?Spotlight | Costa Rica | El gobierno impulsa ¿innecesario? proyecto de ley de alfabetización digital

Reflector anaranjado

El gobierno de Costa Rica impulsa el proyecto de ley Programa Nacional de Alfabetización Digital (PNAD), cuyos objetivos son brindar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y reducir la brecha digital. El PNAD incluye la infraestructura necesaria, el servicio de conectividad, el equipamiento y el material didáctico requerido.

El proyecto contempla la inclusión del programa de Alfabetización Digital en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y otorgarle financiamiento permanente con presupuesto del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Por ello, plantea trasladar recursos del Fonatel al Ministerio de Educación (MEP),para acortar la brecha de acceso entre la población estudiantil.

Algunos proyectos como Hogares Conectados y Espacios Públicos Conectados que actualmente ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), se trasladarían al MEP. Estos programas y proyectos se financian mediante el pago que realizan los operadores que se destina al Fonatel, tal como lo establece la Ley General de Telecomunicaciones de 2008.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) ha manifestado que no hace falta una nueva legislación, sino voluntad política del ente rector para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

El proyecto, que corresponde al expediente legislativo No. 22-206, fue propuesto por la diputada Yorleni León y cuenta con el respaldo del presidente Carlos Alvarado Quesada. Con él, el gobierno busca adecuar el sistema educativo a las circunstancias actuales, impuestas por la pandemia de Covid-19. Por ello, el mayor impacto de esta ley sería la disminución de la brecha digital que existe en Costa Rica, principalmente entre la población escolar.

El miércoles 10 de marzo, la contralora General de la República, Marta Acosta, criticó fuertemente el proyecto. En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, destacó como principales defectos la falta de claridad sobre el costo de oportunidad y el impacto de la iniciativa y la duplicación de funciones con la Sutel.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que congrega a los principales operadores de telecomunicaciones en Costa Rica, también ha externado su desacuerdo. Ha manifestado que no hace falta una nueva legislación, sino voluntad política del ente rector para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

El presidente de Infocom, Mario Montero, explicó que le corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones (Micitt) diseñar políticas públicas en materia de apropiación digital y ejecutarlas a través del Fonatel, para lo que no se requiere una nueva ley.

Mientras que la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, ha respaldado a la diputada León y defendido públicamente su propuesta, pues considera necesario integrar la alfabetización digital al modelo educativo y cree que el proyecto fortalecerá la rectoría del Micitt, al propiciar un extenso diálogo y análisis conjunto con el MEP y la Sutel.

Por lo pronto, queda esperar para ver si el proyecto finalmente se aprueba en la Asamblea pese a la reticencia de los representantes de la industria y algunos órganos costarricenses.

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