En Brasil se ha comentado durante algunos meses la venta de los activos móviles del operador de telecomunicaciones Oi. Sin embargo, el Presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Leonardo Euler de Morais, indicó que esta situación podría complicar el cumplimiento del Plan General IV de Objetivos de Universalización (PGMU IV).
Dicho Plan determina que los concesionarios de telefonía fija instalen antenas 4G en mil 386 ubicaciones hasta diciembre de 2023.
“El PGMU IV trae un objetivo móvil para telefonía fija. En una eventual fusión y adquisición que involucre las operaciones móviles de Oi, el titular del espectro es el operador móvil. ¿Cómo va a alcanzar el objetivo el concesionario de línea fija sin el espectro?”, pregunta el presidente de la agencia reguladora.
En enero de 2020, la Anatel envió un documento al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC), señalando las dificultades regulatorias, económicas y legales para que las compañías cumplan con determinadas obligaciones.
En resumen, la principal preocupación de la agencia es el hecho de que las concesiones públicas (telefonía fija) están obligadas a proporcionar un servicio privado (celular), generando muchas preguntas sobre su validez, e incluso pueden causar más daños a la concesión.
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Para Morais, a medida que pasa el tiempo y cambia el mercado brasileño de telecomunicaciones, esta situación se vuelve más grave.
Y destaca, por ejemplo, el problema generado con la frecuencia de 450 MHz, que ha sido debatido por la Anatel y en el sector durante varios años. En este caso, la Anatel, para cumplir con una determinación del PGMU III, estableció en 2012, en el anuncio de frecuencia de telefonía celular de 2.5 GHz, obligaciones de telefonía fija que aún están en debate.
De acuerdo con Morais, las autorizaciones, como las de los teléfonos celulares y la banda ancha, explotadas en un régimen privado, son las principales responsables de la masificación de los servicios de telecomunicaciones en Brasil y, por lo tanto, los dos regímenes no deben mezclarse. “El PGMU debería establecer objetivos de construcción de red para los concesionarios, como el backhaul”, defendió.