El régimen especial fiscal y aduanero de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia más austral de Argentina, hizo que desde su implementación se instalaran más de 20 empresas fabricantes de electrónica y que desde allí se produzcan más del 90 por ciento de los televisores, celulares y aires acondicionados que se venden en el país. Sin embargo, mantener este régimen de producción nacional representa actualmente una renuncia fiscal de mil 070 millones de dólares por año.
El modelo (Ley 19,640, ver aquí) alcanzó recientemente 51 años de vigencia y el cumplimiento o no de los objetivos del subrégimen industrial está en la mira: la organización Fundar publicó una serie de informes para fomentar su reformulación y promover la diversificación y transformación productiva local. Qué plantea la investigación y qué piensan las empresas, en la boca de sus protagonistas.
“Actualmente hay más de 20 empresas de electrónica que fabrican en Tierra del Fuego. El mayor oleaje de instalación fue en la década del 1980 y luego después de 2005. Sin dudas, la ley fomentó la instalación de fábricas de electrónica allí”, dijo a DPL News Ana Vainman, directora Ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentina Terminales de Electrónica (Afarte). Estimó que “entre 90 y 98 por ciento de lo que se vende en el país entre televisores, celulares y aires acondicionados se produce en Tierra del Fuego; el porcentaje varía dependiendo del producto”.
Afarte estima en 3 mil 382 millones de dólares la facturación de la industria en 2022; el sector es responsable de 9 mil 203 empleos directos y 7 mil 914 indirectos. Ese año se produjeron en el país, siempre según datos recopilados por esa entidad, 3.3 millones de televisores, 10.2 millones de celulares y 1.3 millones de aires acondicionados.
Respecto de las ventas, informó que se comercializaron 2.3 millones de televisores, la mayoría de 32 pulgadas y en una tendencia favorable apalancada por el Mundial de Futbol; 8.3 millones de celulares, uno de cada tres de gama media, 22 por ciento de gama baja y el resto de gama alta, y 944 mil aires acondicionados, 71 por ciento on/off y el resto de tipo inverter.
Para Fundar, que se presenta al público como una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva, el costo/beneficio no resulta conveniente. “El llamado subrégimen industrial hoy implica una renuncia fiscal de mil 070 millones de dólares por año para sostener una propuesta que no ha logrado generar la autonomía para la provincia ni propiciar la agregación de valor local. Es necesario repensarlo”, inicia en sus argumentos. Su reporte se concentra sólo en la pata industrial del régimen, aunque su impacto es holístico.
La ley aprobada en 1972 sigue siendo parte de la normativa local. En 2021 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 727 (ver aquí), por el que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2038 el plazo de vigencia de la normativa con opción de prórroga por otros 15 años si se cumplen ciertas condiciones. Además, se estableció el compromiso para empresas industriales de realizar aportes mensuales obligatorios por el 15 por ciento del beneficio obtenido en concepto de IVA por la venta de productos que resulten vinculados a proyectos industriales bajo el régimen.
Con los candidatos definidos y las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, es buen momento para revisar las propuestas esgrimidas para un subrégimen industrial que ha dado qué hablar en los últimos meses. De hecho, según pudo saber DPL News, la iniciativa ya fue presentada a distintos equipos de gobierno, stakeholders de la provincia, en ámbitos académicos y actores interesados en la materia.
La propuesta de Fundar
“El régimen fueguino tuvo un objetivo explícito: incrementar de manera significativa la población sobre la base del empleo industrial. A pesar de que en su concepción original se propiciaba fomentar la agregación de valor en la isla, el conjunto de incentivos económicos y el entramado de regulaciones actuales no alientan la innovación ni las exportaciones”, expuso Fundar en el apartado de diagnóstico, uno de los tres que son parte de su análisis. Agregó, casi como introducción, que el plan no es presentar “un paquete cerrado de soluciones sino alternativas y escenarios”.
Juan Carlos Hallak es profesor de Economía Internacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), además cuenta con una larga trayectoria en temas de comercio internacional y desarrollo productivo. “El régimen de Tierra del Fuego es uno de esos temas en los que hay amplio consenso en que algo anda mal, que es costoso y no resultó como se esperaba, pero a la vez no hay una propuesta clara de cómo encontrar la salida. Entonces se propuso hacer un estudio y me convocaron para ser parte de un equipo multidisciplinario. Llevó más de un año”, indicó quien es uno de los autores de la propuesta, en diálogo con DPL News.
El documento propone la reformulación del régimen en pos de bajar gradualmente —en un plazo de 11 años— la mayor parte de la renuncia fiscal asociada al subrégimen industrial. “En pocas palabras, se reducen los incentivos fiscales para que se incentive la agregación de valor. Se trabaja en el potencial productivo que tiene la provincia y se explica cómo el ahorro fiscal de modificar el subrégimen generaría recursos más que suficientes para las inversiones que se necesitan para el desarrollo de nuevos sectores”, amplió Hallak.
Propuestas de reformulación
| Instrumento | Propuesta |
| IVA | En 5 años a contar desde 2025 se comienza a cobrar gradualmente el IVA a los insumos importados. Se mantiene el crédito fiscal correspondiente al IVA por el valor agregado en el país. |
| Aranceles a la importación y tasa estadística sobre los insumos importados | Se restituyen gradualmente a partir de 2030, en un plazo de 5 años. |
| Aranceles a la importación y tasa estadística sobre los bienes finales importados | Propuesta de base: no se modifican. Alternativa: bajar del 16% al 12% el arancel de importación a los teléfonos celulares, uniformemente durante 2033 y 2034. |
| Impuestos internos a productos electrónicos | En 2024 se elimina el diferencial, restituyendo la alícuota de 6.55% Adicionalmente para teléfonos celulares: transición de 6.55% en 2024 a 0 en 2029. |
| Barreras no arancelarias | Se eliminan el primer año. |
| Tasa de verificación de procesos productivos | Se mantiene la tasa de 1.8%. |
| Fondo de ampliación de la matriz productiva fueguina | Se mantiene el aporte equivalente al 15% del crédito fiscal por IVA. |
A partir de este modelo de reformulación, se evaluó el impacto. El método elegido fue hacer énfasis en los tres principales productos del régimen: celulares, televisores y equipos de aire acondicionado, al tener en cuenta que representan 77 por ciento de las ventas del continente y 82 por ciento del costo fiscal. Los resultados fueron los siguientes:
- Cesaría por completo la producción de celulares en Tierra del Fuego, pues pasarían a importarse en su totalidad. Se mantendría 61 por ciento de la producción de televisores y 28 por ciento de los aires acondicionados.
- Los celulares subirían su precio un 2 por ciento, los televisores 27 por ciento y los aires acondicionados 10 por ciento. El impacto cambia si se toma la propuesta alternativa respecto de la reducción arancelaria.
- Se perderían unos 7 mil 254 empleos en los 11 años; no se estiman nuevas bajas en los años posteriores.
- El ahorro fiscal sería de 881 millones de dólares al año.
La pérdida de empleo destaca entre las conclusiones por su notorio impacto negativo inicial. La cifra no preocupa a los autores porque, en palabras de Hallak, “nos da una cantidad similar la cantidad de empleo que se podrían crear con el desarrollo de nuevos sectores. El objetivo geopolítico de que haya una isla poblada con actividad económica no se vería comprometido. Hay un gran número de actividades que pueden desarrollarse, entre ellas las relacionadas con la economía del conocimiento”.
De hecho, economía del conocimiento es uno de los seis ejes sectoriales que pone sobre la mesa Fundar en la tercera etapa de su informe, en que abunda sobre las oportunidades futuras para la provincia. Las otras son turismo, energía y petroquímica, infraestructura portuaria y polo logístico antártico, polo académico y científico y otras actividades. Los ejes transversales son, en tanto, el desarrollo de un ecosistema emprendedor y la infraestructura urbana y habitacional.
Sobre el ahorro fiscal, el docente valoró el número y enfatizó que la propuesta resulta completamente lógica porque se lograría sólo modificando algunos puntos, como que se dejen de atar los incentivos a la facturación y se aten al valor agregado, lo que “además haría todo más transparente desde lo legal, lo regulatorio, etc.” El ahorro fiscal acumulado en la propuesta es de 5 mil 864 millones de dólares en 11 años.
La visión de Afarte
Afarte nuclea a fábricas de productos de electrónica de consumo radicadas en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tiene a la fecha siete empresas socias: BGH, Electrofueguina, Fapesa, Mirgor, Newsan, Radio Victoria y Solnik. Además de los productos mencionados, también se fabrican hornos microondas y electrónica autopartista, repasó Ana Vainman en diálogo con este medio.
Consultada específicamente sobre la propuesta, la ejecutiva consideró que “es contrafáctico decir qué pasaría, pero una podría imaginar que sin el beneficio fiscal probablemente las industrias no estarían instaladas o no en la magnitud actual; hoy crean empleo y riqueza para la provincia y la nación. Es necesario aclarar que aportan al fisco, a través de, por ejemplo, los impuestos internos y por las cargas sociales que abonan”. Sobre las cuentas planteadas, destacó que “no se trata de un subsidio que paga el Estado, sería un ingreso renunciado. Además, el cálculo omite ciertos aportes; no es un número que nos parezca cercano a la realidad”.
El subrégimen permitió la instalación de la industria electrónica y funcionó para incrementar la población de la provincia: antes de la ley tenía 13 mil habitantes y ahora la cifra es cercana a los 190 mil. Para Vainman, “esto implica arraigo y ocupación de un área geopolíticamente muy estratégica para el país”. Por otro lado, “la instalación de la industria allí funciona hace décadas y ha ido incrementando su tecnificación, su tecnologización y su robotización, además de más capacidad de recursos humanos incluido personal muy calificado”.
La vocera de Afarte sugirió, además, que la propuesta de Fundar ya existe en la práctica puesto que, como se indicó, la renovación del subrégimen en 2021 incorporó la obligación de pago del 15 por ciento para aportes al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. “Es un fondo que, se calcula, va a tener unos mil 700 millones de dólares hasta 2038”, amplió en diálogo con este medio.
Sobre esta reflexión, el autor de la propuesta respondió que “es verdad que en algún sentido está la idea, sin embargo, no se modificó el mal diseño del subrégimen. Si vos tenes que ir a Mar del Plata y llegaste a Chascomús, no llegaste”, sugirió para luego considerar que “los números del informe son los mejores construidos sobre ciertos aspectos” de la provincia.
“Competir con China, con Vietnam en el ensamble de electrónicos para el mercado masivo no tiene sentido. Es un gasto sin sentido. Pero si este conocimiento acumulado se puede desarrollar, a eso apuntamos. Tierra del Fuego tiene una desventaja por ser tan remoto, pero muchos aspectos se pueden mejorar: se necesita invertir y para eso se requieren recursos”, concluyó Hallak.
Coyuntura y futuro
En las últimas semanas hubo algunas noticias con potencial impacto en la realidad industrial fueguina, como un memorando de entendimiento entre el gobierno local y China por la construcción de una central eléctrica y un puerto que recibió fuertes quejas de la oposición, y el anuncio de Mirgor, que prevé invertir 380 millones de dólares en un nuevo puerto multimodal en Río Grande, que podría entrar en operaciones en 2024.
La propuesta está sobre la mesa y la elección de nuevas autoridades nacionales podrá renovar las cartas y probabilidades de que prosperen o no cambios en el subrégimen que cumplió el año pasado 50 años de vida. Cambiar no es derogar y el largo plazo es casi utopía en un país de necesidades urgentes. ¿Vale la pena aplicar los cambios? ¿A qué costo? Esperan la respuesta de conjunto de empresas y, más aún, una provincia clave en el mapa geopolítico local.