilizados provendrían del presupuesto actual, el Fondo de Derechos Difusos (FDD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El CADE también afirma que ya está en línea con los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Consejo afirma tener experiencia en 23 de las 24 competencias previstas en la ANPD.
Cambios
El documento enfatiza, sin embargo, que será necesario hacer algunos ajustes para incorporar las competencias de la ANPD en el CADE en las disposiciones de la LGPD, así como en la Ley de Competencia. “Adicionalmente, deben suprimirse disposiciones de la Ley N° 13.709, del 14 de agosto de 2018, que resultan disfuncionales, así como disposiciones de la Ley N° 12.529, de 2011, para adecuar la legislación del CADE al estándar de los organismos reguladores”, dice el documento.