Las principales entidades de telecomunicaciones de Brasil firmaron un manifiesto sectorial con las “inquietudes” sobre la nueva propuesta de postes compartidos entre distribuidoras de energía eléctrica y prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
Las asociaciones coinciden en que los cambios en las reglas para compartir postes son obligatorios, ya que la dinámica actual se caracteriza por conflictos entre sectores, “atentando contra la inclusión digital propia del país y la calidad de los servicios ofrecidos”.
Sin embargo, el sector defiende el papel de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) como protagonista. “Se debe respetar su competencia legal, haciendo cumplir todos los dictados del artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones”, dice el documento.
Las entidades piden una revisión de algunas definiciones y que los conceptos sean más precisos, además de un modelo de reparto claro, “con ajustes en la lógica de homologación de ofertas y en el papel de la cesión de la infraestructura, con precisión en garantizar la adopción de una metodología de tarifas basada en los costos incrementales incurridos y la reformulación transparente de las etapas de reordenamiento y regularización de la red”.
Finalmente, el grupo llamó a un mayor diálogo entre sectores.
Suscriben el documento Abrint, Conexis Brasil Digital, TelComp, Feninfra, Abramulti, Associação NEO, Abeprest, InternetSul y Redetelesul.
Consulta Pública N° 73/2021
El proyecto, formulado en conjunto por Aneel y Anatel, prevé que las distribuidoras hagan un relevamiento de los postes que deben ser regularizados en el año siguiente y, luego, los operadores deberán adecuar las estructuras indicadas. Las Agencias estiman que esta regularización demoraría alrededor de 10 años.
En cuanto al precio del punto de fijación de equipos de telecomunicaciones, la propuesta es que Aneel defina el valor. “Además, se propone que los operadores paguen por cada punto de fijación utilizado en los postes de distribución”, según el texto. El valor de referencia debe ser actualizado de R$ 3,19 para R$ 4,77, hasta que Aneel determine el precio.
El sector de las telecomunicaciones entiende que las responsabilidades y el coste de adecuar las estructuras han recaído mayoritariamente en los operadores.
La propuesta está en consulta pública en Aneel hasta el 4 de marzo y aún no se abrió para contribuciones en Anatel. Se espera que la Junta Directiva vote sobre el texto esta semana.
