Argentina | Oficialismo quiere crear un registro único de trabajadores de apps de delivery
Un proyecto de ley del oficialismo promete polémica en Argentina, pues tiene como objetivo crear un registro único de trabajadores de aplicaciones. La propuesta es similar a la que tiene media sanción para la provincia de Buenos Aires y que fue fuertemente criticada por la oposición. Su naturaleza es proteger pero, como siempre en estos casos, regular bajo estructuras tradicionales modelos de negocio en clave digital parece un arma de doble filo.
El texto se titula “Creación del registro nacional único y obligatorio para trabajadoras y trabajadores de plataformas de aplicaciones”. Está firmado por 19 legisladores del Frente de Todos, entre ellos su impulsora María Rosa Martínez. Comenzó formalmente con su ingreso por Diputados el pasado 5 de mayo, con paso inicial por la comisión del Trabajo.
La creación del registro estará, de avanzar el proyecto, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y de Seguridad Social de la Nación. Tendrá por objeto “la sistematización, monitoreo y seguimiento de la información de las personas jurídicas empleadoras así como también de los trabajadores contemplados”. Alcanza a quienes realicen actividades de diligencias, transporte, entrega y/o retiro de alimentos u otros elementos en bicicleta, moto o auto.
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El artículo quinto indica que el registro deberá incluir a todas las personas que realizan estas actividades, en tiempo parcial o completo, por cuenta propia o ajena, quienes tendrán que inscribirse y hacer lo propio con los vehículos que usan para realizar esta actividad. La autoridad emitirá un certificado habilitante (artículo 7) personal e intransferible (artículo 10) y de renovación anual (artículo 9).
El Ministerio de Trabajo, Empleo y de Seguridad Social tendrá entre sus funciones fijar las condiciones y requisitos de inscripción, identificar empleadores y empleados y controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de normas y derechos que conlleva la actividad, así como exigir a los trabajadores a denunciar prácticas abusivas. El texto llama a las provincias a adherir al documento, que de aprobarse sin cambios regirá 90 días después de su publicación.
Entre los fundamentos, Martinez expone que “los trabajadores de este sector no cuentan con protección por parte del Estado” y no gozan con distintos derechos provistos por la Constitución. “Somos conscientes de que hace años se está gestando un proceso global de transformación del mundo del trabajo”, agrega en lo que justamente aparece como la clave de esta propuesta, para la que todavía no hubo reacciones públicas de las firmas y trabajadores involucrados. Se abren las alarmas, entonces, para un proyecto que recién inició su debate en el país.