Brasil – Anatel pospone definición de normas para migración de concesiones de telefonía
Los contratos de telefonía fija pasarán de concesión a autorización; con el cambio, las compañías ya no tendrán obligaciones bajo el régimen de concesión, como inversiones en teléfonos públicos.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) pospuso la apertura de una consulta pública que debatirá las reglas para que los concesionarios de telefonía fija cambien sus contratos de concesión para obtener autorización, según lo dispuesto en el nuevo marco legal para el sector, la Ley 13.879/19.
El tema estaba en la agenda de la reunión extraordinaria del consejo directivo del 22 de enero, y la propuesta de consulta incluso fue presentada por el consejero informante Emmanoel Campelo, pero la decisión fue suspendida debido a una solicitud de opiniones del consejero Vicente Aquino, quien prometió presentar su voto el 6 de febrero.
Con el cambio a la autorización, las compañías ya no tendrán obligaciones bajo el régimen de concesión como, por ejemplo, inversiones en teléfonos públicos.
La regulación de la Anatel traerá las reglas para este cambio. Además de ésta, se necesitarán decretos para regular la ley sancionada a fines del año pasado por el Presidente Jair Bolsonaro y que permite este cambio en los contratos.
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Actualmente, Oi, Telefónica, Embratel, Sercomtel y Algar son concesionarios de telefonía fija. Los contratos son válidos hasta 2025.
Propuesta
Campelo presentó su propuesta donde indica que, después de que la Anatel publique el reglamento, las empresas tendrán seis meses para solicitar la adaptación de la licencia y, después de la aprobación de la solicitud, tendrán otros 60 días para firmar el plazo de autorización.
La votación también incluyó la regla para calcular la inversión que la compañía telefónica debe hacer para tener derecho a esta modificación.
Para cambiar los contratos, las empresas tendrán que invertir en Internet de banda ancha en regiones sin interés económico, como pequeñas ciudades en el interior del país.
La propuesta del consejero es que el cálculo de este valor considere:
- cuánto dejará de gastar la compañía para cambiar de concesión a autorización;
- el valor de los activos reversibles, que son los que forman parte de la concesión y se consideran esenciales para la prestación del servicio;
- indemnizaciones eventuales que las empresas tendrían que recibir por las inversiones realizadas.
Las empresas también deberán proporcionar garantías financieras de que podrán cumplir con las inversiones requeridas.